sábado, 13 de julio de 2019

Los vigilantes de seguridad exigen a Ombuds que renuncie a sus contratos


Los vigilantes de seguridad exigen a Ombuds que renuncie a sus contratos
Los trabajadores de FGC, Renfe y la Ciutat de la Justícia piden a la familia Cortina que reconozcan la situación económica de la empresa


La familia Cortina, propietaria de la empresa de seguridad privada Ombuds, dispone de poco más de cuatro días par decidir si renuncia a sus contratos de servicios que tiene en Cataluña. Esta ha sido la reclamación que los trabajadores de este sector, le han hecho llegar en los actos de mediación que la Generalitat ha activado para intentar atajar la crisis laboral que se ha generado tras la declaración del preconcurso de acreedores en el grupo.

Unos 300 vigilantes catalanes se han quedado sin cobrar la nómina de junio, ya que la compañía alegó que no disponía de los fondos necesarios para retribuir a sus 8.000 empleados. Este viernes los impagos con los trabajadores irán a más. La empresa tampoco podrá abonar la paga extraordinaria y crecerá el nerviosismo sobre el futuro de la plantilla.
Concesión de servicios públicos

Por este motivo, se pide a los Cortina que hagan un ejercicio de realismo y acepten la situación. El sindicato que está presente en la negociación señala que el grueso de los contratos que tienen en Cataluña los han conseguido en procesos de concurrencia pública, por lo que podrían rescatar los empleos si se renunciara a su prestación.

Hay varios escenarios posibles, desde que el adjudicatario asumiera de forma directa el servicio a que activase una nueva licitación por la vía de la urgencia o que se adjudicara a la segunda oferta de las que se habían presentado en su día. El requisito que se defiende como indispensable es el de la subrogación de los trabajadores. Se reconoce que si se prolonga la situación actual los vigilantes sólo acumularán más monto de deuda de una empresa en la que tienen poca confianza de que se pueda recuperar.

Huelga indefinida

Todo ello, con la amenaza de que el próximo 16 de julio se iniciará una huelga indefinida para denunciar la situación. Los dueños de Ombdus Seguridad piden a los trabajadores más tiempo. Como mínimo, hasta finales del mes en curso. Han explicado que cuentan con una inversor que les habría mostrado su interés en dar el balón de oxígeno económico que requiere el negocio aunque la operación aún no estaría cerrada.

Ya explicaron en su día que la declaración del preconcurso de acreedores voluntario el pasado 30 de junio estuvo motivado porque la banca con la que trabajaban les había cerrado “de forma inesperada” las líneas de financiación comercial con las que operaban, el factoring. Con todo, sus problemas económicos se remontan en el tiempo e incluso debe dinero a la Agencia Tributaria (41,5 millones).


Acuerdo con CCOO y UGT

Sí que han conseguido firmar un pacto con CCOO y UGT en el que se comprometen a abonar las nóminas que aún no han sido satisfechas, las del grueso de su plantilla, antes del 21 de julio y la paga de verano.

La propuesta que está sobre la mesa es la de posponer el inicio de las protestas hasta el 22 o el 23 de julio, dan una semana más de plazo a los Cortina para conseguir la ansiada inyección de fondos. Eso sí, la contrapartida es la renuncia de los dos principales contratos en Cataluña, los servicios de vigilancia en la línea de Llobregat-Anoia de FGC y la de la Ciutat de la Justicia.


Servicios mínimos

Este viernes se verán de nuevo las caras en el Departamento de Trabajo de la Generalitat, donde está convocado el segundo encuentro de mediación. Allí también se plantearán de nuevo la necesidad de determinar unos servicios mínimos por la singularidad del trabajo que realizan.

En FGC, donde ya se han iniciado las protestas a través de un aluvión de bajas laborales, son los Mossos d’Esquadra los que refuerzan la vigilancia en los trenes en los turnos en los que no hay suficiente personal. Desde la Ciutat de la Justícia se pide una solución al conflicto laboral e, igual que en la empresa pública, se le ha requerido a Ombdus que garantice que se prestará el servicio. Si no lo hace, se dejaría la puerta abierta a la resolución del contrato.

Ombdus también se encarga de los vigilantes de seguridad privada de las líneas de Renfe en todo el país y de la vigilancia del centro comercial Carrefour 

Un empleado cesado de forma improcedente tiene derecho a las vacaciones que no disfrutó






El trabajador readmitido tras un despido improcedente tiene derecho a disfrutar de los días de vacaciones que le correspondan por el periodo de inactividad.



Así lo confirma el Tribunal Supremo (TS) en una sentencia (cuyo texto íntegro puede consultar aquí) en la que unifica doctrina y califica el lapso de tiempo desde el cese hasta la readmisión como “tiempo de actividad laboral”.

