Nuevo “sindicalismo” para acabar con los derechos laborales
Vicente Sánchez Jiménez
La reforma laboral llevada a cabo por el Gobierno en 2012 supuso un cambio radical en el marco regulador de las relaciones laborales en España, y si bien su aplicación ha tenido reflejo en todos los sectores de actividad, el sector de la seguridad privada representa un ejemplo paradigmático de la degradación de las condiciones de trabajo que la nueva norma supuso.
Este sector ha estado durante los últimos meses en el candelero informativo, debido al significativo número de conflictos colectivos, con importantes movilizaciones e incluso huelgas en algunos servicios. Sin embargo, el entramado que ha hecho posible la degradación que se ha vivido en estos años es bastante más complejo e incluso, una vez estudiado, difícil de entender. Analicemos algunos de los factores que han contribuido a esta situación.
La reforma laboral modificó el peso normativo que tenían los convenios generales de carácter estatal, basculando en favor de los acuerdos de empresa, que pasaron a tener prioridad de aplicación en determinadas materias claves, entre ellas las retribuciones, las cuales pueden en la actualidad fijarse por debajo de las establecidas en el convenio sectorial de referencia.
Este cambio legislativo ha venido acompañado de la proliferación de “sindicatos independientes y de empresa” en bastantes sectores, en seguridad privada particularmente. Pues bien, precisamente este tipo de organizaciones han promovido en muchos casos la regresión salarial y de derechos laborales de trabajadoras y trabajadores.
¿Cómo es posible? Veamos el caso más reciente de la empresa de seguridad Ariete, aunque es una situación que ya se ha vivido en otras empresas de seguridad como Alerta y Control, Grupo Control, Sinergias o Marsegur.
El pasado 6 de noviembre la Dirección General de Empleo registraba y publicaba un convenio colectivo para Ariete de Seguridad que regulaba las condiciones de trabajo y salarios de sus trabajadores y trabajadoras en todo el Estado, con vigencia desde el 1 de Enero del 2018 hasta el 31 de Diciembre del 2021. Este acuerdo ha supuesto importantes retrocesos en derechos y salarios respecto al convenio estatal vigente negociado por los sindicatos mayoritarios.
¿Quién ha dado el visto bueno para este convenio, condenado a unas pésimas condiciones laborales a cientos de trabajadores y trabajadoras de Ariete? Un "sindicato" llamado Sindicato Independiente de Trabajadores de Ariete (SITA), entidad que no aparece registrada en el Depósito de Estatutos de Organizaciones Sindicales y Empresariales del Ministerio de Empleo —al menos no con ese nombre— pero que, sin embargo, ha firmado, junto a la dirección de la empresa, un convenio vinculante para toda la plantilla.
Con la aplicación de este convenio, Ariete está convirtiendo a sus profesionales en trabajadoras y trabajadores pobres a la manera que lo han venido haciendo otras empresas como Marsegur o Sinergias, pasando a formar parte de ese grupo de entidades explotadoras a las que ningún asalariado o asalariada del sector quiere ser subrogado.
Para la plantilla de Ariete habría sido mucho más conveniente no negociar un convenio de empresa, al menos que fuera para mejorar las condiciones del convenio estatal que ya les cubría. Sin embargo, la reforma laboral del Gobierno está permitiendo a este tipo de empresas tener su propio convenio, con prioridad sobre el convenio estatal, situación que aprovecha la dirección en connivencia con estos mal llamados “sindicatos” para reducir los salarios y derechos de sus trabajadores.
Así, la paradoja que estamos viviendo es que algo que se autodenomina sindicato está sirviendo para revertir y recortar derechos laborales. Son estos "nuevos sindicatos”, surgidos al calor del poder conferido por la reforma laboral para negociar en los ámbitos de empresa condiciones inferiores a las del sector, los firmantes de acuerdos que van en contra de los convenios estatales acordados por sindicatos de clase, mayoritarios en el ámbito de la seguridad privada y en todos los sectores socioeconómicos del país, siendo usados para destruir y menoscabar los derechos laborales adquiridos durante décadas de negociación y lucha.
Es difícil entender los motivos que guían a quienes llevan a cabo estas negociaciones que perjudican, en principio, sus propias condiciones laborales, además de las de sus compañeras y compañeros, y no podemos más que entristecernos e indignarnos imaginando lo que no puede ser otra cosa más que intereses personalistas.
En cualquier caso, aunque al sindicalismo confederal nos pongan cada vez más trabas, seguiremos en la lucha diaria, instando a la Audiencia Nacional a declarar la nulidad de este tipo de acuerdos, que dañan aún más las condiciones laborales e impiden que la salida de la crisis llegue a trabajadoras y trabajadores con la recuperación adquisitiva de sus salarios.
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