martes, 30 de julio de 2019

CCOO va a continuar luchando por las familias para buscar la mejor de las salidas para la plantilla



OMBUDS comunica oficialmente su entrada en concurso de acreedores

CCOO va a continuar luchando por las familias para buscar la mejor de las salidas para la plantilla


La empresa OMBUDS anuncia su entrada en concurso de acreedores tras fracasar las conversaciones entre la Mercantil y las entidades financiaras.

Los sindicatos mayoritarios, después de apostar decididamente por el mantenimiento de los casi 8000 empleos que dependen de la mercantil, no pueden tomar otra decisión que continuar luchando por las familias que dependen de los servicios de la empresa, y buscar la mejor de las salidas para la plantilla.

Las dos centrales sindicales, durante estos días, han trasladado a responsables políticos, a los principales clientes y a las administraciones públicas, la necesidad de que se tomen medidas para asegurar que la seguridad privada se siga manteniendo con garantías de calidad, buen servicio y estabilidad en el empleo. Sin embargo, una vez más se encuentran con una situación límite que hace que el futuro de muchas familias sea incierto.

Así, inician una campaña de movilizaciones y concentraciones para exigir a todos los involucrados que paguen las nóminas y que se centren en buscar la mejor de las salidas para todas y todos los trabajadores de Ombuds. Consecuencia de ello ha sido que ya se haya pagado la nómina de muchos de los implicados. Los representantes de los trabajadores y trabajadoras no van a parar hasta que se paguen todas las deudas y la salida de toda la plantilla se haga con las mejores de las garantías.


Trabajar horas extras de forma continua eleva el riesgo de ictus, según CCOO



Un trabajador de menos de 50 años que haga jornadas de más de 10 horas diarias durante diez años tiene "un 45% más de probabilidad de sufrir un ictus", según un informe de CCOO que sitúa Madrid a la cabeza de España en horas extras no pagadas, con 2,7 millones de horas semanales, un 25% del total nacional.

Infartos, derrames, depresiones, diabetes, úlceras gástricas, además del abuso del tabaco y del alcohol, son algunos de los efectos que tienen sobre la salud la prolongación, en general forzada, de la jornada laboral, según el secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún.

"Las empresas dejan de pagar 3.221 millones de euros a la Seguridad Social con estas horas extraordinarias no retribuidas", de ahí la necesidad de "perseguir el fraude" con más inspecciones, ha dicho Cedrún en rueda de prensa.

En la Comunidad de Madrid 252.000 trabajadores soportan 10,6 horas extraordinarias semanales no retribuidas, llegando su jornada a superar las 50 horas semanales, una situación aún más grave para las mujeres al empalmar con el trabajo del hogar.

Las largas jornadas aumentan "hasta tres veces el riesgo de depresión"; producen dificultades para dormir, elevan el riesgo de sufrir diabetes II, problemas digestivos, dores musculares, además del riesgo de sufrir un accidente laboral.

Los infartos, derrames, ictus son actualmente la "primera causa de muerte" por patologías no traumáticas en el trabajo, y van al alza desde 2008: solo este año, representan un 46,7% del total, según la secretaria sindical de Salud Laboral, Carmen Mancheño.

"Las horas extras no pagadas tienen que desaparecer" y para ello hay que "triplicar los inspectores", según Cedrún para quien podría haber "una relación directa" entre ese impago y el incremento de contratos parciales en la Comunidad de Madrid.

"Se están firmando más contratos parciales y al final obligan a la gente a trabajar más horas", según el secretario que pide la plena aplicación del Registro Horario de Jornada, ya que el decreto en vigor da a la empresa "la facilidad de negociarlo con los trabajadores".

Hay que aumentar la inspección, ha concluido Cedrún, que pretende reunirse con la patronal CEIM en septiembre para tratar los resultados del informe de CCOO sobre los efectos de las largas jornadas en la salud física y psicosocial de los trabajadores. 

viernes, 26 de julio de 2019

Posibilidad de cobrar el paro tras una baja voluntaria


Posibilidad de cobrar el paro tras una baja voluntaria

Uno de los grandes problemas al abandonar la empresa mediante baja voluntaria, además de perder el derecho a una posible indemnización, es que no se puede solicitar la prestación por desempleo que se tiene generada.

Esto es así, debido a que el sistema de protección de la Seguridad Social está pensado para ayudar a los trabajadores que quieren, pero no encuentran un empleo, por lo que no se incluirían dentro de ese grupo a los que abandonan voluntariamente el que tienen.

Para ello, es decir, para poder cobrar el paro tendremos que obligatoriamente encontrar otro empleo y que éste no vuelva a acabar con otra baja voluntaria, abandono del puesto de trabajo o periodo de prueba no superado indicado por el trabajador.

Pero, la pregunta más importante es, ¿cuánto tiene que durar este nuevo contrato?

¿Qué es lo que establece la legislación?


Para tener derecho a desempleo, desde un punto de vista jurídico, se indica que el trabajador se encuentra en situación legal de desempleo. En este sentido, las causas fundamentales por las que se encuentra en situación legal de desempleo son después de un fin de contrato o de un despido, independientemente de la causa del despido.

Por otro lado, la Ley General de la Seguridad Social establece en su artículo 267.2 que:


2. No se considerará en situación legal de desempleo a los trabajadores que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando cesen voluntariamente en el trabajo, salvo lo previsto en el apartado 1.a) 5.º.

La excepción indicada en el apartado 1.a) 5.º hace referencia a la extinción de la relación laboral por modificación sustancial, movilidad geográfica, acoso labora, etc. que comentamos en este artículo de manera más amplia…

¿Cómo irse de la empresa con derecho a paro e indemnización?

