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jueves, 29 de agosto de 2019

Vigilante de seguridad dispara a su compañero durante una discusión



Una vigilante de seguridad dispara por accidente a su compañero en una riña

Una mujer, vigilante de seguridad de una empresa privada que se encarga de la vigilancia del recinto militar de Sant Boi de Llobregat, ha disparado este miércoles por la tarde contra su compañero de trabajo durante una discusión entre ambos, han confirmado fuentes policiales. El hombre ha resultado ileso y la mujer ha sido detenida por un delito de amenazas.

Los hechos se han producido en torno a las 18.00 cuando los dos vigilantes han iniciado una riña por causas desconocidas. Al parecer, en pleno enfrentamiento, la mujer ha sacado su arma reglamentaria, que, según ha testificado más tarde ante los Mossos d'Esquadra, se ha disparado de manera accidental.

El tiro no ha llegado a rozar al hombre, que ha salido indemne de la pelea. A la agresora se le imputa, no obstante, un delito de amenazas, al haber empuñado una pistola contra su compañero.

La dirección general de Administració i Seguretat de la Generalitat, el organismo de la Conselleria d'Interior del que dependen los vigilantes privados que desempeñan sus funciones en Catalunya, ha abierto una investigación para tratar de esclarecer los hechos, ocurridos en la zona del cuartel militar de Santa Eulàlia, en el centro urbano de Sant Boi.


sábado, 24 de agosto de 2019

OMBUDS SEGURIDAD Y OMBUDS SERVICIOS pierden el servicio de los Museos y se lo adjudican a PROSEGUR


A TODOS LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE OMBUDS SEGURIDAD Y OMBUDS SERVICIOS EN LOS MUSEOS

    
       Nos informan que el próximo día 1 de septiembre Prosegur será la adjudicataria de los servicios de seguridad y auxiliares de los Museos en la Comunidad de Madrid, además de otras Comunidades Autónomas.
      Debido a la situación de concurso de acreedores en la que esta inmersa, tanto, Ombuds Seguridad como Ombuds Servicios queremos informaros de lo siguiente:
-       El pasado día 13 de agosto el administrador concursa informo que la deuda con las plantillas, la nomina de junio y la paga extraordinaria los mismos serán certificados al Fondo de Garantía Salarial.
-       Las plantillas de los Museos podrán reclamar estas deudas al FOGASA y a Prosegur, conforme a la sentencia del tribunal Supremo.
-       En el caso que desde Ombuds no abone el finiquito, se deberá interponer denuncia ante los Juzgados de lo Social a Ombuds, FOGASA (este organismo no paga horas extras ni vacaciones no disfrutadas y a PROSEGUR, la nueva adjudicataria, al igual que la nomina de junio y la paga de julio.
    En el proceso de subrogación no debe de establecerse ningún nuevo contrato,  o modificación de clausulas. Por tanto, si encontráis en vuestra carta de subrogación alguna clausula tipo renuncia a reclamar a la empresa entrante las deudas contraídas de la saliente, esta clausula es nula, debéis firmar poniendo NO CONFORME junto a vuestra firma (importante poner la fecha en la que se ha recibido la carta) 
       En este caso desde Prosegur se han comprometido, de palabra, que no van a introducir ninguna clausula abusiva en la subrogación.
       Recordad que el próximo día 29 de agosto finaliza el plazo de presentación de créditos para reclamar la nomina de junio, paga de extraordinaria, finiquitos o cualquier otra deuda que Ombuds tenga con la plantilla. 
    Comunicar a todos los compañeros de OMBUDS que  este sindicato estará a vuestro lado para asesoraros  y gestionaremos todas vuestras reclamaciones.

Denuncian que la seguridad privada en la cárcel bajó un 33%


AUGC asegura que la falta de personal de Ombuds está detrás de que agentes de la Guardia Civil tengan que realizar parte de las funciones de los vigilantes.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) denuncia que la seguridad privada del Centro Penitenciario de Albacete cuenta con un 33% menos de plantilla desde el pasado 19 de agosto. 

El problema no les ha pillado por sorpresa, ya que esperaban que llegara desde la pasada semana. El origen del mismo, es la situación en la que se encuentra la empresa Ombuds, que tiene adjudicada la seguridad exterior de las siete prisiones de Madrid, las seis de Castilla-La Mancha (entre las que se encuentra La Torrecica) y la de Cáceres.
Concretamente, la empresa se encuentra en situación concursal y varios de sus trabajadores no han percibido las últimas nóminas, en concreto la de junio, la de julio y la extra de verano, por lo que desde el pasado lunes han decidido no hacer horas extra, como explica el secretario general de AUGC en Albacete, Agustín Clemente. «Esto ya lo han hecho con vistas a que haya un concurso de acreedores, porque el Fogasa les cubre los cuatro primeros meses de salario, pero no les cubre las horas extraordinarias y como ellos hacen turnos de 12 horas hay gente que ya ha cubierto todas las horas del mes de agosto, por eso a partir del 19 de agosto han dejado de trabajar».
Clemente aclaraba que hasta ahora los trabajadores de Ombuds realizaban muchas horas extra porque cobraban muy poco. «Ellos vienen haciendo aquí un cupo de exceso de horas extraordinarias con turnos de 12 horas diarias, evidentemente, para ampliar el salario, porque es ínfimo. Las condiciones laborales de estas empresas son muy precarias».





