Desde que el Gobierno de España aprobó la última reforma laboral, dando prioridad a los convenios de empresa respecto a los de ámbito nacional, la patronal de la seguridad privada quedó dividida en dos partes bien definidas: aquellas que cumplían con el convenio nacional y las que no lo hacían creando su propio convenio de empresa, con unas condiciones laborales a la baja.
Desde entonces vienen operando una serie de empresas que exprimiendo al máximo lo peor de la normativa laboral se han instalando en el sector de la seguridad privada, ganando concurso tras concurso con unas condiciones claramente ventajistas y fomentando una escandalosa competencia desleal con respecto a las empresas que se han mantenido en el convenio colectivo y que aplican a sus trabajadores esta norma. Este fenómeno, con una reconocida mala reputación entre los asalariados del sector, se han ganado a pulso la denominación de "empresas piratas" por aplicar unas condiciones laborales que rayan la esclavitud laboral, con una diferencia salarial de alrededor de un 30 por ciento con respecto a la que cumplen con el convenio nacional.
Son un ramillete de empresas basura que se han ido haciendo con una parte bastante considerable del pastel de la seguridad privada, y lo han conseguido gracias a la complicidad y el beneplácito de las distintas administraciones públicas, justificando estas adjudicaciones bajo la argumentación de que cumplen con la legislación vigente. Por lo visto, eso de fomentar la explotación laboral, la precariedad y todo tipo de condiciones indecentes, no suponen ningún tipo de problema ni les crea ningún cargo de conciencia a nuestros gobernantes, que con tal de ahorrarse unos euros son capaces de firmar contratos con una mano y taparse la nariz con la otra.
Hasta ahora, cualquier trabajador empleado en este sector conocía sobradamente los nombres de estas empresas que están instaladas en las cloaclas de la seguridad privada, igual que se reconocía a las que cumplían con el convenio nacional, con una normativa de mínimos, una verdadera linea roja que separa dos formas de entender el negocio de la seguridad privada, la primera basada en la explotación y con condiciones infrahumanas y la otra donde se trata de considerar al vigilante de seguridad como elemento fundamental de un buen servicio a prestar, garantizando que las condiciones laborales y económicas del personal operativo cumplen con unos estándares mínimos de trabajo digno.
Y decimos hasta ahora porque, lamentablemente, la tendencia de las empresas buenas es la de acercarse peligrosamente a las aguas turbias de las cloaclas y beber de ellas, en vez de defender con uñas y dientes su formato empresarial, que ahí siempre han tenido y tendrán el apoyo del movimiento sindical. Quieren imponer a todo el sector un modelo de negocio "a lo low cost" con unas condiciones laborales que traen consigo la denominada "pobreza laboral" es decir, unas condiciones tan precarias que no garantizan un salario digno ni cubrir mínimamente el sustento familiar.
La propuesta de las patronales representadas en la mesa de negociación colectiva estatal es la de mirarse en el espejo de las empresas piratas y competir con ellas en igualdad de condiciones, para así recuperar parte del terreno perdido. Para ello, quieren elevar y flexibilizar la jornada laboral, eliminar la antigüedad para las nuevas contrataciones y congelar las actuales, congelar salarios, eliminar o adaptar a la baja los pluses, las categorías, los descansos, etc.
Toda esta situación, requiere que el movimiento sindical aúne esfuerzos para combatir este auténtico de tsunami de empobrecimiento que nos quieren imponer. No se puede consentir que auténticos agentes de seguridad privada, trabajando codo con codo con la seguridad pública, y asumiendo cada vez más competencia (ver Ley 5/2014 de seguridad privada y ver el inminente reglamento a aprobar) se lleven a su casa un salario que apenas llega a los 800 euros. Y todo ello además sin arreglar los grandes males que soporta nuestra profesión, con una desprotección y una peligrosidad nadie quiere reconocer.
La patronal de la seguridad privada quiere convertir el sector en un servicio a lo "Low Cost" y así lo ha propuesto sin ningún tipo de complejos en la negociación del nuevo convenio colectivo. Los compañeros de la parte social se han negado en redondo a contemplar este disparate de propuesta. Sabemos que este tipo de negociación tiene su escenificación y su tira y afloja, y que seguramente ambas partes están tirando de postureo para probar al contrincante. Por el bien de todos, esperemos que se imponga la cordura y que no se firme ningún acuerdo que empeore las condiciones recogidas en el actual marco. Y mientras tanto, a seguir luchando por erradicar de nuestra profesión a las empresas piratas.