Solicitar la extinción tras una modificación sustancial de las condiciones de trabajo o cambio del centro de trabajo.

Para estar en situación legal de desempleo, la legislación no específica cuando tiene que durar el siguiente contrato a una baja voluntaria, por lo que a priori, valdría cualquier tipo de contrato de cualquier duración.

Ahora bien, lo que si específica la Ley General de la Seguridad Social en el citado artículo 267 es que se estará en situación legal de desempleo, y por lo tanto con derecho a cobrar el paro, cuando la empresa indique un periodo de prueba no superado y hayan transcurrido más de tres meses desde la fecha de baja voluntaria hasta el periodo de prueba no superado.

Dicho de otro modo, es obligatorio que hayan transcurridos tres meses para tener derecho al paro (ojo no es que el contrato dure tres meses) desde la fecha de efectos de la baja voluntaria y la fecha de efectos del periodo de prueba no superado por la empresa.

La Seguridad social sólo establece un plazo cuando la extinción es por un periodo de prueba no superado, pero no para los demás casos.

Dichos tres meses muchas veces es utilizado como referencia para otras causas de extinción que sí dan derecho a desempleo, como un despido o un fin de contrato temporal, pero no es imprescindible que transcurra tanto tiempo


En definitiva, ha de quedar claro que la legislación laboral no específica cuanto tiempo se ha de trabajar, con la excepción de que la empresa indique un periodo de prueba no superado en cuyo caso siempre se tendrá derecho a desempleo si han transcurrido más de tres meses desde la fecha de efecto de la baja hasta la fecha de efectos del periodo de prueba no superado.

¿Qué es lo que dice la seguridad social?

Ante esta falta de concreción de la legislación, el SEPE analice cada caso de manera concreta para determinar si existe un fraude en el comportamiento del trabajador por el que pretende cobrar una prestación por desempleo.

Por tanto, después de una baja voluntaria, el SEPE examinará el siguiente contrato para ver si existen indicios de que el nuevo trabajo ha sido un fraude con el único propósito de cobrar la prestación por desempleo.

Por poner un ejemplo, pueden existir sospechas de fraude en los siguientes casos:

Con duración de contratos muy cortos.

Cuando el trabajador es contratado para realizar unas laborales para el que no está cualificado o nunca antes había realizado. Por ejemplo, un conductor que de repente le contrata una empresa de jardinería durante cinco días, sin tener conocimientos ni experiencia para ello.

Cuando se simula una relación laboral y no existe una verdadera prestación de servicios. Es decir, el trabajador nunca se llega a reincorporar a la empresa.

Todo este tipo de situaciones son analizados en el SEPE, y para el caso de que exista algún indicio, en ocasiones se remite a Inspección de trabajo para que investigue más a fondo el caso, llamando por teléfono incluso a la empresa implicada y al trabajador si fuera necesario.

En caso de que la inspección constate el fraude, además de la sanción a la empresa, el trabajador podrá perder la posibilidad de solicitar la prestación por desempleo, y tendrá que cotizar de nuevo el periodo mínimo exigido de 360 días para tener derecho a la prestación.

¿Qué es lo que dice la Jurisprudencia?

En primer lugar, la Jurisprudencia considera un dato objetivo y contra el que no cabe prueba en contrario, el hecho de que es obligatorio que transcurran tres meses entre una baja voluntaria y un periodo de prueba no superado indicado por la empresa. Por lo tanto, contra eso poco podemos hacer.

Así, la STSJ Madrid Sala de lo Social de 4 abril de 2019 establece que es: “una situación definida de manera objetiva por el legislador fijando los requisitos que deben concurrir para que en el supuesto que se contempla de”resolución de la relación laboral durante el período de prueba a instancia del empresario”,se considere a la persona afectada en situación legal de desempleo.”

Sin embargo, y una cuestión muy importante es que el Tribunal Supremo ha considerado en la Sentencia de cinco de marzo de 2019 que no es necesario que pasen esos tres meses en caso de que en lugar de una baja voluntaria haya existido una excedencia voluntaria.

En segundo lugar, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha Sala de lo Social de dos de febrero de 2019 estima el derecho a desempleo de un trabajador que termina el contrato por un fin de obra con una duración de un mes y tres días después de una baja voluntaria. La sentencia establece que: “El TSJ reconoce el derecho a percibir prestaciones por desempleo, tras cese voluntario en una empresa pasó a prestar servicios para otra nueva empresa con contrato temporal, cuando no existe elemento probatorio sobre actuación fraudulenta del trabajador para el cobro de prestaciones según denuncia la entidad gestora. El fraude para acceder a las prestaciones debe ser acreditado y no puede presumirse como hecho dado y supuesto a falta de prueba.”

Es importante indicar que la citada sentencia establece que, en principio, cualquier contrato posterior debería dar derecho a desempleo, y, en caso de que se considere que existe un fraude, deberá de ser acreditado por el SEPE.

¿Cómo se calcula la cuantía del paro que percibiría?
La prestación por desempleo siempre se calcula de la misma manera, esto es, cogiendo la base de los 180 últimos días cotizados. Por lo tanto, el trabajador no puede seleccionar que desempleo quiere ni que bases se cogen.

Por si existe duda, para calcular la cuantía a la que se tiene derecho, es importante aclarar que no afecta que existan días de por medio que no se haya trabajado.