martes, 20 de agosto de 2019

La ley te protege



La ley te protege




No estás obligado a responder una llamada de trabajo fuera de tu horario



La Ley de Protección de datos te protege y defiende la desconexión digital fuera del trabajo 


Se ha convertido en algo habitual el hecho de recibir o hacer llamadas profesionales fuera de tu horario, pero lo cierto es que está muy lejos de la realidad y de tus derechos.

El pasado mes de diciembre entró en vigor la Ley de Protección de datos por la que en su artículo 88.1 se establece que «los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar». Es decir, no estamos obligados a responder una llamada fuera de nuestro horario laboral. El artículo impide así que el empleado sea asediado por sus jefes con llamadas o correos electrónicos repentinos en relación a su trabajo.


¿Responderías a una llamada de tu jefe?

Muchos trabajadores confirman en una encuesta elaborada por nuestros compañeros, 
 que les ha ocurrido que al estar en un día libre o disfrutando de las vacaciones han recibido la llamada: "Alguna vez me han llamado y si lo cojo; lo mantengo en silencio, me descoloca que me llamen, pero es el jefe y tienes que cogerlo; es como que estás esperando esa llamada y no te causa ni sensación" nos dicen.


¿Debe ser una obligación por ley la desconexión digital?

Los expertos afirman que todo trabajador necesita una desconexión durante unos días para poder rendir más a su vuelta y por normal general se hace por una cuestión de salud mental, algo que no cumplen las empresas y para muchos, por lógica, no debería ser así: "No tiene que existir una ley para que no nos molesten, es algo lógico, no estamos trabajando en ese momento; me parece mal que tengan que hacer una ley, son tus vacaciones; estamos en España y es así, si no nos paran continuamos".


¿Nos cuesta desconectar una vez que salimos de nuestro entorno laboral?
No llevarse el trabajo a casa es otra de las tareas pendientes para muchos españoles, aunque cada vez nos confirman que se olvidan de todo en cuanto salen por la puerta de su trabajo: "No, no me cuesta nada desconectar; me cuesta mucho, llega el domingo y ya estás pensando en el lunes; si tienes gente a tu cargo al final estás pensando durante todo el fin de semana para aliviar la semana y nunca desconectas, por eso son tan necesarias cada vez más las vacaciones" afirman.



El INSS aplica ya los criterios marcados por el Constitucional a las solicitudes de jubilación por empleo a tiempo parcial




El INSS aplica ya los criterios marcados por el Constitucional a las solicitudes de jubilación por empleo a tiempo parcial


El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha emitido una nota de prensa para comunicar que la Seguridad Social ya aplica los criterios del Tribunal Constitucional a las solicitudes de jubilación por empleo a tiempo parcial, tras la publicación en el BOE del 12 de agosto de la STC Nº 91/2019, Cuestión interna de inconstitucionalidad 688/2019, de 3 de julio de 2019.

El INSS aplica estos criterios tanto a las solicitudes de pensión que se presenten con índice de parcialidad como a las ya reconocidas por empleo a tiempo parcial, y cuya resolución aún no es firme en vía administrativa.

El Instituto revisará de oficio alrededor de 8.500 de las ya reconocidas y con resolución no firme, de las que cerca de 2.200 se pueden ver incrementadas en torno a un 4%.

Para el Constitucional en la STC Nº 91/2019, considera injustificada la doble penalización que supone la actual fórmula de cálculo en el derecho a la jubilación de quienes han trabajado a tiempo parcial. Según recoge el texto, se penaliza la forma de computar los períodos trabajados parcialmente, cuando ya las bases de cotización que se toman para calcular la pensión son inferiores a las que corresponden a tiempo completo, puesto que se corresponden a los salarios a tiempo parcial.

Además, el Tribunal considera que se produce una discriminación indirecta por sexo, dado que el empleo a tiempo parcial lo desempeñan mayoritariamente las mujeres.

Como se recoge en la nota de prensa, "el INSS estima que deberá revisar alrededor de 8.500 pensiones reconocidas -con resolución no firme- de las que alrededor de 2.200 pueden verse incrementadas hasta un 4%. El resto mantendrá el importe reconocido inicialmente, por distintas razones: cerca de 3.500 no tendrán incremento de cuantía por haber alcanzado inicialmente el 100%; aproximandamente, 800 no tendrán incremento porque la parcialidad de la jornada era del 67% o superior y en estos casos, la aplicación del coeficiente del 1,5 convierte la jornada a tiempo parcial en tiempo completo; finalmente, cerca de 2.000 perciben un complemento a mínimos, que será absorbido por la subida.

