La gestión del PNV de Barakaldo provoca indemnizaciones superiores a los 100.000 € por el despido improcedente de 5 Vigilantes de Seguridad Privada
Como ya denuncio CCOO de Construcción y Servicios de Euskadi en el Ayuntamiento de Barakaldo, los 5 vigilantes de Seguridad Privada no subrogados por culpa de los pliegos del PNV han sido juzgados como despidos improcedentes.
El Equipo de Gobierno del PNV ignoro su obligación de exigir el cumplimiento de la cláusula de subrogación a la empresa adjudicataria del servicio de seguridad privada DELTA SEGURIDAD, lo que unido a la exclusión del contrato de vigilancia al servicio de la finca Munoa, ha provocado hasta la fecha el despido de 5 Vigilantes.
Esta situación ha evidenciado la veracidad de las denuncias de CCOO Construcción y Servicios de Euskadi sobre la política de contratación del Gobierno de Amaia del Campo (PNV) basada en la subasta de los servicios adjudicando estos al mejor postor y sin importarle los derechos laborales y el empleo del personal adscrito a estos servicios desde hace años.
CCOO de Euskadi ha planteado al Equipo de Gobierno en numerosas ocasiones la necesidad de licitar los contratos públicos con una dotación económica suficiente que permita asegurar la adecuada prestación de los servicios y garantizar el empleo y las condiciones laborales del personal de los mismos.
El PNV se comprometió a pedir explicaciones a la empresa adjudicataria del contrato, DELTA SEGURIDAD S.A., sobre el cumplimiento de la cláusula de subrogación y sin que hasta la fecha nos conste qué sé haya hecho nada al respecto. Las propuestas formuladas por CCOO de Construcción y Servicios estaban basadas en informe económico sobre el precio de licitación y el coste real del contrato.
CCOO denuncio ante el Juagado de lo Social la improcedencia del despido y el juzgado nos ha dado la razón, suponiendo más de 100.000€ a los 5 vigilantes no subrogados.
El pago de las indemnizaciones por una mala gestión de este Ayuntamiento en la contratación provocará a futuro dificultades económicas en las empresas, afectando a la adecuada prestación del servicio y el mantenimiento del empleo y las condiciones laborales de su personal.
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