Sin embargo, sí que puede afectar al tiempo que se tiene derecho a la prestación, ya que va en función del tiempo cotizado en los últimos seis años desde el momento que se solicita el paro.

jueves, 25 de julio de 2019

El heredero del trabajador tiene derecho a indemnización.

Detenidos tres hombres como presuntos autores del apuñalamiento a un vigilante de seguridad en el Corpus


Los cuatro detenidos habrían acorralado y agredido a la víctima ocasionándole una herida por arma blanca en una pierna


Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada a tres varones de entre 18 y 38 años, pertenecientes a dos clanes familiares relacionados con el tráfico de drogas, como presuntos autores de una agresión con arma blanca a un Vigilante de Seguridad ocurrida en una caseta del recinto ferial durante la celebración de las fiestas del Corpus de Granada.


La agresión se produjo sobre las cinco de la madrugada del pasado día 20 de junio en el transcurso de una intervención del Vigilante de Seguridad herido, en la que los cuatro detenidos habrían acorralado y agredido a la víctima ocasionándole una herida por arma blanca en una pierna que seccionó parcialmente la vena femoral, la arteria femoral y el nervio ciático, derivando en una parada cardiorrespiratoria. El herido fue asistido en el lugar por servicios sanitarios que seguidamente lo trasladaron de urgencia a un centro hospitalario de la ciudad en estado grave y en la actualidad se encuentra fuera de peligro.


Las detenciones tuvieron lugar en el día de ayer por agentes de Policía Nacional y a los tres varones se les supone autores de un delito de homicidio en grado de tentativa que, junto a un anterior arrestado, eran los investigados en el caso.


Las pesquisas policiales se iniciaron en el lugar del hecho y como resultado de las mismas, el día 24 se detuvo a un primer varón de 26 años como uno de los presuntos responsables, continuando hasta el día de ayer con la detención de los otros tres varones. Existen dos detenidos más como encubridores, uno de ellos menor de edad.


Los detenidos ya han pasado a disposición de la autoridad judicial en Granada quien ha decretado su ingreso en prisión.


Vigilantes de seguridad del Hospital General de Elche denuncian a Grupo EME por impago de salarios


La misma situación afecta a los trabajadores de la empresa en hospitales de Orihuela, Denia y Alcoi. (otra que sigue el mismo camino de ombuds)

Vigilantes de seguridad de los hospitales de Elche,Alcoi, Orihuela y Denia que trabajan para el grupo EME han denunciado retrasos e incumplimientos por parte de la empresa en el cobro de sus salarios. Desde su comité de empresa provincial, estos trabajadores han denunciado ante la inspección de trabajo el impago de la paga extraordinaria que debía haber sido abonada días atrás así como el retraso en el cobro de la nómina de Julio.
Son cerca de ochenta los vigilantes de seguridad afectados por esta situación que temen no pueda resolverse antes de que en septiembre otra empresa se haga cargo de este servicio al terminar el contrato que GRUPO EME tiene con la Consellería de Sanidad.
Los vigilantes de seguridad de estos hospitales han anunciado que continuarán con sus denuncias ante la inspección de trabajo para impedir que la empresa termine su contrato con ellos sin liquidarles el mes de agosto ni el finiquito, algo que, según el convenio, es de obligado cumplimiento antes de que pasen a formar parte de la plantilla de la nueva empresa a la que la Consellería de sanidad adjudique este servicio. Así mismo han afirmado que cuentan con el apoyo de la dirección del hospital y que están seguros de que la consellería de sanidad "ha pagado en todo momento en tiempo y forma a la empresa EME".

miércoles, 24 de julio de 2019

Revocada la sanción impuesta por falta muy grave a un Vigilante de seguridad por utilizar su teléfono móvil durante un servicio aeroportuario




Revocada la sanción impuesta por falta muy grave a un Vigilante de seguridad por utilizar su teléfono móvil durante un servicio aeroportuario


El Juzgado de lo Social nº 6 de Santa Cruz de Tenerife, mediante sentencia de fecha 28 de junio de 2019 y en asunto tramitado por este Despacho de Abogados, estima la demanda interpuesta por el trabajador, vigilante de seguridad en el Aeropuerto Sur de Tenerife, y revoca la sanción impuesta por falta muy grave al trabajador de 16 días de suspensión de empleo y sueldo.


La empresa había procedido a sancionar al trabajador, supuestamente porque mientras el trabajador se encontraba llevando funciones de operador de Rx en uno de los controles del aeropuerto, usó su teléfono móvil, desatendiendo sus funciones de vigilancia de seguridad sin justificación para ello. móvil” “desatendiendo sus funciones.


La Magistrada considera que efectivamente el actor cogió el telefono móvil y su cargador, tardando en ello entre 20 o 30 segundos, mientras se encontraba llevando a cabo las funciones indicadas de control de equipaje que circula por la cinta trasportadora. Y si bien, tal conducta pudiera ser reprobada sin embargo no es constitutiva de las faltas por las que fue sancionado.


Por ello considera la Magistrada que no le falta razon al trabajador cuando alega que la sancion impuesta es desproporcionada en relacion con la conducta que se pretende castigar, por cuanto, en cualquier caso, la conducta facilmente pudo ser calificada como falta leve, en concreto la descrita en el artículo 72.4 de la norma convencional, que califica como tal “los descuidos y distracciones en la realizacion del trabajo”, que lleva aparejada amonestación verbal o por escrito, y como tal falta leve estaría prescrita.

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sábado, 20 de julio de 2019

Carrefour echa a Ombuds



Carrefour corta con Ombuds

La marca francesa de gran consumo ha informado de que rescindirá los contratos con las sociedades OmbudsSeguridad y Ombuds Servicios en España con fecha a 8 de agosto. A partir de entonces tomará el relevo otra firma que la firma está buscando mediante licitación.