Desde entonces vienen operando una serie de empresas que exprimiendo al máximo lo peor de la normativa laboral se han instalando en el sector de la seguridad privada, ganando concurso tras concurso con unas condiciones claramente ventajistas y fomentando una escandalosa competencia desleal con respecto a las empresas que se han mantenido en el convenio colectivo y que aplican a sus trabajadores esta norma. Este fenómeno, con una reconocida mala reputación entre los asalariados del sector, se han ganado a pulso la denominación de "empresas piratas" por aplicar unas condiciones laborales que rayan la esclavitud laboral, con una diferencia salarial de alrededor de un 30 por ciento con respecto a la que cumplen con el convenio nacional.
Son un ramillete de empresas basura que se han ido haciendo con una parte bastante considerable del pastel de la seguridad privada, y lo han conseguido gracias a la complicidad y el beneplácito de las distintas administraciones públicas, justificando estas adjudicaciones bajo la argumentación de que cumplen con la legislación vigente. Por lo visto, eso de fomentar la explotación laboral, la precariedad y todo tipo de condiciones indecentes, no suponen ningún tipo de problema ni les crea ningún cargo de conciencia a nuestros gobernantes, que con tal de ahorrarse unos euros son capaces de firmar contratos con una mano y taparse la nariz con la otra.
Hasta ahora, cualquier trabajador empleado en este sector conocía sobradamente los nombres de estas empresas que están instaladas en las cloaclas de la seguridad privada, igual que se reconocía a las que cumplían con el convenio nacional, con una normativa de mínimos, una verdadera linea roja que separa dos formas de entender el negocio de la seguridad privada, la primera basada en la explotación y con condiciones infrahumanas y la otra donde se trata de considerar al vigilante de seguridad como elemento fundamental de un buen servicio a prestar, garantizando que las condiciones laborales y económicas del personal operativo cumplen con unos estándares mínimos de trabajo digno.
Y decimos hasta ahora porque, lamentablemente, la tendencia de las empresas buenas es la de acercarse peligrosamente a las aguas turbias de las cloaclas y beber de ellas, en vez de defender con uñas y dientes su formato empresarial, que ahí siempre han tenido y tendrán el apoyo del movimiento sindical. Quieren imponer a todo el sector un modelo de negocio "a lo low cost" con unas condiciones laborales que traen consigo la denominada "pobreza laboral" es decir, unas condiciones tan precarias que no garantizan un salario digno ni cubrir mínimamente el sustento familiar.
La propuesta de las patronales representadas en la mesa de negociación colectiva estatal es la de mirarse en el espejo de las empresas piratas y competir con ellas en igualdad de condiciones, para así recuperar parte del terreno perdido. Para ello, quieren elevar y flexibilizar la jornada laboral, eliminar la antigüedad para las nuevas contrataciones y congelar las actuales, congelar salarios, eliminar o adaptar a la baja los pluses, las categorías, los descansos, etc.
Toda esta situación, requiere que el movimiento sindical aúne esfuerzos para combatir este auténtico de tsunami de empobrecimiento que nos quieren imponer. No se puede consentir que auténticos agentes de seguridad privada, trabajando codo con codo con la seguridad pública, y asumiendo cada vez más competencia (ver Ley 5/2014 de seguridad privada y ver el inminente reglamento a aprobar) se lleven a su casa un salario que apenas llega a los 800 euros. Y todo ello además sin arreglar los grandes males que soporta nuestra profesión, con una desprotección y una peligrosidad nadie quiere reconocer.
La patronal de la seguridad privada quiere convertir el sector en un servicio a lo "Low Cost" y así lo ha propuesto sin ningún tipo de complejos en la negociación del nuevo convenio colectivo. Los compañeros de la parte social se han negado en redondo a contemplar este disparate de propuesta. Sabemos que este tipo de negociación tiene su escenificación y su tira y afloja, y que seguramente ambas partes están tirando de postureo para probar al contrincante. Por el bien de todos, esperemos que se imponga la cordura y que no se firme ningún acuerdo que empeore las condiciones recogidas en el actual marco. Y mientras tanto, a seguir luchando por erradicar de nuestra profesión a las empresas piratas.
¡¡¡Unidad y Acción para luchar por unas condiciones Dignas y Decentes para los asalariados de la seguridad privada!!!
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