El Instituto ha estimado estas cifras teniendo en cuenta los datos estadísticos del ejercicio de 2018. El 24% de las personas que solicitan la pensión de jubilación acreditan trabajos a tiempo parcial en algún momento de su vida laboral".

Desde el INSS ya está todo preparado desde el pasado lunes 12 de agosto para aplicar la nueva fórmula para el cálculo de las nuevas solicitudes como para la revisión de las ya reconocidas y no tengan resolución firme.

La complejidad del proceso residía en que la nueva forma de cálculo implica un tratamiento distinto a como se venía haciendo de los días cotizados computables para el porcentaje a aplicar a la base reguladora de la pensión, en los casos de empleo a tiempo parcial.

Los días que hasta ahora se computaban -reducidos en función de la parcialidad de cada supuesto e incrementados posteriormente con la aplicación del coeficiente 1,5- pasan a computarse como días naturales.

También había que completar los desarrollos necesarios para que la base de datos de pensiones permita llevar a cabo la revisión de los expedientes con resolución no firme en vía administrativa, modificando el criterio de cómputo de días cotizados en todos estos supuestos.

Detenido por romper la órbita ocular a un vigilante de hospital en Granada






Detenido por romper la órbita ocular a un vigilante de hospital en Granada


La Policía Nacional ha detenido y puesto a disposición judicial a un hombre de 24 años acusado de escupir e insultar el personal del hospital Virgen de las Nieves de Granada que lo atendía y de golpear en la cara a un vigilante de seguridad hasta romperle la órbita ocular, por lo que fue operado de urgencia.

En un comunicado, este cuerpo armado ha informado de la detención del joven, que fue derivado al servicio de urgencias del Virgen de las Nieves el pasado 5 de agosto de madrugada después de haberlo encontrado tirado en la calle y con claros síntomas de embriaguez.

Desde que comenzaron a atenderlo, el detenido se mostró agresivo con el personal sanitario, a quienes se dirigió con un lenguaje violento y sin colaborar en las pruebas necesarias.

El joven mantuvo su actitud violenta, en la que insultó y escupió a las dos facultativas que le atendían, hasta que el nivel de alteración hizo necesario avisar al personal de seguridad, cuya llegada provocó que el detenido se levantara de la camilla lanzando insultos, dando golpes y destrozando material hospitalario.

Comenzó entonces a atacar a los dos vigilantes y a golpear fuertemente con los puños a uno de ellos mientras el otro intentaba poner fin a la agresión.

Los agentes lograron reducir al atacante, que ante la gravedad de los hechos fue detenido en ese mismo momento.

El vigilante de seguridad que recibió el mayor número de golpes sufrió una rotura de la órbita ocular, por lo que fue trasladado al hospital de Traumatología para recibir tratamiento quirúrgico.

Por otro lado y sin ninguna relación, la Policía Nacional ha detenido a una mujer de 29 años también por una agresión en el servicio de urgencias, en esta ocasión un suceso registrado dos días después y en el hospital del PTS.

La mujer fue trasladada desde Montefrío por encontrarse bajo los efectos del alcohol y sustancias estupefacientes y mientras esperaba a ser atendida, agredió a la enfermera que la iba a reconocer, propinándole un fuerte tirón del cordón que sujetaba su tarjeta identificativa.

La enfermera tuvo que ser atendida por padecer un fuerte dolor cervical tras ser auxiliada por dos vigilantes de seguridad.

La agresora fue identificada, detenida y está a la espera de juicio por esta agresión.

A los dos detenidos se les imputan los delitos de lesiones y atentado contra la autoridad.

lunes, 19 de agosto de 2019

PIRATAS FUERA




La crisis de los grupos Ombuds y EME son la penúltima de un sector estrangulado por concursos públicos en los que los precios ofrecidos difícilmente pueden generar beneficios. En la última lista de morosos de Hacienda aparecen 31 empresas del sector que deben unos 110 millones en total.

El sector de la seguridad privada es uno de los más precarizados del país. Un vigilante roza los 1.000 euros de nómina por lo que estos profesionales «viven al día, si les faltan 3 nóminas se echan encima los bancos y no se pagan las hipotecas».

Esto es una tónica que se está dando a nivel general en casi todas las empresas de seguridad. El sistema de concurso público en el que compiten por ofrecer el precio más bajo no está dando buenos resultados en este sector porque los escasos márgenes de beneficio al que se enfrenta y las demoras en los pagos de estas administraciones suponen que «todas las empresas tienen que contratar una línea de financiación con un banco, por lo que desde ese momento depende de la intención del banco de mantener la línea de financiación porque si no es así, la empresa cae, como ha sucedido recientemente con la sociedad Ombuds y sucederá con el grupo EME.