Según ha podido saber este medio de fuentes cercanas al conflicto, la decisión ya está tomada por parte de la dirección de seguridad de Carrefour. Se ha informado a los equipos territoriales en toda el país y, de hecho, se ha sacado ya a concurso el contrato para gestionar la vigilancia y servicios auxiliares de la compañía en la Península.
Ombuds ultima el concurso

La decisión de Carrefour de echar a Ombuds significa dar la puntilla a la enseña de seguridad, que se prepara para entregar los libros al juzgado. La petición de concurso voluntario de acreedores se podría formalizar el lunes, según han indicado fuentes conocedoras.

Preguntado por la cuestión, la parte social ha confirmado ambas informaciones y ha agregado que está dispuesta a defender los derechos de los trabajadores de la empresa de seguridad que se han visto afectados por la situación.

No paga nóminas

Cabe recordar que Ombuds entró en barrena en junio, cuando ya no pudo pagar la nómina del mes. La gerencia de la compañía de seguridad falló también con la paga extra de julio ahogada por las dificultades financieras.

Ello ha provocado un efecto dominó que ha salpicado a infraestructuras tan importantes como la Ciudad de la Justicia de L'Hospitalet de Llobregat, Renfe o Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña (FGC). Los expertos apuntan a que la crisis se podría explicar por las bajas presupuestarias en los concursos públicos.


viernes, 19 de julio de 2019

Prosegur y el Festival Sónar se unen al Protocolo contra violencias sexuales



Barcelona, 18 jul (EFE).- La empresa de seguridad Prosegur y el Festival Sónar se han adherido este jueves al Protocolo de Seguridad contra las violencias sexuales en ambientes de ocio, impulsado por el Departamento de Interior.

Según ha informado el Govern, el gerente de Prosegur, Juan Montero, y el conseller del Interior, Miquel Buch, han oficializado esta mañana el acuerdo, que convierte a Prosegur en la primera empresa de seguridad en adherirse al Protocolo, mientras que el Sónar es el segundo Festival en aplicar esta iniciativa, después del Canet Rock.

Este acuerdo implica que un total de 180 trabajadores del Sónar, entre ellos 80 vigilantes de seguridad de Prosegur, recibirán una formación basada en dar herramientas al personal del Festival para poder intervenir, atender y actuar ante posibles casos de violencia sexual.

El objetivo de la aplicación de este Protocolo es que "ninguna conducta que atente contra la libertad y la indemnidad sexual quede impune", ha comunicado el Govern.

La iniciativa se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el pasado 11 de abril a partir de las conclusiones a las que llegó un grupo de trabajo sobre violencias sexuales que se constituyó ahora hace un año. EFE


Protesta por la precariedad de la seguridad privada


Convocadas por Comisiones Obreras, unas cincuenta personas se concentraron ayer ante la Subdelegación del Gobierno para dar visibilidad a la “precaria” situación laboral del sector de los vigilantes de seguridad en la provincia. El sindicato denunció en especial el caso de un trabajador al que su empresa (PROSEGUR) hace “mobbing” como represalia por pedir que se cumpla el convenio colectivo.

jueves, 18 de julio de 2019

Prosegur firma el protocolo de seguridad contra las violencias sexuales




Prosegur firma el protocolo de seguridad contra las violencias sexuales


Un 21% de agresiones sexuales tienen lugar en espacios de ocio, según una encuesta del Departamento de Interior. Por este motivo, el Consejero Buch y la empresa Prosegur han firmado el protocolo de seguridad contra las violencias sexuales en entornos dedicados al ocio.

La principal novedad del protocolo es que permite que los profesionales de la seguridad puedan aplicar sanciones administrativas cuando se encuentren ante conductas de acoso sexual no previstas en el Código Penal, pero que constituyan una infracción administrativa.

Con este acuerdo se pretende formar los agentes de seguridad privada para intentar prever situaciones de riesgo o de posibles agresiones. En el caso que ya hayan sucedido, se pretende que tengan los conocimientos necesarios para actuar.

Prosegur es la primera empresa privada que firma el protocolo de seguridad contra las violencias sexuales en entornos de ocio. No obstante, también lo han firmado organizaciones de festivales de música y Ayuntamientos, de cara a poder aplicar el protocolo en las fiestas populares.

miércoles, 17 de julio de 2019

Violento enfrentamiento entre carteristas y seguridad en el metro de Barcelona



UN VÍDEO GRABADO POR UN USUARIO DEL METRO MUESTRA LA BOCHORNOSA ESCENA



Nuevo episodio de enfrentamiento de los carteristas en el metro de Barcelona. Esta vez entre ladrones y personal de seguridad después que los primeros fueron pillados in fraganti robando y al ser identificados la emprendieran a golpes con el personal de seguridad del metro de Barcelona para después escapar. Un vídeo grabado por un usuario del metro muestra el forcejeo y cómo los carteristas logran huir. Los agentes llegaron a presentar parte de lesiones por los mordiscos y golpes recibidos a manos de los presuntos ladrones.
Las imágenes del altercado, que tuvo lugar el 5 de julio en la estación de Clot de la Línea 1 del metro según ha confirmado a TMB, evidencian un violento enfrentamiento entre agentes y presuntos ladrones que incluso impide que un convoy entre con normalidad a la estación. Los vigilantes del suburbano identificaban a un presunto carterista cuando otros “cuatro presuntos delincuentes se pusieron agresivos”, ha explicado a este medio la empresa de transportes.
EN LA LÍNEA 1
Mordiscos, patadas y gritos
Los ladrones, miembros de una conocida banda de carteristas de origen chileno, habrían sido pillados “in fraganti” robando, motivo por el cual se estaba procediendo a su identificación inmovilizando a uno de sus integrantes, ha detallado TMB. Pero los carteristas se resistieron de forma violenta con mordiscos, patadas y gritosante la atónita mirada de los usuarios del metro, algunos de los cuales decidieron grabar la bochornosa escena.
Tras el virulento altercado, los carteristas lograron escapar y los agentes de seguridad tuvieron que ser atendidos por las lesiones ocasionadas. Posteriormente presentaron una denuncia por lesiones. Las mismas imágenes de los usuarios se han puesto a disposición de la policía para intentar localizar a los presuntos ladrones. Hay una investigación en marcha.

