Protección de Datos multa a Eroski con 150.000 euros por la difusión del vídeo de las cremas de Cifuentes
La sanción se desgrana en 100.000 euros por infringir el artículo 9 de la Ley de Protección de Datos y otros 50.000 euros por incumplir el artículo 4.1 de la citada legislación
La Agencia Española de Protección de Datos ha multado con 150.000 euros a la cadena de supermercados Eroski por la difusión del vídeo de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, con dos botes de crema dentro de su bolso en uno de sus centros comerciales en Vallecas.
El escrito de Protección de Datos muestra que el día 25 de abril de 2018 la directora de la agencia "acuerda iniciar" un proceso de investigación por la publicación del vídeo "en diferentes medios de comunicación". Un vídeo que proviene de "las grabaciones registradas por el sistema de videovigilancia instalado en un establecimiento comercial de la cadena de supermercados Eroski" y cuya difusión ha devenido en la citada sanción económica.
La cifra de 150.000 euros de sanción se desglosa en dos conceptos distintos, según la resolución de la Agencia de Protección de Datos: una primera cantidad de 100.000 euros por infringir el artículo 9 de la Ley de Protección de Datos y una segunda de 50.000 euros por incumplir el artículo 4.1 de la citada legislación.
Protección de Datos alega en su escrito que "la mayoría de las fotografías proceden de grabaciones de un sistema de videovigilancia, y se incluyen entre otras, personas sospechosas de hurto" y que la intención con la que se llevó a cabo la "deliberada recopilación" de esas imágenes era que fueran "expuestas para su visionado habitual aunque la denunciada tiene interés en desplegar funciones de seguridad sobre los bienes del recinto del que es titular".
La cadena de supermercados ha anunciado que recurrirá la decisión porque ha cumplido "escrupulosamente" su protocolo de seguridad "conforme al marco legislativo vigente en 2011", a través de un comunicado que recoge Europa Press.
En su escrito, Eroski señala que las cámaras de vídeo con las que se grabó a Cifuentes estaban subcontratadas a un tercero "con acceso autorizado a las grabaciones, en virtud del contrato de prestación de servicios que regulaba la relación como encargado de tratamiento de los datos".
El vídeo, que se dio a conocer el 25 de abril de 2018 y que se remite al mes de mayo de 2011, mostraba a la entonces presidente junto a un vigilante en un cuarto tras supuestamente haber sustraído los productos y fue el desencadenante último de la dimisión de Cristina Cifuentes después de conocerse las irregularidades en su máster en la Universidad Rey Juan Carlos.
La cifra de 150.000 euros de sanción se desglosa en dos conceptos distintos, según la resolución de la Agencia de Protección de Datos: una primera cantidad de 100.000 euros por infringir el artículo 9 de la Ley de Protección de Datos y una segunda de 50.000 euros por incumplir el artículo 4.1 de la citada legislación.
Protección de Datos alega en su escrito que "la mayoría de las fotografías proceden de grabaciones de un sistema de videovigilancia, y se incluyen entre otras, personas sospechosas de hurto" y que la intención con la que se llevó a cabo la "deliberada recopilación" de esas imágenes era que fueran "expuestas para su visionado habitual aunque la denunciada tiene interés en desplegar funciones de seguridad sobre los bienes del recinto del que es titular".
La cadena de supermercados ha anunciado que recurrirá la decisión porque ha cumplido "escrupulosamente" su protocolo de seguridad "conforme al marco legislativo vigente en 2011", a través de un comunicado que recoge Europa Press.
En su escrito, Eroski señala que las cámaras de vídeo con las que se grabó a Cifuentes estaban subcontratadas a un tercero "con acceso autorizado a las grabaciones, en virtud del contrato de prestación de servicios que regulaba la relación como encargado de tratamiento de los datos".
El vídeo, que se dio a conocer el 25 de abril de 2018 y que se remite al mes de mayo de 2011, mostraba a la entonces presidente junto a un vigilante en un cuarto tras supuestamente haber sustraído los productos y fue el desencadenante último de la dimisión de Cristina Cifuentes después de conocerse las irregularidades en su máster en la Universidad Rey Juan Carlos.
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