«Entendemos que existe mala fe por parte de la empresa, al no declarar su situación concursal antes de formalizar el contrato y desconocemos si el Ministerio tenía conocimiento de estos hechos ya que, en caso afirmativo, puede enfrentarse a un posible delito de prevaricación»

En total, las empresas del sector identificadas deben a Hacienda cerca de 110 millones de euros. La mayoría de ellas se encuentra en concurso de acreedores o liquidación desde hace años.

Entre otras aparecen en el listado Seguridad LPM (declarada en concurso en 2015), con una deuda de 20,3 millones; Halcón Empresa de Seguridad y Vigilancia (10,5 millones); Falcon (8,6 millones); Seguridad Integral Canaria (6,3 millones); Provinen Seguridad (6 millones); Gebisa Seguridad (5,4 millones); C7 Seguridad (3,9 millones); Vigilancia y Sistemas de Seguridad (3,2 millones)…






sábado, 17 de agosto de 2019

La Policía actúa contra el intrusismo en la seguridad privada en la Feria


La Policía actúa contra el intrusismo en la seguridad privada en la Feria


El dispositivo de seguridad que desplega el Cuerpo Nacional de Policía en la Feria de Almería cuenta este año con una novedad: las inspecciones a empresas y vigilantes de seguridad privados que trabajen en ella, que se centrarán especialmente en la detección de casos de intrusismo.


Fuentes de la Comisaría Provincial han explicado que estas actuaciones son un paso mas en las campañas policiales que se desarrollan habitualmente en toda España para combatir el intrusismo en este sector, que es relativamente frecuente, y que supone un descenso en la calidad del servicio.
De ahí a que la Policía recomiende a quienes contraten vigilancia privada, como pueden ser en este caso los responsables de casetas de feria, que los contratos se lleven a cabo con empresas acogidas al Convenio Colectivo Estatal de Seguridad Privada.


Esta campaña de inspecciones será realizada por los policías que componen el dispositivo especial de seguridad de Feria, que este año estará formado por más de 175 agentes de todas las Unidades de la Policía Nacional en Almería y otras desplazadas desde la Jefatura Superior en Granada y Madrid.
Este año, la Comisaría ha reforzado los servicios diarios de radio patrullas, en turnos de mañana, tarde y noche que atienden aquellos servicios urgentes demandados por los ciudadanos a través del 091.




Servicios especiales

También se han establecido servicios especiales por parte de agentes uniformados para la prevención de la delincuencia y posibles altercados de orden público, que contarán con el apoyo de unidades de caballería desplazadas desde Sevilla, para cubrir la feria de mediodía. Este equipo estará formado por diez policías y seis caballos. Mientras tanto, policías de paisano prestaran especial atención a los hurtos y delitos contra la propiedad en general.


Además, el grupo de Tedax-NRBQ, de desactivación de explosivos y otras amenazas químicas o radiológicas, permanecerá activo las 24 horas del día. Y en el caso de que su intervención fuera necesaria, desde el aire se contará con el apoyo de un helicóptero del Servicio Aéreo de la Policía Nacional.


Desde la Comisaría Provincial de Almería se resalta el “gran esfuerzo” que realiza estos días, “cuya principal finalidad es prevenir la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana, para ayudar a que se puedan desarrollar con absoluta normalidad los actos lúdicos programados”. Aunque los agentes van a prestar especial atención a la “Feria de Almería 2019”, además continuarán con los demás dispositivos como son el Plan Comercio Seguro, el Plan Turismo Seguro y la Operación Paso del Estrecho.




Centro de coordinación Además, la Policía Nacional estará presente en el centro de coordinación, que se establecerá todos los días desde las 22,00 hasta las 06,00 horas para optimizar los tiempos de respuesta y emergencia que los ciudadanos demanden. Para ello se ha implicado una representación de Policía Local, Bomberos, Protección Civil y 061.


Por último, la Comisaría solicita la colaboración ciudadana en lo que respecta al cuidado de las pertenencias, carteras, bolsos, móviles, etcétera, dado que durante estos días y debido a las grandes aglomeraciones de personas puede aumentar el riesgo de ser víctima de algún hurto.




Consejos La Policía recuerda que las aglomeraciones, las prisas, los desplazamientos o las supuestas obras de caridad esconden trampas para los bolsillos o la seguridad. Uno de los consejos principales que ofrece es mantener a los más pequeños siempre vigilados para evitar que desaparezcan. Para ello aconseja dos medidas sencillas : anotar el número de móvil del padre o de la madre en el brazo del niño o ponerle un colgante con sus datos de identidad y teléfono, por una parte, y enseñar a los hijos a conocer su propio nombre, apellido, domicilio y teléfono. Entre otros consejos recomienda, ante todo, mantener las pertenencias siempre a la vista



martes, 13 de agosto de 2019

El comité de La Marchenilla aclara que la agresión a tres vigilantes fue por un solo menor


El comité de La Marchenilla aclara que la agresión a tres vigilantes fue por un solo menor

Los representantes de los trabajadores desdicen la versión de Anvisepri


El comité de empresa del centro de menores La Marchenilla, formado por representantes de USO, CCOO y UGT, aclara que la agresión sufrida por tres vigilantes de seguridad el pasado jueves fue causada por un solo menor y no por cuatro internos, como aseguró la Asociación Nacional de Vigilantes de Seguridad Privada (Anvisepri).

