viernes, 29 de marzo de 2019

Suecia estrena la jornada laboral de 6 horas sin bajar los sueldos


Suecia estrena la jornada laboral de 6 horas sin bajar los sueldos



Los altos cargos suecos creen que una reducción en las jornadas laborales mejoraría notablemente la salud física y mental de todos los trabajadores.

Mejorando en esos aspectos, se estima que también mejore el rendimiento de las empresas. Suecia está llevando a cabo esta medida, en donde se reduce la jornada laboral a 6 horas de trabajo y se mantienen los mismos salarios.

Los primeros resultados de este experimento están siendo muy positivos, y se ha mejorado notablemente la productividad de la mayoría de las empresas.

Esta interesante propuesta se llevará a cabo empezando con los trabajadores municipales de Gotemburgo y también hacen difusión de ella los partidos de izquierda del país.

Esta iniciativa estará vigente por algunos meses de “prueba” y en caso de seguir funcionando tan bien como lo está haciendo, se tomará una decisión legislativa.

Hay muchas posibilidades de que esta decisión sea positiva, lo cual sería un hecho histórico y un ejemplo a seguir por muchos países.


vigilante agredido por 20 'menas'


El vigilante agredido por 20 'menas': «Me patearon en el suelo todo el cuerpo»


El vigilante agredido por 20 'menas' en Hortaleza dice que su trabajo es frustrante



Los efectos de la paliza aún son visibles en su cara. Tiene los párpados hinchados, la nariz ensangrentada y el cuerpo molido a golpes. Jaime, nombre figurado del vigilante agredido el pasado domingo por más de 20 menas, se recupera poco a poco del ataque de la turba de adolescentes del centro de menores de Hortaleza. «Y podría haber sido peor», dice el empleado de seguridad, que tras varios años de trabajo en el centro es la primera vez que es agredido de forma tan brutal. «Habían golpeado a educadores, pero a los vigilantes de esta forma, nunca».

Los internos, algunos de ellos magrebíes que habían sido castigados por su mal comportamiento, le propinaron golpes en la cara y le patearon en el suelo cuando él y otro vigilante intentaron impedir que saliesen de su habitación.

La agresión ocurrió a última hora de la jornada en el centro de primera acogida de menores de Hortaleza donde ingresan los chicos en desamparo que llegan a la capital.

A las 23.30 horas del pasado domingo el vigilante fue avisado al detectarse un grupo de internos muy agresivo que trataba de entrar en una zona que tenían restringida. «Los chicos estaban castigados y no podían moverse, pero salieron y subieron a otras estancias donde tenían prohibido entrar. Pensamos que querían ir a por alguna sustancia, estaban muy alterados, como si hubiesen inhalado pegamento», recuerda el vigilante.

«Al tratar de impedirles el paso uno me golpeó por la izquierda y otro me dio un puñetazo por la derecha. Empecé a sangrar y vino otro y me dio otro golpe que me tumbó. En el suelo me patearon todo el cuerpo. No me dio tiempo ni a pedir auxilio por la malla (la emisora) y perdí el conocimiento», señala el vigilante.

Cuando se despertó estaba siendo atendido por los médicos y ya habían llegado los agentes de la Policía Nacional.

FISCALÍA DE MENORES

Solo los tres primeros agresores fueron identificados y denunciados por el ataque ante la Fiscalía de Menores.

«Nos habían amenazado e insultado pero esta agresión tan salvaje nunca había ocurrido», relata el empleado, que asegura que, pese a todo, volverá el próximo sábado al recinto a su puesto de trabajo si le dan el alta médica. «No tengo miedo de volver pero sí es un poco frustrante tener que enfrentarme de nuevo a ellos», señaló.

Mientras que los vigilantes reclaman más medios y seguridad los educadores del centro de menores también piden que se mejoren los recursos y que se trate de forma terapéutica y especializada al grupo de menores que protagonizan los incidentes y que «inhalan pegamento y disolvente». «Estamos desbordados, lo ocurrido al vigilante es el colofón al hacinamiento del recinto y aquí no tenemos recursos para atender a algunos menores con este tipo de adicciones», explicó con desánimo uno de los educadores. «En el último año el 65% de los trabajadores del centro ha estado de baja y esto es intolerable, aunque es cierto que se han tomado medidas, son insuficientes», agregó otro compañero.

