Interior aplaza el fin de la vigilancia privada en las cárceles por falta de policías
El Consejo de Ministros acuerda licitar un nuevo contrato de 64 millones de euros por dos años para contratar cerca de mil guardias de seguridad para las prisiones
El Consejo de Ministros acordó ayer licitar la renovación del contrato por el que, desde 2013, cuando gobernaba el PP, se privatizó parte de la seguridad exterior de las cárceles. Serán 64 millones de euros, IVA no incluido, para contratar durante dos años cerca de mil vigilantes para las 68 cárceles dependientes del Ministerio del Interior. El Gobierno aspiraba a eliminar progresivamente este despliegue y volver a la situación anterior, cuando esta labor era exclusiva de policías y guardias civiles, pero el déficit de agentes lo ha impedido, admite Interior.
En la actualidad, Interior tiene destinados a proteger las cárceles a 3.643 agentes de la Guardia Civil —1.500 de ellos dedicados a realizar traslados de presos entre cárceles o a los juzgados y hospitales, las llamadas conducciones— y 215 de la Policía Nacional, además de 23.000 funcionarios de prisiones que se encargan de la seguridad interior de los centros penitenciarios. Junto a ellos, y siempre bajo la supervisión y dirección de los responsables policiales de la seguridad exterior, trabajan desde hace casi cinco años 937 vigilantes privados, que se encargan de cubrir los diferentes turnos de 210 puestos de trabajo. La función de estos últimos se limita a la seguridad de los puntos de acceso a las prisiones y la observación de las imágenes que facilitan las cámaras de videovigilancia del perímetro exterior.
UNA EMPRESA EN CONCURSO DE ACREEDORES
El acuerdo del Consejo de Ministros para licitar el contrato de la seguridad privada de las cárceles se produce en un momento especialmente sensible para una de las firmas adjudicatarias. Ombuds, la empresa que se hizo con uno de los lotes del último concurso —que incluía las siete cárceles madrileñas, las de Castilla-La Mancha y Cáceres— declaró recientemente concurso de acreedores y algunos de sus vigilantes dejaron de acudir a sus puestos los últimos días de julio al no tener asegurado que les pagasen las horas extra. La Guardia Civil tuvo que enviar de urgencia a agentes para reemplazarles.
La situación creada ha sido denunciada por los sindicatos de prisiones y por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC). Un portavoz de Acaip-UGT, mayoritario entre los trabajadores penitenciarios, la califica de “extremadamente preocupante”. Los representantes de los agentes también critican lo ocurrido. Interior, sin embargo, rebaja la incidencia del problema y asegura que “no afectó de manera significativa” a los centros implicados, ya que las ausencias se cubrieron rápidamente con guardias civiles.
FUENTE . https://elpais.com/
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