Seguridad Integral Canaria ha presentado hoy voluntariamente concurso de acreedores para poder afrontar el pago de los salarios de sus trabajadores de la manera más inmediata posible. La empresa recurre a esta fórmula para desbloquear los embargos de sus cuentas corrientes, que impiden el normal funcionamiento.
Así lo ha anunciado la compañía propiedad del empresario y también presidente de la UD Las Palmas, Miguel Angel Ramírez. Seguridad Integral Canaria asegura que el bloqueo de las cuentas en los últimos meses proviene de una demanda de algunos sindicatos y trabajadores que no entendieron la realidad de la empresa exigiendo el abono total de las diferencias salariales, debido a una sentencia que anula el convenio que la empresa aplicó, pactado con los representantes mayoritarios de los trabajadores, conforme a la reforma laboral de 2012.
Además añade que ese bloqueo por parte de sindicatos alineados con intereses de empresas competidoras imposibilitó atender los pagos a Seguridad Social y Hacienda, que, a su vez, reclamaron embargos.
Ante esa situación, la única herramienta legal que entendemos puede restablecer el normal funcionamiento de la empresa es el concurso de acreedores con la intención de no dejar deuda alguna en línea con la historia de la empresa, que en sus 22 años de existencia ha venido afrontando sin problemas sus obligaciones.
Tal es la convicción de Seguridad Integral Canaria en su solvencia, basada en que su activo es netamente superior a su pasivo, que la intención no es solicitar quita alguna, pese a que la ley lo permite, sino adaptar los pagos a la liquidez de la compañía, según un calendario que garantizaría la viabilidad de la empresa y el cobro por parte de los acreedores. La empresa toma esta decisión con la vocación de seguir ofreciendo sus servicios con normalidad.
La empresa admite que las dificultades que sufre en una crisis económica general reflejada en contratos de las administraciones públicas con presupuestos a la baja, la crisis particular del sector de la seguridad privada que ha supuesto la liquidación de decenas de empresas con pérdida de puestos de trabajo y graves conflictos en otras empresas que prestan sus servicios en diferentes aeropuertos de la Península, así como la desactivación judicial de la reforma laboral de 2012, con sucesivas y múltiples sentencias en contra de convenios de empresa previstos en esa ley.
Desde Seguridad Integral Canaria lamentan profundamente los perjuicios que esta situación ha causado sobre todo a los trabajadores, a los que queremos pedir perdón públicamente, y esperamos poder compensarles. Al mismo tiempo, lamentan que la intransigencia de algunos sindicatos haya provocado el bloqueo de nuestras cuentas al exigir el abono inmediato de los atrasos por diferencias salariales respecto al convenio sectorial, lo que nos ha imposibilitado cumplir con los pagos a la Seguridad Social y Hacienda, que, a su vez, también han ejecutado un bloqueo bancario, todo lo cual nos ha abocado a recurrir al concurso de acreedores.
Por último, la compañía de seguridad privada ha mostrado su agradecimiento a los proveedores que estuvieron a nuestro lado en los momentos buenos, a su comprensión en estos delicados momentos, y esperamos que sigan estando cuando ya se atisba una solución para la continuidad de la empresa de manera solvente y el mantenimiento de los puestos de trabajo.
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