Para el Supremo, ese periodo debe entenderse como tiempo efectivo de trabajo con todos los efectos que ello conlleve, “entre los que se encuentra reconocer el derecho a las vacaciones no disfrutadas por el trabajador debido a causas que en absoluto le son imputables”.


Como se narra en los hechos probados de la sentencia, el empleado fue despedido a principios de 2012 por cumplir la edad de jubilación, causa comprendida en el Convenio Colectivo de la empresa. Tras una larga batalla judicial, el trabajador consiguió que el Supremo le diera la razón, anulando el despido por improcedente y ordenando su readmisión, que se hizo efectiva en marzo de 2015.

Poco tiempo después, el demandante solicitó disfrutar de las vacaciones de 2014 y 2015, que ascendían a treinta días por año. No obstante, la empresa solo le concedió las que le correspondían desde que se reincorporó (esto es, 23 días laborables), decisión que llevó a empresa y empleado, de nuevo, ante los tribunales.
Tiempo de trabajo

El Supremo rechaza el criterio de los tribunales de instancia, que desestimaron la demanda del trabajador al considerar que el tiempo de trabajo acumulable a efectos del devengo del derecho a vacaciones “concluye con el despido”. Asimismo, tumba el argumento de que los salarios de tramitación que le abonó la compañía fueron indemnización suficiente por el perjuicio sufrido.

Ahora bien, la Sala apunta que “no existe norma expresa que se refiera de manera específica al efecto que ha de tener en la relación de trabajo y en el derecho a las vacaciones del trabajador su readmisión efectiva después de un despido declarado improcedente”.

No obstante, avala la sentencia de contraste presentada por el demandante y considera que el tiempo desde que el empleado es despedido de forma improcedente hasta que se reincorpora ha de ser catalogado como tiempo de actividad laboral.

A pesar de que durante ese lapso no ha habido trabajo efectivo, agregan los magistrados, “no ha sido precisamente por la voluntad del trabajador”. La inactividad, por tanto, se debe en este caso a un acto ilícito de la empresa que debe subsanarse, lo que incluye reconocer al trabajador el derecho a las vacaciones no disfrutadas “debido a causas que en absoluto le son imputables”.


FUENTE : https://cincodias.elpais.com/



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¿Qué pasa si no contestas al móvil del trabajo en vacaciones?


¿Qué pasa si no contestas al móvil del trabajo en vacaciones?


No contestar al teléfono o al correo en vacaciones o durante nuestro periodo de descanso está protegido por ley. La "desconexión digital" protege a los trabajadores en su derecho a la intimidad personal y familiar.


Apagar el móvil cuando estás fuera del trabajo está reconocido por la Ley de Protección de Datos que entró en vigor en diciembre. Es la llamada "desconexión digital" que permite a los trabajadores y empleados públicos desconectar del trabajo en su tiempo de descanso, permisos y vacaciones.

La ley expone que "los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digitala fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal o familiar".

En esta norma se establece que este derecho será lo acordado entre la empresa y los trabajadores, es decir, atenderá a "la naturaleza y objeto de la relación laboral" y "potenciará el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar".

jueves, 11 de julio de 2019

Un juez ordena pagar jornada completa a trabajadores a tiempo parcial si no llevan registro horario


Un juez ordena pagar jornada completa a trabajadores a tiempo parcial si no llevan registro horario


Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León rubrica un nuevo 'empujón' a las empresas a cumplir con el registro horario fijado por el gobierno de Pedro Sánchez: "Ahora que el tema del registro horario 'está de moda', puede que la gente se esté planteando reclamar cosas que antes no"



"Si usted tiene la obligación de medir eso sobre lo que se discrepa, muéstrenos el medidor. De lo contrario, es que no tiene razón". Así resumen fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli la estela jurídica delineada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en una sentencia del mes de mayo.


La Sala de lo Social del Tribunal autonómico falló a favor de una trabajadora de Salamanca que a finales de 2018 presentó una reclamación contra El Puerto de Salamanca S.L. en favor del pago del que había sido su trabajo como el de una jornada a tiempo completo.


"No puede hacerse recaer sobre la trabajadora la carga de acreditar la realización de una jornada"

La empresa esgrimía que tenía un contrato a tiempo parcial. Sin embargo, requerida por la demandante para que muestre un registro horario de la labor de la empleada, la empresa sucumbió: no tenía pruebas de registro alguno. En ese caso, se "presume" que el empleado estuvo ocupado a tiempo completo, según la sentencia del Tribunal.