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Muere el vigilante del Museo del Greco que sufrió un infarto y el desfibrilador no funcionó


Será enterrado hoy en Los Yébenes (Toledo) y la familia se está planteando llevar el asunto a la Justicia


LOS HECHOS OCURRIERON EL 30 DE JUNIO  - 17 Julio 2019 - Toledo

El vigilante de sala del Museo del Greco que sufrió un infarto el domingo 30 de junio murió el martes 16 en el hospital Virgen de la Salud, en Toledo, donde permanecía ingresado desde que ocurrieran los hechos, tal y como ha podido conocer encastillalamancha.es. Recuerden que cuando fueron a utilizar el desfibrilador no funcionó, incidente que motivó una pregunta de Izquierda Unida en el Congreso y la posterior respuesta del Museo.

El fallecido, quien responde a las iniciales C.H., de 60 años, será enterrado hoy en la localidad de Los Yébenes, en la provincia de Toledo. Este periódico ha conocido que su familia podría llevar el caso a los Tribunales de Justicia para que se depuren responsabilidades tras no poderse haber utilizado el desfibrilador.


Ese día, el desfibrilador que hay en el Museo del Greco no funcionó
El suceso tuvo lugar poco antes de las 10 de la mañana del 30 de junio y el Museo del Greco señaló, en un comunicado que hizo público el viernes 12 de julio, que el hecho de que el desfibrilador no funcionara no era responsabilidad de la institución, sino que su mantenimiento le correspondía “a la empresa de seguridad”.

Aseguraban que el desfibrilador que se utilizó es propiedad de la empresa adjudicataria del contrato de seguridad y que estaba ubicado en la sala del control de seguridad, solo accesible para el personal de esta empresa. Y que el museo, de titularidad estatal, no era responsable del desfibrilador ni existía ningún tipo de señalización en las áreas públicas.

Y que después del incidente el trabajador fue trasladado al hospital de Toledo, “por lo que se cumplieron los protocolos establecidos para estos casos”. Suceso que tuvo lugar antes de la apertura del museo y en festivo, “cuando no se exige la presencia de un conservador en el centro, que solo debe permanecer en guardia localizada por teléfono, como así sucedió”.

En cualquier caso, en el mismo comunicado la Subdirección General de Museos Estatales se ha comprometido a garantizar la instalación de desfibriladores y su correcto funcionamiento en todos sus centros, incluso cuando la legislación autonómica no lo exige, como es el caso de Castilla-La Mancha, donde se encuentra el Museo del Greco.

Por lo que se está iniciando la tramitación de un expediente de contratación para disponer de estos equipos y de personal formado en su uso en todos los museos gestionados por la Subdirección.

En concreto, en la ciudad de Toledo se encuentran el Museo del Greco y el Museo Sefardí.

Acompañamos en el dolor a su familia, amigos y compañeros.


sábado, 13 de julio de 2019

Los vigilantes de seguridad exigen a Ombuds que renuncie a sus contratos


Los vigilantes de seguridad exigen a Ombuds que renuncie a sus contratos
Los trabajadores de FGC, Renfe y la Ciutat de la Justícia piden a la familia Cortina que reconozcan la situación económica de la empresa


La familia Cortina, propietaria de la empresa de seguridad privada Ombuds, dispone de poco más de cuatro días par decidir si renuncia a sus contratos de servicios que tiene en Cataluña. Esta ha sido la reclamación que los trabajadores de este sector, le han hecho llegar en los actos de mediación que la Generalitat ha activado para intentar atajar la crisis laboral que se ha generado tras la declaración del preconcurso de acreedores en el grupo.

Unos 300 vigilantes catalanes se han quedado sin cobrar la nómina de junio, ya que la compañía alegó que no disponía de los fondos necesarios para retribuir a sus 8.000 empleados. Este viernes los impagos con los trabajadores irán a más. La empresa tampoco podrá abonar la paga extraordinaria y crecerá el nerviosismo sobre el futuro de la plantilla.
Concesión de servicios públicos

Por este motivo, se pide a los Cortina que hagan un ejercicio de realismo y acepten la situación. El sindicato que está presente en la negociación señala que el grueso de los contratos que tienen en Cataluña los han conseguido en procesos de concurrencia pública, por lo que podrían rescatar los empleos si se renunciara a su prestación.

Hay varios escenarios posibles, desde que el adjudicatario asumiera de forma directa el servicio a que activase una nueva licitación por la vía de la urgencia o que se adjudicara a la segunda oferta de las que se habían presentado en su día. El requisito que se defiende como indispensable es el de la subrogación de los trabajadores. Se reconoce que si se prolonga la situación actual los vigilantes sólo acumularán más monto de deuda de una empresa en la que tienen poca confianza de que se pueda recuperar.

