El Ayuntamiento de Madrid, liderado por Manuela Carmena, ha adjudicado un contrato a Alcor Seguridad para prestar servicios de “protección y seguridad” en las festividades de San Isidro 2017.
Se trata de una compañía calificada despectivamente por los sindicatos como “empresa pirata”, sociedades mercantiles especializadas es conseguir concursos públicos a precios muy ajustados “a costa de los empleados”.
Alcor Seguridad se descolgó del convenio estatal en 2013 para recortar salarios y, además, se caracteriza, según denuncian los representantes de los trabajadores, por no estar al corriente con las cotizaciones a la Seguridad Social. Madrid Destino, el portal del Ayuntamiento de Madrid responsable de las licitaciones y adjudicaciones, ha encargado “la seguridad y la protección” con motivo de las fiestas de San Isidro 2017 a Alcor Seguridad.
Se trata de un contrato de 53.180 euros adjudicado por el Consistorio de Manuela Carmen el pasado 24 de abril y formalizado el 3 de mayo. Dará servicio de seguridad en todas las zonas en las cuales se van a desarrollar los festejos del patrón de Madrid durante todo el fin de semana y usará alrededor de 70 vigilantes que darán servicios diurnos, nocturnos y 24 horas. Alcor cubrirá la seguridad hasta el 16 de mayo de Puerta del Ángel, Las Vistillas, la Plaza Mayor, la Pradera de San Isidro y el parque de El Buen Retiro. Alcor Seguridad es una compañía de vigilancia privada con sede en Monforte de Lemos, Lugo, nacida en 2009.
Es conocida en el sector de la vigilancia privada por hacerse con concursos públicos a precios muy ajustados “a costa de la precarización de los trabajadores”.
En 2013 la compañía gallega dejó de lado el convenio estatal del sector para aplicar sus propias reglas del juego, algo que permite la reforma laboral vigente. A raíz de esta práctica, Alcor Seguridad pertenece al colectivo de las calificadas con tono despectivo por las agrupaciones laborales como “empresas pirata” o “mercantiles pirata”.
La parte social advierte que estas empresas “no cumplen con la legalidad, pagan salarios bajos y lo hacen tarde”. Además, añaden que, en muchos casos, “defraudan a la Hacienda Pública”. El ‘modus operandi’, según explican a este periódico los sindicatos, siempre es el mismo: ampliación de la jornada anual/mensual por encima del convenio y salarios que no llegan a los 1.000 euros. “Imagina lo que es este sueldo para una familia”, vienen al sector a “romper los precios” para llevarse los grandes concursos.
Las mismas fuentes señalan que las Administraciones Públicas son conscientes de estas prácticas, “no es cuestión de ignorancia, saben perfectamente que son empresas problemáticas y que faltan a sus obligaciones con la Seguridad Social”. En el caso de Alcor Seguridad, el encargado de la seguridad de San Isidro 2017, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Monforte de Lemos investiga a los directivos de la compañía gallega por delitos de blanqueo y fraude a la Seguridad.
Creen que darles estos contratos, a sabiendas de su modo de proceder, es “un atentado contra los propios ciudadanos y contra sus propios intereses porque, es verdad que se ahorran con la adjudicación más competitiva, pero el coste no retorna a la Administración porque faltan al pago de las cotizaciones sociales”.
Los sindicatos explican que, además de un atentado contra los derechos de los trabajadores, empresas como Alcor Comunicación incurren en un claro delito de competencia desleal. “Se presentan a los concursos públicos con precios muy ajustados, rebajan la oferta pero a costa de los empleados”, aseguran. “Siempre van un paso más allá” aseguran, “tienen la capacidad de ganar las licitaciones de las Administraciones Públicas ya que sus costes de personal son bajos al no respetar el convenio estatal e impiden competir al resto de empresas del sector“.
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