En estos días convulsos en los que la población de Catalunya vive dividida entre los partidarios del llamado “procés” y la llamada mayoría silenciosa que de lo único que es partidaria es de continuar con su vida con la mayor normalidad posible, vemos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en una situación como mínimo comprometida y rozando lo asfixiante, debido en gran parte a que por un lado los políticos independentistas continuamente usan palabras como brutalidad policial y represión, y los políticos llamados unionistas, con las elecciones del próximo 10 de noviembre sobrevolando sus cabezas, no se atreven a mostrar de manera conjunta su apoyo a policía, hasta el punto incluso de preferir no movilizar a los GRS con tal de evitar la foto de la Guardia Civil haciendo frente a los radicales independentistas.
Luego están los “eternos olvidados”. Ese frágil y eternamente desprotegido y maltratado colectivo que engloba la seguridad privada y en especial a los vigilantes de seguridad.
En cada sabotaje a las líneas de Renfe, en cada asedio a locales comerciales para forzar los cierres por la mal llamada vaga general el pasado 18 de octubre, en el metro, en las estaciones, en los locales de ocio nocturno se encuentra algún vigilante de seguridad prestando servicio y posiblemente desprotegido.
El pasado 28 de octubre pudimos ver las imágenes del intento de cortar el acceso a la estación de Sants en Barcelona, y era como mínimo chocante, la imagen de la gente increpando y provocando a los Mossos d’Esquadra y en segunda línea de intervención a los vigilantes de seguridad.
Según relata el Preámbulo I de la ley de seguridad privada de 5/2014 del 4 de abril del 2014, indica que:
Cada vez más, la seguridad privada se considera una parte indispensable del conjunto de medidas destinadas a la protección de la sociedad y a la defensa de los derechos y legítimos intereses de los ciudadanos.
Ante esta afirmación sorprende ver cómo mientras los policías iban con todos los medios reglamentarios en caso de disturbios (casco, defensa larga, protecciones, escudos …) los vigilantes de seguridad iban a cuerpo descubierto, únicamente con una defensa y unos grilletes de los denominados “tipo manilla”.
Esta falta de protección se hace evidente día tras día en cualquiera de los servicios en los que la seguridad privada está presente.
Turnos de mínimo 12 horas, descansos insuficientes, imposibilidad de formar binomios para intervenciones por ahorrar costes, empresas que pagan por debajo del ya muy insuficiente convenio colectivo… y así un largo etcétera.
Se ha hecho costumbre (y ahí radica el principal problema) lo fácil y gratuito que resulta faltar el respeto a un vigilante de seguridad e incluso agredirlo.
La indefensión jurídica al no ser agente de la autoridad, así como los escasos medios de autoprotección hacen aún más vulnerable el colectivo.
Por poner solo algunos ejemplos recientes, el pasado 29 de agosto, un vigilante de seguridad salvó su vida gracias al chaleco antibalas que él mismo se tuvo que comprar al ser apuñalado por un transeúnte que le propinó un corte de profundidad de 10 cm en el chaleco.
Hablamos de un chaleco de coste 600 euros cuando el suelo de un vigilante de seguridad es de 1168,03 euros brutos al mes.
El pasado mes de septiembre otro vigilante fue apuñalado por llamar la atención a un grupo de jóvenes “grafiteros” que se disponían a pintar un tren.
Cada vez se hace más necesario la aprobación de medidas que regulen, protejan, dignifiquen y actualicen las condiciones de trabajo del personal de seguridad privada.
En el panorama actual donde la gente hace cada vez un uso más extremo de la violencia, urge tomar medidas, legislar, colaborar y sobre todo dignificar la figura del vigilante de seguridad.
El concepto de Seguridad Integral pasa indiscutiblemente por la colaboración diaria de la seguridad pública y la seguridad privada. Juntos somos más fuertes.
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