Huelga indefinida

Todo ello, con la amenaza de que el próximo 16 de julio se iniciará una huelga indefinida para denunciar la situación. Los dueños de Ombdus Seguridad piden a los trabajadores más tiempo. Como mínimo, hasta finales del mes en curso. Han explicado que cuentan con una inversor que les habría mostrado su interés en dar el balón de oxígeno económico que requiere el negocio aunque la operación aún no estaría cerrada.

Ya explicaron en su día que la declaración del preconcurso de acreedores voluntario el pasado 30 de junio estuvo motivado porque la banca con la que trabajaban les había cerrado “de forma inesperada” las líneas de financiación comercial con las que operaban, el factoring. Con todo, sus problemas económicos se remontan en el tiempo e incluso debe dinero a la Agencia Tributaria (41,5 millones).


Acuerdo con CCOO y UGT

Sí que han conseguido firmar un pacto con CCOO y UGT en el que se comprometen a abonar las nóminas que aún no han sido satisfechas, las del grueso de su plantilla, antes del 21 de julio y la paga de verano.

La propuesta que está sobre la mesa es la de posponer el inicio de las protestas hasta el 22 o el 23 de julio, dan una semana más de plazo a los Cortina para conseguir la ansiada inyección de fondos. Eso sí, la contrapartida es la renuncia de los dos principales contratos en Cataluña, los servicios de vigilancia en la línea de Llobregat-Anoia de FGC y la de la Ciutat de la Justicia.


Servicios mínimos

Este viernes se verán de nuevo las caras en el Departamento de Trabajo de la Generalitat, donde está convocado el segundo encuentro de mediación. Allí también se plantearán de nuevo la necesidad de determinar unos servicios mínimos por la singularidad del trabajo que realizan.

En FGC, donde ya se han iniciado las protestas a través de un aluvión de bajas laborales, son los Mossos d’Esquadra los que refuerzan la vigilancia en los trenes en los turnos en los que no hay suficiente personal. Desde la Ciutat de la Justícia se pide una solución al conflicto laboral e, igual que en la empresa pública, se le ha requerido a Ombdus que garantice que se prestará el servicio. Si no lo hace, se dejaría la puerta abierta a la resolución del contrato.

Ombdus también se encarga de los vigilantes de seguridad privada de las líneas de Renfe en todo el país y de la vigilancia del centro comercial Carrefour 

Un empleado cesado de forma improcedente tiene derecho a las vacaciones que no disfrutó






El trabajador readmitido tras un despido improcedente tiene derecho a disfrutar de los días de vacaciones que le correspondan por el periodo de inactividad.



Así lo confirma el Tribunal Supremo (TS) en una sentencia (cuyo texto íntegro puede consultar aquí) en la que unifica doctrina y califica el lapso de tiempo desde el cese hasta la readmisión como “tiempo de actividad laboral”.

Para el Supremo, ese periodo debe entenderse como tiempo efectivo de trabajo con todos los efectos que ello conlleve, “entre los que se encuentra reconocer el derecho a las vacaciones no disfrutadas por el trabajador debido a causas que en absoluto le son imputables”.


Como se narra en los hechos probados de la sentencia, el empleado fue despedido a principios de 2012 por cumplir la edad de jubilación, causa comprendida en el Convenio Colectivo de la empresa. Tras una larga batalla judicial, el trabajador consiguió que el Supremo le diera la razón, anulando el despido por improcedente y ordenando su readmisión, que se hizo efectiva en marzo de 2015.

Poco tiempo después, el demandante solicitó disfrutar de las vacaciones de 2014 y 2015, que ascendían a treinta días por año. No obstante, la empresa solo le concedió las que le correspondían desde que se reincorporó (esto es, 23 días laborables), decisión que llevó a empresa y empleado, de nuevo, ante los tribunales.
Tiempo de trabajo

El Supremo rechaza el criterio de los tribunales de instancia, que desestimaron la demanda del trabajador al considerar que el tiempo de trabajo acumulable a efectos del devengo del derecho a vacaciones “concluye con el despido”. Asimismo, tumba el argumento de que los salarios de tramitación que le abonó la compañía fueron indemnización suficiente por el perjuicio sufrido.

Ahora bien, la Sala apunta que “no existe norma expresa que se refiera de manera específica al efecto que ha de tener en la relación de trabajo y en el derecho a las vacaciones del trabajador su readmisión efectiva después de un despido declarado improcedente”.

No obstante, avala la sentencia de contraste presentada por el demandante y considera que el tiempo desde que el empleado es despedido de forma improcedente hasta que se reincorpora ha de ser catalogado como tiempo de actividad laboral.

A pesar de que durante ese lapso no ha habido trabajo efectivo, agregan los magistrados, “no ha sido precisamente por la voluntad del trabajador”. La inactividad, por tanto, se debe en este caso a un acto ilícito de la empresa que debe subsanarse, lo que incluye reconocer al trabajador el derecho a las vacaciones no disfrutadas “debido a causas que en absoluto le son imputables”.


FUENTE : https://cincodias.elpais.com/



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¿Qué pasa si no contestas al móvil del trabajo en vacaciones?


¿Qué pasa si no contestas al móvil del trabajo en vacaciones?


No contestar al teléfono o al correo en vacaciones o durante nuestro periodo de descanso está protegido por ley. La "desconexión digital" protege a los trabajadores en su derecho a la intimidad personal y familiar.


