La compañía que fue presidida por el
exministro Pedro Morenés se deja una docena de contratos desde que anunció el
expediente de regulación de empleo el pasado noviembre
La tercera compañía de seguridad privada del país, Segur
Ibérica, ha entrado en un proceso de liquidación. Así lo refleja la propia
sociedad en el Registro Mercantil, donde aparece también la apertura del
concurso que inició la compañía el pasado 22 de diciembre. La
firma presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) en noviembre
que en principio -según afirmó la compañía- no iba a afectar a toda la
plantilla (4.000 empleados), sino a un reducido número de trabajadores, extremo
que ha quedado ahora en evidencia al decretarse el proceso de liquidación.
La empresa, que fue presidida por el exministro Pedro
Morenés antes de su entrada en el primer Gobierno de Mariano Rajoy, es parte
delGrupo Segur, que en 2015 facturó 237,95 millones de euros, un 5,7% más que
el año anterior, y cuenta con un total de 7.800 empleados. Sin embargo, desde
que anunció el ERE, la mercantil ha reducido considerablemente sus ingresos. En
concreto, desde noviembre, ha perdido contratos que le suponían rentas
superiores a los 40 millones de euros.
Las adjudicaciones que se ha dejado por el camino Segur
Ibérica en estos últimos cuatro meses las había otorgado Adif (12 millones de
euros), Aena (11,3 millones), Acciona (5 millones), Museo del Prado (4), Mutua
Madrileña (2,1), Universidad de A Coruña (1,2), EDP España (1,2), Viesgo (1,2),
ENCE (822.000 euros), Lidl (593.000), Cellnex (500.000) y Media Mark (360.000).
Todas ellas han sido ahora entregadas a otras empresas de seguridad. La más
reciente, la del Museo del Prado, que ha sido concedida a Prosegur, principal
grupo del sector con una facturación de 896 millones de euros en 2015.
La crisis de Segur Ibérica se ha producido en un contexto
complejo para el sector. El incremento de las denominadas empresas pirata
-llamadas así por los sindicatos por conseguir contratos presentando ofertas
muy baratas a costa de reducir los
salarios de los trabajadores por debajo de convenio, una
práctica fomentada por la reforma laboral- ha afectado al resto de compañías,
algunas de las cuales han sucumbido y acabado funcionando igual. Entre estas
últimas está Segur Ibérica, que durante los últimos años ha optado por tirar
los precios para conseguir algunos contratos.
Desde el mes de noviembre, la compañía ha perdido contratos
que le suponían rentas superiores a los 40 millones de euros
La principal patronal del sector, Aproser ha criticado duramente la reforma laboral que
permitía este tipo de prácticas a base de bajar el sueldo hasta cantidades
ridículas. De hecho, ha exigido que todos sus asociados paguen por
encima de convenio si quieren seguir vinculados a la asociación, requisito que
no quiso abrazar Segur Ibérica, que decidió abandonar la patronal. Tanto la
presión ejercida por Aproser como la de algunas organizaciones sindicales contra las empresas piratas parece estar empezando a ser
escuchada por las administraciones públicas, que son las principales
adjudicatarias de servicios de seguridad privada. Al menos por algunas. La
Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha revisado los
baremos de adjudicación de contratos de seguridad de sus
edificios después de que decenas de vigilantes se pusieran en huelga por la
concesión de los servicios de la Consejería de Presidencia y Justicia a la
mercantil 'pirata' Sinergias, que nada más hacerse con la adjudicación bajó el
sueldo a los empleados que subrogó un 40%.
Adif, con 12 millones de euros, o Aena, con 11,3 millones,
son algunas de las adjudicaciones que se dejó por el camino en los últimos
cuatro meses
La reforma de los criterios emprendida por esta pequeña
parte del sector público implica reducir el peso del factor precio en la
adjudicación para que las empresas que se descuelgan del convenio tengan menos
posibilidades de ganar el concurso e incrementar el de la oferta técnica, más
centrada en la prestación de un servicio profesional. En esta línea, de hecho,
Prosegur, por ejemplo, acaba de ganar el concurso del Museo del Prado. La
mercantil contaba precisamente con el mejor informe técnico, episodio que hace
pensar en la existencia de un cambio real de sensibilidad por parte de algunos
contratistas públicos.
En este cambio de tendencia en la contratación también ha influido la lucha en los tribunales que los sindicatos han emprendido contra las empresas pirata como Seguridad Integral Canaria,
Falcon, Magasegur, Protección y Seguridad Galaica, LPM Seguridad Alerta Control ,o la ya
extinta Esabe, que además de tirar los precios, según el sindicato, han
defraudado a la Seguridad Social más de 80 millones de euros, como ha
reconocido la propia Agencia Tributaria en los diferentes procesos judiciales
que se siguen contra estas mercantiles.
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