"La demandante presta servicios para la empresa El Puerto de Salamanca S.L. con una antigüedad de 8 de noviembre de 2017 con categoría profesional de camarera percibiendo en nómina un salario de 120,58 euros brutos sin incluir plus transporte para una jornada a tiempo parcial que era la pactada en el contrato, si bien realizaba una jornada completa de 40 horas semanales debiendo percibir un salario según convenio de 1221,71 euros mensuales", enuncia la sentencia.

"Ante la injustificada falta de aportación del registro de jornada pese a la iniciativa probatoria de la parte actora y, con ello, la ausencia de acreditación de su existencia, claro indicio de incumplimiento de las obligaciones que en esta materia corresponde a la empresa, no puede hacerse recaer sobre la trabajadora la carga de acreditar la realización de una jornada", concluye la resolución antes de ordenar el pago a la empresa de lo reclamado por la trabajadora más un recargo del 10% por intereses de demora.

Fuentes jurídicas consultadas por este medio explican que la resolución no aporta en sí nada especialmente novedoso desde el punto de vista jurídico pero inciden en que este tipo conflictos "no ha sido hasta ahora habitual".


"Ahora que el tema del registro horario 'está de moda', puede que la gente se esté planteando reclamar cosas que antes no"


"La sentencia da cuenta de una nueva forma de hacer que las empresas cumplan con su obligación del registro".
Multas


Dichas multas pueden ascender desde los 625 hasta los 6.500 euros, una cifra que se queda a medio camino entre la postura de los empresarios - reacios al registro - y la de los sindicatos - partidarios de multas más 'aleccionadoras'.


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lunes, 8 de julio de 2019

Trabajo saca a licitación por casi 4 millones la vigilancia en el CETI


Trabajo saca a licitación por casi 4 millones la vigilancia en el CETI

El servicio de seguridad deberá contar con, al menos, con 10 trabajadores en cada turno y estos deberán hablar idiomas


Contar con trabajadores que sepan comunicarse en árabe, francés o inglés, así como disponer de personal para hacer registros a mujeres, son algunos de los requisitos para hacerse con el contrato del servicio de seguridad y vigilancia del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Un servicio para el que el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha dispuesto un presupuesto de 3.522.736 euros y cuyo proceso de licitación se ha reabierto ahora tras corregir un error en la cifra del presupuesto final con IPSI.


Entre los requisitos que deberá cumplir la adjudicataria está que el total de efectivos sea de 40 vigilantes fijos. Además, el adjudicatario pondrá a disposición del CETI una bolsa de 3.000 horas de trabajo disponibles al año para casos de necesidad.


Mientras, los turnos se dividen en tres -de 07:00 a 15:00 horas; de 15:00 a 23:00 horas; y de 23:00 a 07:00 horas- y cada uno deberá contar con diez vigilantes. Además, se deberá garantizar que en cada turno, al menos, la mitad de los vigilantes conozca los idiomas árabe y francés o inglés a nivel oral así y de que haya al menos, una vigilante para registros a las mujeres residentes.


También se recoge en el contrato cómo ante situaciones de determinada importancia y magnitud, y si la dirección del CETI lo considera necesario, la empresa adjudicataria deberá estar en condiciones de proporcionar, de forma inmediata, los refuerzos de personal que sean adecuados para garantizar la seguridad.


Entre las tareas que deberán llevar a cabo los responsables de seguridad está la del control de acceso al centro, pero también revisión de documentación, control de identidad de visitantes, funcionarios y personal laboral; rondas interiores y exteriores dentro del recinto de las dependencias del CETI; o Participación activa disuasoria y, en su caso, reductora y de contención en cualquier incidencia, altercado o conflicto.


Ombuds no paga la nómina de junio a 7.500 vigilantes y culpa a la banca


Ombuds no paga la nómina de junio a 7.500 vigilantes y culpa a la banca

La tercera empresa de seguridad de España necesita imperiosamente liquidez y negocia con los bancos. Los trabajadores no han cobrado el mes de junio.


Ombuds Compañía de Seguridad S. A., la tercera empresa de seguridad privada de España -después de Prosegur y Securitas- solicitó la pasada semana acogerse al capítulo 5 bis de la ley concursal, debido a las deudas que acumula con Hacienda y con la Seguridad Social.

La compañía no ha pagado la nómina de junio de los 7.500 vigilantes activos por la negativa de la banca de renovar las líneas de circulante. La empresa está negociando con el pool bancario con el que tiene las deudas (Santander, Popular, Bankia y Caixabank) la renovación de las líneas de factoring para la empresa, que fueron unilateralmente suspendidas por la banca.