Los representantes de los trabajadores señalan que las lesiones no obedecen a una revuelta de cuatro internos ni a un motín, como en un primer momento informó Anvisepri. “Fueron causadas por un único menor, que se encuentra cumpliendo una medida de internamiento terapéutico en salud mental, y que consiguió romper un bloque de hormigón que servía de contrapeso de las canastas de baloncesto para agenciarse una piedra de grandes dimensiones", señalan.

"El interno, después de las intervenciones del personal educativo, primero los educadores y seguidamente de la coordinadora y el subdirector del centro (el único personal que se encontraba en el interior del patio deportivo), logró zafarse de los mismos para forzar la puerta del patio, fuera del cual sí se encontraba el personal de seguridad (al que en ningún momento se le ordenó ninguna otra medida que no fuera la de aguardar en la puerta del patio a la espera de nuevos acontecimientos) y fueron quienes, gracias a su intervención (con las consecuentes lesiones), consiguieron tranquilizar y contener al menor”, explica el comité.

“Manifestamos nuestro apoyo a todo el personal del centro, incluido los vigilantes de seguridad que, aunque es personal contratado por una empresa externa, son también compañeros nuestros. Destacamos la labor nada fácil que todos realizamos y que es la de reinsertar en la sociedad a menores y ayudarlos a adquirir hábitos de convivencia y respeto para poder desarrollar una vida normal una vez cumplida su medida de internamiento”, señala el comité de empresa.

Las seis razones de la justicia para derribar la huelga de El Prat


El paro indefinido en los arcos detectores se asienta sobre 12 demandas que ya figuran en los convenios, en el laudo de Eulen o están concedidas

¿Tiene sentido la huelga del aeropuerto de El Prat? La mayoría del comité de centro que representa a los 500 vigilantes de seguridad del hub catalán cree que sí. Solo un sindicato se opone. Trablisa, la empresa concesionaria, ha denuncia el paro indefinido, que arrancó el viernes, por "ilegal". Sus argumentos son poderosos.

La protesta de los trabajadores del segundo mayor aeropuerto español se sustenta en 12 peticiones. ¿Las principales? Un plus de productividad; la formación del personal como Operador de Equipos de Inspección Aeroportuarios (certificación C2); la creación de una comisión de cuadrantes; descansos de 10 minutos cada hora; un fin de semana obligatorio de descanso al mes y fines de semana para la plantilla que está contratada a tiempo parcial.

En conversación con este medio, un representante del comité ha insistido en que "permanecen con los teléfonos abiertos" por si Trablisa quiere negociar. Piden también que Aena, el gestor aeroportuario, se involucre y medie en el conflicto laboral.
Demandas ya concedidas

No parece que ese vaya a ser el escenario. En primer lugar, porque los servicios mínimos del 90% decretados por el Gobierno han liquidado la protesta, haciéndola invisible. Las colas en los filtros de El Prat fueron de 10 y 15 minutos el sábado. Ello hizo saltar por los aires las fotos de aglomeraciones en los arcos y, por ende, la capacidad de coerción de los huelguistas. Segundo, porque el grupo mallorquín de seguridad buceó en las reivindicaciones y las desmontó, una por una. Tras ello, presentó una denuncia al juzgado social con rocosos argumentos.


Uno de los principales es que las demandas ya están concedidas. La comisión de cuadrantes ya funciona desde hace tiempo, tal y como atestigua la documentación a la que ha accedido este medio. Entrega también los cuadrantes con antelación a los empleados. ¿Ejemplos? El 50% del comité de huelga ha cogido vacaciones durante la protesta, tal y como avanzó Crónica Global. Pues bien, sus miembros alegan que "las tenían desde hacía ocho meses". Ello atestigua que los cuadrantes se discuten, primero, y se entregan con antelación, después. Son dos de las demandas de los huelguistas. Lo que es más: los dos representantes de los vigilantes en la comisión de cuadrantes son del comité de huelga y no de la asamblea de trabajadores, contraviniendo el laudo dictado durante la huelga en Eulen en 2017. Es ilegal. En paralelo, también está concedido el plus de productividad. En El Prat piden los vigilantes un euro por hora trabajada, pero olvidan que el convenio colectivo firmado por Aproser, CCOO, UGT y USO a principios de 2018 [consultar aquí] ya contempla una retribución así.

