OMBUDS SE QUEDA CON TRES DE LOS CUATRO LOTES DE LA LICITACION
El
Ministerio del Interior ha vuelto a poner en manos de empresas privadas la
seguridad perimetral de las 67 cárceles españolas y lo ha hecho con un coste de
34,6 millones de euros -un 3,6% más que el año anterior- gracias a los cuales
se contratarán durante un periodo de doce meses los servicios de más de 900
vigilantes.
Con
la renovación de este servicio se da continuidad a una controvertida
experiencia que se inició en 2013 en 21 centros penitenciarios, y que en
octubre de 2014 se amplió al resto de las cárceles entre las quejas de
sindicatos policiales y de funcionarios.
Refuerzo, no sustitución
De
acuerdo con las condiciones impuestas por el Estado, a los vigilantes
corresponderá, además del mencionado control perimetral de las prisiones,
el de los acceso -que desarrollarán «con armas de fuego»-, la observación de
los circuitos cerrados de televisión y de las alarmas, incluida la
correspondiente comunicación a los responsables policiales.
Habida
cuenta de las particulares características de la prestación, el concurso se ha
ejecutado por un sistema «negociado sin publicidad» -esto es, por
invitación, a once firmas en este caso-, y la que ha resultado ganadora de
tres de los cuatro lotes en que se dividieron los centros penitenciarios
españoles ha sido Ombuds, compañía que ya se ha ocupado de la seguridad
auxiliar en ministerios como los de Defensa o el de Interior, departamento este
último al que también ha suministrado escoltas para altos cargos.
Solo
un conjunto de cárceles -Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y
Navarra- ha sido adjudicado a la unión temporal de empresas (UTE)
constituida por Coviar, Sabico y Prosetecnisa.
Entre 13,03 y 30 euros netos por hora de trabajo efectiva
La
cantidad de 34,6 millones de euros figura como la suma máxima que el
Estado pagará por los servicios recibidos, si bien el desembolso real se
calculará en función de una tabla de «precios unitarios» que prevé abonar
entre 13,03 y 30 euros netos por hora de trabajo, en función de en qué prisión
se desempeñe el puesto, si requiere o no portar armas, si necesita ser cubierto
12 o 24 horas al día o si se realiza en fines de semana.
Habida
cuenta de que el Consejo de Ministros estimó que este servicio implicará «más
de 900 puestos de trabajo», el cálculo apunta a que el coste por vigilante
que no su sueldo final estará en unos 36.000 euros al año, una cantidad que los
sindicatos denunciaron que supera lo que representa pagar a un funcionario.
Fuente: abc.es
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