Los grupos de WhatsApp de los vigilantes están que arden e intentan confirmar sin éxito si alguien ha cobrado, pero cada día que pasa el pesimismo crece, al igual que la desesperación de 7.500 familias. Algunos han empezado a no cumplir con sus jornadas y horarios y a desatender los servicios de vigilancia.


Mediante la solicitud de este apartado que prevé la ley concursal, y que Ombuds solicitó el pasado 30 de junio, las empresas solicitan más tiempo para poder atender a los pagos. En este caso, tanto Hacienda como la Seguridad Social se muestran favorables a dar facilidades a la empresa de seguridad, de acuerdo a fuentes conocedoras de la situación.

Negociaciones


El director general de Ombuds, Rodrigo Cortina, controla el 25% de la compañía mientras que el fondo JTI controla el resto. A pesar de tener una buena actividad ordinaria, con un ebitda previsto de 12 millones de euros, las dificultades de liquidez que son consustanciales a las empresas del sector de seguridad privada -y que han llevado a la quiebra de otras grandes del sector como Segur Ibérica– están afectando a la empresa de seguridad madrileña.

El pasado viernes, la rumorología en la compañía era intensa y los empleados no habían cobrado su nómina este viernes y muchos temen que el pago de los salarios pueda retrasarse bien entrada esta semana.

Escalada

Ombuds ha subido en los últimos años varios escalones en el ranking de empresas de seguridad en España, obteniendo un meritorio tercer puesto.

Según el ranking de empresas de eInforma y El Economista, Prosegur lidera claramente el mercado con 1.870 millones de euros de facturación de sus principales divisiones (seguridad privada, alarmas y furgones de efectivo) y Securitas es el segundo grupo con 402 millones de euros de ventas. Inmediatamente después, y superando a clásicos del sector como Eulen, viene Ombuds, una compañía que hasta hace unos años apenas entraba en el top ten por facturación de España y que creció tras la adquisición de Castellana de Seguridad (Casesa) en 2015.

Deuda con Hacienda

Fuentes del sector informan de que a Ombuds le está siendo muy duro levantar cabeza en los últimos trimestres. El motivo es una pescadilla que se muerde la cola de deuda con Hacienda, retrasos en los pagos a sus empleados y pérdida de contratos por causa de la deuda con Hacienda.

Según la última lista de morosos publicada la pasada semana por la Agencia Tributaria, el grupo de Rodrigo Cortina debe 4,3 millones de euros a Hacienda: 2,8 millones a través de Ombuds Compañía de Seguridad SA y 1,5 a través de Ombuds Servicios SL.

Estos impagos con el fisco están haciendo que la empresa no pueda acudir a nuevos contratos, e incluso que la Agencia Tributaria le ha embargado algunas de las cuentas. Por ejemplo, Ombuds tiene embargado el contrato que tiene con Carrefour, uno de los más importantes de la empresa, por las deudas que tiene con Hacienda. De este modo, los pagos de las empresa francesa dirigida en España por Rami Baitiéh por los servicios de seguridad privada de Ombuds van directamente al departamento dirigido en última instancia por la ministra María Jesús Montero.



miércoles, 3 de julio de 2019

Echan en falta 720.309 euros de unas cámaras que custodiaba Seguridad Integral Canaria


QUIEN ROBA A UN LADRÓN TIENE ............

La entidad sueca que ha comprado la división de transporte de fondos de Seguridad Integral Canaria ha detectado que en las cámaras acorazadas que gestionaba y custodiaba la empresa canaria faltan 720.309 euros. El anterior accionista mayoritario de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, que se desvinculó de la empresa hace meses, corroboró ayer la existencia de ese problema en las cámaras acorazadas durante su declaración en el juicio que se sigue contra el magistrado de la Audiencia de Las Palmas Salvador Alba.



Cuando las acusaciones le preguntaron por qué sus empresas se han querellado contra el nuevo consejero delegado de Seguridad Integral Canaria, su antiguo socio Héctor de Armas, Ramírez explicó que porque han detectado indicios de que cometió varios delitos. En concreto, su grupo de empresas ha denunciado a De Armas por administración desleal, por una posible estafa y por un descuadre en las cámaras acorazadas, cuya cuantía Ramírez no pudo precisar al tribunal, pero que sí dijo que rondaba los 700.000 euros.


AUDITORÍA DE EMPRESA . 

 Se ha informado en una rueda de prensa de esta "sustracción" detectada en una auditoría por la empresa Loomis, del grupo Securitas, que desde el 1 de julio desarrolla el servicio de transporte blindado que hacía Seguridad Integral tras subrogar a 200 trabajadores y hacer frente a la deuda que dejó la empresa canaria.

FUENTE : http://www.rtvc.es/noticias/