Apagar el móvil cuando estás fuera del trabajo está reconocido por la Ley de Protección de Datos que entró en vigor en diciembre. Es la llamada "desconexión digital" que permite a los trabajadores y empleados públicos desconectar del trabajo en su tiempo de descanso, permisos y vacaciones.

La ley expone que "los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digitala fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal o familiar".

En esta norma se establece que este derecho será lo acordado entre la empresa y los trabajadores, es decir, atenderá a "la naturaleza y objeto de la relación laboral" y "potenciará el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar".

jueves, 11 de julio de 2019

Un juez ordena pagar jornada completa a trabajadores a tiempo parcial si no llevan registro horario


Un juez ordena pagar jornada completa a trabajadores a tiempo parcial si no llevan registro horario


Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León rubrica un nuevo 'empujón' a las empresas a cumplir con el registro horario fijado por el gobierno de Pedro Sánchez: "Ahora que el tema del registro horario 'está de moda', puede que la gente se esté planteando reclamar cosas que antes no"



"Si usted tiene la obligación de medir eso sobre lo que se discrepa, muéstrenos el medidor. De lo contrario, es que no tiene razón". Así resumen fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli la estela jurídica delineada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en una sentencia del mes de mayo.


La Sala de lo Social del Tribunal autonómico falló a favor de una trabajadora de Salamanca que a finales de 2018 presentó una reclamación contra El Puerto de Salamanca S.L. en favor del pago del que había sido su trabajo como el de una jornada a tiempo completo.


"No puede hacerse recaer sobre la trabajadora la carga de acreditar la realización de una jornada"

La empresa esgrimía que tenía un contrato a tiempo parcial. Sin embargo, requerida por la demandante para que muestre un registro horario de la labor de la empleada, la empresa sucumbió: no tenía pruebas de registro alguno. En ese caso, se "presume" que el empleado estuvo ocupado a tiempo completo, según la sentencia del Tribunal.

"La demandante presta servicios para la empresa El Puerto de Salamanca S.L. con una antigüedad de 8 de noviembre de 2017 con categoría profesional de camarera percibiendo en nómina un salario de 120,58 euros brutos sin incluir plus transporte para una jornada a tiempo parcial que era la pactada en el contrato, si bien realizaba una jornada completa de 40 horas semanales debiendo percibir un salario según convenio de 1221,71 euros mensuales", enuncia la sentencia.

"Ante la injustificada falta de aportación del registro de jornada pese a la iniciativa probatoria de la parte actora y, con ello, la ausencia de acreditación de su existencia, claro indicio de incumplimiento de las obligaciones que en esta materia corresponde a la empresa, no puede hacerse recaer sobre la trabajadora la carga de acreditar la realización de una jornada", concluye la resolución antes de ordenar el pago a la empresa de lo reclamado por la trabajadora más un recargo del 10% por intereses de demora.

Fuentes jurídicas consultadas por este medio explican que la resolución no aporta en sí nada especialmente novedoso desde el punto de vista jurídico pero inciden en que este tipo conflictos "no ha sido hasta ahora habitual".


"Ahora que el tema del registro horario 'está de moda', puede que la gente se esté planteando reclamar cosas que antes no"


"La sentencia da cuenta de una nueva forma de hacer que las empresas cumplan con su obligación del registro".
Multas


Dichas multas pueden ascender desde los 625 hasta los 6.500 euros, una cifra que se queda a medio camino entre la postura de los empresarios - reacios al registro - y la de los sindicatos - partidarios de multas más 'aleccionadoras'.


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lunes, 8 de julio de 2019

Trabajo saca a licitación por casi 4 millones la vigilancia en el CETI


Trabajo saca a licitación por casi 4 millones la vigilancia en el CETI

El servicio de seguridad deberá contar con, al menos, con 10 trabajadores en cada turno y estos deberán hablar idiomas


Contar con trabajadores que sepan comunicarse en árabe, francés o inglés, así como disponer de personal para hacer registros a mujeres, son algunos de los requisitos para hacerse con el contrato del servicio de seguridad y vigilancia del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Un servicio para el que el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha dispuesto un presupuesto de 3.522.736 euros y cuyo proceso de licitación se ha reabierto ahora tras corregir un error en la cifra del presupuesto final con IPSI.


Entre los requisitos que deberá cumplir la adjudicataria está que el total de efectivos sea de 40 vigilantes fijos. Además, el adjudicatario pondrá a disposición del CETI una bolsa de 3.000 horas de trabajo disponibles al año para casos de necesidad.


Mientras, los turnos se dividen en tres -de 07:00 a 15:00 horas; de 15:00 a 23:00 horas; y de 23:00 a 07:00 horas- y cada uno deberá contar con diez vigilantes. Además, se deberá garantizar que en cada turno, al menos, la mitad de los vigilantes conozca los idiomas árabe y francés o inglés a nivel oral así y de que haya al menos, una vigilante para registros a las mujeres residentes.


También se recoge en el contrato cómo ante situaciones de determinada importancia y magnitud, y si la dirección del CETI lo considera necesario, la empresa adjudicataria deberá estar en condiciones de proporcionar, de forma inmediata, los refuerzos de personal que sean adecuados para garantizar la seguridad.


Entre las tareas que deberán llevar a cabo los responsables de seguridad está la del control de acceso al centro, pero también revisión de documentación, control de identidad de visitantes, funcionarios y personal laboral; rondas interiores y exteriores dentro del recinto de las dependencias del CETI; o Participación activa disuasoria y, en su caso, reductora y de contención en cualquier incidencia, altercado o conflicto.