La Comunidad de Madrid niega que el centro esté saturado. Asegura que en el recinto hay dos centros, «uno el de Hortaleza con capacidad para 52 personas (17 de ellas plazas de reciente creación) y otro el Isabel Clara Eugenia con capacidad para 93 (38 de estas plazas nuevas)».

Añade el Gobierno regional que se está «haciendo un enorme esfuerzo, con presupuesto propio, para atender la llegada de estos menores extranjeros no acompañados y que se ha ampliado la red estable y el contrato de más plazas de emergencia con entidades especializadas». Agregan que se «han creado, en total, más de 200 plazas y en breve se aprobará una nueva declaración de emergencia con más de 40 nuevas plazas».

Además, la Comunidad de Madrid señala que se han tomado "todas estas medidas a pesar de que el Gobierno de Sánchez ha mirado para otro lado en la crisis de los menas, consecuencia directa de su incapacidad para abordar el problema de las crisis migratorias y que ha hecho que desde que empezó 2019, hayan llegado a nuestra región 652 menores extranjeros no acompañados (casi 1.600 en 2018)".

Por último, señala la Consejería que "la seguridad en este centro se ha reforzado coincidiendo con los momentos de más ocupación y, actualmente, aunque la sobreocupación ha disminuido notablemente, el número de efectivos de seguridad privada se ha mantenido idéntico, siempre atendiendo a lo demandado por la dirección del centro".

"Tras lo sucedido el pasado fin de semana, hemos contactado con la Dirección del Centro y no nos ha solicitado más vigilantes de seguridad. Solo nos ha pedido un educador más para el turno de noche, que vamos a atender", insisten desde la Comunidad.

No obstante, como dijo ayer el vicepresidente regional, el Ejecutivo autonómico "está en continua conversación con los responsables de los centros de menores por si fuese necesario reforzar las medidas de seguridad o incrementar el número de efectivos dedicados a las tareas de vigilancia".

La Universidad ofertará el Grado en Privada el próximo curso


La Universidad CEU Cardenal Herrera ofertará el Grado en Seguridad Pública y Privada el próximo curso


A partir de septiembre, será posible estudiar en Valencia un grado en Seguridad pionero, el segundo de sus características en España, con una decidida orientación profesional. De modalidad presencial y carácter oficial, el Grado en Seguridad Pública y Privada de la Universidad CEU Cardenal Herrera supone una oportunidad formativa inmejorable para los jóvenes preuniversitarios que aspiran a trabajar en el ámbito de la seguridad y para los profesionales del sector que quieren avanzar en su carrera. Unos profesionales que pueden convalidar hasta un 15% de los créditos del grado, en función de su experiencia o estudios previos.



Conforme superen las primeras asignaturas, los alumnos estarán oficialmente capacitados para trabajar en el sector, ya sea solicitando la homologación de la TIP para ejercer profesionalmente como directores o jefes de seguridad privada, formando parte de las bolsas de trabajo convocadas por los juzgados o recibiendo formación específica para superar las pruebas 7/o solicitando la homologación de numerosos títulos o tarjetas habilitantes, como OPAP, OPIP, AVSEC y Consejero de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril.

En el plano de la seguridad pública, el grado del CEU también proporciona una formación especializada de calidad para enfrentarse, en las mejores condiciones, a los procesos selectivos de los distintos cuerpos de seguridad. Y es que el plan de estudios está diseñado para que los contenidos más relacionados con la seguridad pública coincidan en gran parte con las materias exigidas en los temarios de los procesos selectivos, y las concentra, además, en los dos últimos años de carrera.

miércoles, 27 de marzo de 2019

Un paciente agrede a seis trabajadores


Un paciente agrede a seis trabajadores del servicio de Urgencias del Hospital Universitario Infanta Sofía antes de ser reducido
El paciente golpeó a dos enfermeras, dos auxiliares y un vigilante
Desde los sindicatos denuncian falta de seguridad ante estos casos




La dirección del centro hospitalario argumenta que en todas las instalaciones hay pulsadores antipánico.