También ha logrado el personal la conciliación de los fines de semana y los beneficios para los vigilantes a tiempo parcial. Ambos puntos se discuten en la comisión de cuadrantes.
Votación dudosa tras la retirada de un conflicto

Dos puntos más escoran la huelga hacia una legalidad dudosa. El primero, la estrambótica votación que avaló el paro indefinido. Participó solo el 35% de la plantilla pese a que se alargó una hora el horario de votación. Careció de garantías --la controló el comité de huelga--, pese a que Trablisa ofreció entregar el censo en la reunión de mediación de la pasada semana. "Se convocó deprisa y corriendo para evitar responsabilidades sociales si la huelga se declara ilegal", lamentan fuentes conocedoras. Cualquiera que sea su opinión, la consulta vulneró lo que pidió la empresa, que exigió "que se cumplan los requisitos legales [convocatoria, quórum, etc] y, a la vez, ofrece el censo de trabajadores actualizado", según la documentación en poder de este medio. Finalmente se movilizó al personal por Whatsapp y SMS.

Tampoco menor es el hecho de que la protesta pisa un conflicto colectivo interpuesto por STS-C. Así lo consigna una comunicación enviada por Proua sus afiliados a la que ha tenido acceso este medio. La hoja, emitida durante el conato de huelga de julio --se desconvocó--, pedía al sindicato rival retirar el conflicto porque entendía "que acaban de aterrizar y quieren protagonismo, pero al menos que no sea jodiendo a los trabajadores". STS-C accedió, no sin antes torpedear sin quererlo la protesta de julio: era ilegal. Este es precisamente otro de los puntos que arguyen los contrarios a la huelga indefinida en El Prat. "Desconvocaron la de febrero porque las demandas vienen en el laudo y la de julio porque era manifiestamente ilegal", subrayan. Crónica Global ha accedido al acta de desconvocatoria de febrero. En la misma, figura la siguiente frase: "Final -- Ambas partes acuerdan no adoptar medidas de conflicto y huelga, ni medidas de afectación individual o colectiva, sobre las materias tratadas en el presente acuerdo de desconvocatoria de huelga".
El Supremo avaló el laudo de Eulen

Un último punto compromete, y seriamente, el paro indefinido en los filtros de seguridad de El Prat. El laudo de obligado cumplimiento dictado en 2017, y que acabó zanjando la idéntica protesta aquel año, subraya que las dos partes evitarán "nuevas medidas de conflicto y huelga" en las materias en negociación. Pues bien, aspectos como la formación en la certificación aeroportuaria C2 o la contestación en plazos de 96 horas a la plantilla figuran en el laudo. Lo que es más: este documento fue avalado por el Tribunal Supremo en sentencia con fecha a 6/11/2018 [consultar aquí]. Comisiones Obreras lo recurrió para intentar derribarlo, pero la sección cuarta del alto tribunal lo confirmó. En el fallo, el juez ponente Pablo María Lucas Morillo de la Cueva enfatiza el "impacto de la huelga [de 2017] en la economía nacional", dando luz verde a la resolución de mediación.


Con estos mimbres, Trablisa acudió a los tribunales antes del paro indefinido en El Prat. La compañía citó todos estos argumentos en su denuncia. Según vigilantes críticos con la protesta, ello deja al comité de huelga a los pies de los caballos. "Agosto es un mes inhábil para la sala de lo social. Pero cuando se reactive en septiembre y analice la protesta, lo tumbará con facilidad. Por ello se ha tratado de vincular a la plantilla mediante consulta: para evitar represalias". Tengan razón estas voces o no, revelan que hay fuertes tensiones en los arcos de seguridad de El Prat que evitan que la protesta despegue. Ello y unos fuertes servicios mínimos que condenan la movilización al fracaso.





El Prat, una huelga anunciada que Eulen, Prosegur y Securitas decidieron esquivar




La concesionaria, Trablisa, se impuso en la puja a tres por el contrato de los controles de seguridad, que las grandes del sector optaron por evitar.
"Hay contratos de servicios en sectores de alto riesgo, sectores que son estratégicos, que o se prestan de una manera seria o es mejor alejarse de ese mercado, porque de lo contrario acabas saliendo trasquilado". Un año después de sufrir en primera persona la tremenda crisis generada por la huelga en pleno mes de agosto y en vísperas del referéndum del 1-O de los trabajadores de los controles de seguridad del Aeropuerto de Barcelona -que tuvo que ser resuelta en última instancia mediante un laudo arbitral- y unos pocos meses después de la adjudicación de ese servicio a otra compañía, la presidenta de Eulen, María José Álvarez, reflexionaba así en Deusto Business School sobre la decisión del gigante español de los servicios de no concurrir al macroconcurso (valorado en cerca de 200 millones de euros) convocado por Aena a mediados de 2018 para gestionar los servicios de seguridad de los dos grandes aeropuertos del país: Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat.

Eulen no fue la única empresa que se inhibió en esa carrera. Otros grandes del sector de la seguridad como Prosegur -que ya había gestionado ese contrato justo antes que Eulen- o Securitas optaron por no concurrir a la convocatoria tras considerar que las condiciones contractuales planteadas por Aena no permitirían la prestación del servicio con los estándares de calidad en el servicio, los márgenes de rentabilidad y las garantías de estabilidad suficientes.