Ombuds no paga la nómina de junio a 7.500 vigilantes y culpa a la banca


Ombuds no paga la nómina de junio a 7.500 vigilantes y culpa a la banca

La tercera empresa de seguridad de España necesita imperiosamente liquidez y negocia con los bancos. Los trabajadores no han cobrado el mes de junio.


Ombuds Compañía de Seguridad S. A., la tercera empresa de seguridad privada de España -después de Prosegur y Securitas- solicitó la pasada semana acogerse al capítulo 5 bis de la ley concursal, debido a las deudas que acumula con Hacienda y con la Seguridad Social.

La compañía no ha pagado la nómina de junio de los 7.500 vigilantes activos por la negativa de la banca de renovar las líneas de circulante. La empresa está negociando con el pool bancario con el que tiene las deudas (Santander, Popular, Bankia y Caixabank) la renovación de las líneas de factoring para la empresa, que fueron unilateralmente suspendidas por la banca.

Los grupos de WhatsApp de los vigilantes están que arden e intentan confirmar sin éxito si alguien ha cobrado, pero cada día que pasa el pesimismo crece, al igual que la desesperación de 7.500 familias. Algunos han empezado a no cumplir con sus jornadas y horarios y a desatender los servicios de vigilancia.


Mediante la solicitud de este apartado que prevé la ley concursal, y que Ombuds solicitó el pasado 30 de junio, las empresas solicitan más tiempo para poder atender a los pagos. En este caso, tanto Hacienda como la Seguridad Social se muestran favorables a dar facilidades a la empresa de seguridad, de acuerdo a fuentes conocedoras de la situación.

Negociaciones


El director general de Ombuds, Rodrigo Cortina, controla el 25% de la compañía mientras que el fondo JTI controla el resto. A pesar de tener una buena actividad ordinaria, con un ebitda previsto de 12 millones de euros, las dificultades de liquidez que son consustanciales a las empresas del sector de seguridad privada -y que han llevado a la quiebra de otras grandes del sector como Segur Ibérica– están afectando a la empresa de seguridad madrileña.

El pasado viernes, la rumorología en la compañía era intensa y los empleados no habían cobrado su nómina este viernes y muchos temen que el pago de los salarios pueda retrasarse bien entrada esta semana.

Escalada

Ombuds ha subido en los últimos años varios escalones en el ranking de empresas de seguridad en España, obteniendo un meritorio tercer puesto.

Según el ranking de empresas de eInforma y El Economista, Prosegur lidera claramente el mercado con 1.870 millones de euros de facturación de sus principales divisiones (seguridad privada, alarmas y furgones de efectivo) y Securitas es el segundo grupo con 402 millones de euros de ventas. Inmediatamente después, y superando a clásicos del sector como Eulen, viene Ombuds, una compañía que hasta hace unos años apenas entraba en el top ten por facturación de España y que creció tras la adquisición de Castellana de Seguridad (Casesa) en 2015.

Deuda con Hacienda

Fuentes del sector informan de que a Ombuds le está siendo muy duro levantar cabeza en los últimos trimestres. El motivo es una pescadilla que se muerde la cola de deuda con Hacienda, retrasos en los pagos a sus empleados y pérdida de contratos por causa de la deuda con Hacienda.

Según la última lista de morosos publicada la pasada semana por la Agencia Tributaria, el grupo de Rodrigo Cortina debe 4,3 millones de euros a Hacienda: 2,8 millones a través de Ombuds Compañía de Seguridad SA y 1,5 a través de Ombuds Servicios SL.

Estos impagos con el fisco están haciendo que la empresa no pueda acudir a nuevos contratos, e incluso que la Agencia Tributaria le ha embargado algunas de las cuentas. Por ejemplo, Ombuds tiene embargado el contrato que tiene con Carrefour, uno de los más importantes de la empresa, por las deudas que tiene con Hacienda. De este modo, los pagos de las empresa francesa dirigida en España por Rami Baitiéh por los servicios de seguridad privada de Ombuds van directamente al departamento dirigido en última instancia por la ministra María Jesús Montero.



miércoles, 3 de julio de 2019

Echan en falta 720.309 euros de unas cámaras que custodiaba Seguridad Integral Canaria


QUIEN ROBA A UN LADRÓN TIENE ............

La entidad sueca que ha comprado la división de transporte de fondos de Seguridad Integral Canaria ha detectado que en las cámaras acorazadas que gestionaba y custodiaba la empresa canaria faltan 720.309 euros. El anterior accionista mayoritario de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, que se desvinculó de la empresa hace meses, corroboró ayer la existencia de ese problema en las cámaras acorazadas durante su declaración en el juicio que se sigue contra el magistrado de la Audiencia de Las Palmas Salvador Alba.



Cuando las acusaciones le preguntaron por qué sus empresas se han querellado contra el nuevo consejero delegado de Seguridad Integral Canaria, su antiguo socio Héctor de Armas, Ramírez explicó que porque han detectado indicios de que cometió varios delitos. En concreto, su grupo de empresas ha denunciado a De Armas por administración desleal, por una posible estafa y por un descuadre en las cámaras acorazadas, cuya cuantía Ramírez no pudo precisar al tribunal, pero que sí dijo que rondaba los 700.000 euros.


AUDITORÍA DE EMPRESA . 

 Se ha informado en una rueda de prensa de esta "sustracción" detectada en una auditoría por la empresa Loomis, del grupo Securitas, que desde el 1 de julio desarrolla el servicio de transporte blindado que hacía Seguridad Integral tras subrogar a 200 trabajadores y hacer frente a la deuda que dejó la empresa canaria.

FUENTE : http://www.rtvc.es/noticias/