Se trata de un negocio de 500 millones de euros.
Aproser, la patronal controlada por Prosegur, Hacienda, Empleo y las fuerzas sindicales han iniciado las reuniones para evitar más conflictos como los de El Prat (Eulen) y Defensa (Marsegur).
Las huelgas de vigilantes de seguridad por impagos de sueldos que han provocado el colapso en el aeropuerto de El Prat este verano (vigilantes de Eulen) o en el Ministerio de Defensa la semana pasada (Marsegur) podrían tener los días contados. Al menos, este es el objetivo de las reuniones que tras el colapso en las instalaciones de AENA han realizado representantes del Ministerio de Hacienda, de Empleo, de la patronal controlada por Prosegur y Securitas (Aproser) y de los sindicatos.
Según ha podido saber este diario de fuentes de empresariales, el objetivo es acabar con los "entre 400 y 500 millones de euros" de concursos públicos que se han llevado en los últimos años compañías que las grandes (también otras como Ombuds, que aún no está en Aproser pese a ser la tercera compañía del sector) califican como "piratas" y que están lideradas por Marsegur, Sinergias de Seguridad, Sureste y otras compañías que optan por hacer descuelgues de convenio. Esto es, ofrecer en los concursos públicos bajas de hasta un 30% al presupuesto de licitación, para posteriormente salirse del convenio general del sector y bajar sueldos a sus trabajadores para poder afrontar.
La administración hasta ahora ha colaborado en estas prácticas, primero permitiendo los descuelgues en la reforma laboral de 2012, y luego teniendo como valoración objetiva para sus adjudicaciones sólo el precio. Así ha pasado durante los últimos años con muchas compañías que han acabado dando problemas y cuyos convenios de empresa han sido recurridos y anulados.
En realidad, desde las empresas y los sindicatos se tiene claro que en caso de que esta práctica se elimine en la administración, la razón de ser de las empresas de bajo coste dejarán de existir.
En los pliegos públicos de condiciones para licitaciones de servicios de seguridad privada, la oferta económica podría llegara importar hasta un 70% en el total y los criterios técnicos un 30%. Con estas condiciones era posible adjudicar a ofertas temerarias que luego incumplían sus compromisos, o bien bajaban los sueldos a los trabajadores provocando movilidad laboral, imposibilidad de atender a las bajas y sustituciones y afectando al servicio. Los sindicatos manejan ahora propuestas para la administración que hablarían de ofertas de 50-50% o incluso inferiores.
El propio Ejecutivo, una vez pasados los peores años de crisis económica y de caída de ingresos, está convencido de que la inercia debe cambiar y también de que el modelo de licitaciones a la baja les ha dejado con una enorme deuda de empresas de seguridad privada tanto para Hacienda como para la Seguridad Social. En la última lista de morosos publicada por el ministerio de Cristóbal Montoro, las empresas de seguridad privada debían más de 130 millones de euros al fisco.
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