La puja se planteó finalmente entre solo tres compañías y se resolvió en favor de Trablisa, una empresa mallorquina especializada en transportes en blindados, a la que le bastó con acreditar una experiencia previa en la gestión de los accesos y filtros de seguridad del aeropuerto de Palma y una baja del 0,5% para adjudicarse por 49,87 millones (respecto a los 50,12 millones en que Aena valoró el concurso) uno de los contratos de servicios de mayor cuantía económica que pone en juego el gestor aeroportuario estatal.

Trablisa empezó a gestionar los controles de seguridad del aeropuerto de El Prat el 1 de junio de 2018 y ha bastado un año para encontrarse con su primer gran conflicto laboral. La plantilla de cerca de 500 trabajadores que se encarga de la vigilancia de los controles de seguridad del aeropuerto barcelonés, por el que diariamente pasan cerca de 200.000 pasajeros, demanda un plus de un euro por hora trabajada por el incremento del flujo de pasajeros en los últimos años, plazas de aparcamiento gratuitas para los trabajadores y más rotación y descansos en los turnos de trabajo, entre otras peticiones.

Ninguna de esas demandas se recogía en el laudo arbitral que resolvió el conflicto laboral de 2017 -que afectó a los mismos trabajadores, ya que pese a cambiar la empresa concesionaria la plantilla se subroga al contrato- y, lógicamente, tampoco se tuvo en cuenta por parte de la empresa a la hora de realizar las ofertas para prestar este servicio hace ahora un año por lo que una eventual atención a estas reivindicaciones iría contra el margen de beneficio de Trablisa, no contra Aena, que es en última instancia la responsable de la prestación del servicio.

La empresa mallorquina se ha amparado precisamente en el laudo de 2017 y más en concreto en la disposición novena que establece que ninguna de las partes podrá plantear conflicto o huelga alguna referida a las materias tratadas en el laudo para demandar al Comité de Empresa por 'huelga ilegal' y para rechazar las reivindicaciones de los trabajadores, cuyo eventual impacto económico estaría fuera de las condiciones acordadas con Aena en el pliego de condiciones del contrato.

La empresa alega, además, que la situación hoy es mucho más desahogada que en 2017 cuando la plantilla tenía 350 trabajadores. Ahora, ronda los 500. Desde el célebre laudo de 2017 la plantilla del servicio de control de seguridad se ha incrementado un 44% en tanto que el tráfico del aeropuerto lo ha hecho en un 5,6%.


El inquietante precedente de Eulen
Los antecedentes más inmediatos demuestran que el pliego de condiciones del contrato ofrece una seguridad relativa a la empresa adjudicataria. El conflicto laboral del verano de 2017 le estalló a la entonces empresa concesionaria, Eulen, después de haber acordado unas condiciones determinadas de prestación del servicio con Aena. El laudo arbitral que puso fin a un conflicto que caldeó más si cabe el ya agitado clima social previo al referéndum ilegal del 1-O generó unos costes extraordinarios en el contrato de más de 750.000 euros, que la compañía tuvo que asumir con cargo a su ya estrecho margen de beneficio con ese contrato y a día de hoy Eulen aún espera a que Aena le abone la compensación prometida por ese sobrecoste. Ello, sin contar los 300.000 euros en sanciones que Aena impuso a Eulen por las deficiencias en el servicio generadas por el conflicto laboral.

Según fuentes de Aena, la compañía no tiene ninguna intención de tomar cartas en el asunto por el momento. Sostiene que se trata de un conflicto laboral entre la empresa y sus trabajadores y que la afectación al servicio prestado por Trablisa será limitada en la medida en que se cumplan los servicios mínimos del 90% establecidos por la Generalitat.

No obstante, también aseguran que el gestor aeroportuario estatal velará porque el servicio de acceso y filtros de seguridad de El Prat se cumpla con normalidad. "Todos los expedientes están sometidos a control mediante indicadores de calidad, de los cuales se desprenden indicadores positivos o negativos (bonus o malus) que se aplican a las certificaciones. Las medidas que adopte Aena durante el conflicto tendrán por objeto minimizar la afectación a las personas usuarias del Aeropuerto". De momento, estas medidas se han limitado a la publicación de unas recomendaciones a los pasajeros para evitar en la medida de lo posibles colapsos en los accesos, recomendando, por ejemplo, adelantar la hora de llegada al aeropuerto y el acceso escalonado.


La controvertida política de contrataciones de Aena

La inhibición de Eulen, Securitas y Prosegur en el contrato de gestión de la seguridad en los accesos a las terminales de los grandes aeropuertos españoles no es un caso aislado. Un ramillete de organizaciones empresariales representativas de empresas contratistas con la Administración vienen quejándose desde hace años del sesgo en el precio de los procedimientos de contratación convocados por el gestor aeroportuario estatal y del procedimiento de subasta electrónica que viene utilizando para adjudicar muchos contratos de servicios, y que empuja a las empresas concurrentes a plantear bajas que rondan lo temerario para poder adjudicarse los contratos

El número de convocatorias declaradas desiertas por la ausencia de empresas concurrentes se ha incrementado de forma exponencial en los últimos años, según fuentes empresariales, y muchas grandes empresas han tomado la decisión de no contratar con Aena en tanto no deje de lado las pujas electrónicas a la baja como mecanismo de adjudicación.

La empresa, por el contrario, presume de los niveles de eficiencia alcanzados en sus contratos de servicios y ni en el época de García Legazni en la actual con Maurici Lucena de presidente se ha replanteado su fórmula de contratación de servicios, que según fuentes empresariales "está teniendo efectos muy perceptibles sobre la calidad del servicio".


sábado, 3 de agosto de 2019

Detenido en Viladecans 17 años después de disparar contra dos vigilantes del Maremagnum



La Policía Nacional ha detenido en Viladecans (Baix Llobregat) a un hombre de origen albano que llevaba huido de la justicia desde diciembre de 2002, cuando disparó a dos vigilantes de seguridad de la zona de ocio nocturno del Maremagnum de Barcelona que le habían expulsado de un local.




El hombre pertenecía a un grupo de narcotraficantes que actuaba en el área de Barcelona y en algunas zonas de Italia, donde se habría escondido con diversas identidades falsas durante estos 17 años.



El hombre fue expulsado de la discoteca junto a su acompañante, pero volvió al poco tiempo con un arma de fuego y, sin mediar palabra, disparó varias veces contra los dos vigilantes de seguridad, que quedaron heridos, uno de ellos grave con diversas balas en el abdomen.
A caballo entre Italia y España



Tras el ataque, el ahora detenido huyó a Italia, adquirió documentación falsa y vivió entre el país vecino y España durante años. De hecho, pasó a formar parte de un grupo albano de narcotraficantes que actuaba en el país transalpino y en el área de Barcelona.



Gracias a la cooperación policial, la Policía Nacional descubrió sus identidades y lo localizó cuando se dirigía a una fiesta familiar en su domicilio de Viladecans, aunque siempre que estaba en España intentaba no salir de casa. Fue arrestado finalmente por dos intentos de homicidio, lesiones y tenencia ilícita de armas.



Interior aplaza el fin de la vigilancia privada en las cárceles por falta de policías

Interior aplaza el fin de la vigilancia privada en las cárceles por falta de policías

El Consejo de Ministros acuerda licitar un nuevo contrato de 64 millones de euros por dos años para contratar cerca de mil guardias de seguridad para las prisiones
El Consejo de Ministros acordó ayer licitar la renovación del contrato por el que, desde 2013, cuando gobernaba el PP, se privatizó parte de la seguridad exterior de las cárceles. Serán 64 millones de euros, IVA no incluido, para contratar durante dos años cerca de mil vigilantes para las 68 cárceles dependientes del Ministerio del Interior. El Gobierno aspiraba a eliminar progresivamente este despliegue y volver a la situación anterior, cuando esta labor era exclusiva de policías y guardias civiles, pero el déficit de agentes lo ha impedido, admite Interior.
En la actualidad, Interior tiene destinados a proteger las cárceles a 3.643 agentes de la Guardia Civil —1.500 de ellos dedicados a realizar traslados de presos entre cárceles o a los juzgados y hospitales, las llamadas conducciones— y 215 de la Policía Nacional, además de 23.000 funcionarios de prisiones que se encargan de la seguridad interior de los centros penitenciarios. Junto a ellos, y siempre bajo la supervisión y dirección de los responsables policiales de la seguridad exterior, trabajan desde hace casi cinco años 937 vigilantes privados, que se encargan de cubrir los diferentes turnos de 210 puestos de trabajo. La función de estos últimos se limita a la seguridad de los puntos de acceso a las prisiones y la observación de las imágenes que facilitan las cámaras de videovigilancia del perímetro exterior.



UNA EMPRESA EN CONCURSO DE ACREEDORES


El acuerdo del Consejo de Ministros para licitar el contrato de la seguridad privada de las cárceles se produce en un momento especialmente sensible para una de las firmas adjudicatarias. Ombuds, la empresa que se hizo con uno de los lotes del último concurso —que incluía las siete cárceles madrileñas, las de Castilla-La Mancha y Cáceres— declaró recientemente concurso de acreedores y algunos de sus vigilantes dejaron de acudir a sus puestos los últimos días de julio al no tener asegurado que les pagasen las horas extra. La Guardia Civil tuvo que enviar de urgencia a agentes para reemplazarles.
La situación creada ha sido denunciada por los sindicatos de prisiones y por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC). Un portavoz de Acaip-UGT, mayoritario entre los trabajadores penitenciarios, la califica de “extremadamente preocupante”. Los representantes de los agentes también critican lo ocurrido. Interior, sin embargo, rebaja la incidencia del problema y asegura que “no afectó de manera significativa” a los centros implicados, ya que las ausencias se cubrieron rápidamente con guardias civiles.