La propia dirección del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes ha confirmado a SER Madrid Norte que este lunes en el Servicio de Urgencias un paciente varón en estudio por deterioro psiquiátrico agredió a varios de los profesionales del centro. En concreto a dos enfermeras, dos auxiliares y un vigilante de Seguridad.

La dirección ha indicado que ha acompañado a estos trabajadores en todo momento, se ha activado el Protocolo de Procedimientos del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y se les ha ofrecido la Asesoría Jurídica del Hospital. Los trabajadores tras ser atendidos fueron dados de alta con pronóstico leve.

Actualmente en el servicio de Urgencias hay un vigilante de seguridad durante las 24 horas del día. Este vigilante está conectado con el centro de control y puede pedir un refuerzo inmediato ante cualquier incidencia.

Medidas “insuficientes” para la delegada de Comisiones Obreras en el Hospital, Elena Cabrerizo. El sindicato entiende que este tipo de incidentes demuestra la “desprotección” de los trabajadores.

Detenido por robar en un establecimiento tras amenazar al vigilante de seguridad


Detenido por robar en un establecimiento tras amenazar al vigilante de seguridad que lo descubrió
El detenido ha sido identificado como un varón de 46 años que ya contaba con numerosos antecedentes anteriores por diversos delitos


Europa Press 26.03.2019 | 18:33






Agentes de la Policía Nacional han detenido en A Coruña a un hombre por robar con violencia e intimidación diversos efectos en un establecimiento. El arrestado, al verse sorprendido por el vigilante de seguridad, se puso violento y le amenazó con sacarle un "pincho" que llevaba y matarle.


Según ha informado la Policía Nacional, un vigilante de seguridad que prestaba servicio en la zona centro de la ciudad observó a un varón que entraba y salía de un establecimiento. A dicha persona, añade, ya le conocía de cometer hurtos en ocasiones anteriores, por lo que llamó a la Policía e intentó pararle para comprobar si llevaba efectos sustraídos.



El arrestado, al verse sorprendido por el vigilante de seguridad, comenzó a "ponerse agresivo", destaca la Policía, y le amenazó diciendo que iba a sacar el "pincho" que llevaba y le iba a matar. Poco después emprendió la huida.


El vigilante consiguió alcanzarlo y comenzaron a forcejear. En ese momento, según el relato policial, llegaron agentes policiales y ayudaron a inmovilizar al hombre, "que mostraba un comportamiento bastante agresivo y no paraba de gritar", concretan las mismas fuentes.


Los agentes le identificaron y comprobaron las pertenencias que tenía en la mochila, en la que llevaba dos bolsas "faraday ya preparadas para burlar las alarmas de los arcos de seguridad de las tiendas", asegura la Policía. En su interior tenía unos alicates, varios productos de cosmética y unas prendas de ropa de diferentes marcas, entre otros efectos.


A raíz de estos hechos, y tras las comprobaciones, los agentes procedieron a la detención de este varón como presunto autor de un delito de robo con violencia/intimidación. Los viandantes que pasaban por el lugar y vieron lo ocurrido "comenzaron a aplaudir de manera espontánea la actuación de los agentes", abunda la Policía.


El arrestado fue trasladado a dependencias policiales donde se tramitaron las diligencias por los hechos. El detenido ha sido identificado como un varón de 46 años que ya contaba con numerosos antecedentes anteriores por diversos delitos. Una vez finalizado el atestado policial, fue puesto a disposición de la autoridad judicial.


Detenido un matrimonio acusado de llevar armas para las que no tenían licencia


SEVILLA: Detenido un matrimonio en Alcalá de Guadaíra acusado de llevar armas para las que no tenían licencia



Supuestamente ejercían la vigilancia de una nave industrial del polígono Espaldillas.



La Policía Nacional ha detenido a un matrimonio acusado de llevar varias armas para las que no tenían licencia cuando supuestamente ejercían la vigilancia de una nave industrial del polígono Espaldillas, en Alcalá de Guadaíra.

Según ha informado la Policía en un comunicado, en uno de los operativos dedicado a la detección del intrusismo en el ámbito de la vigilancia privada, los agentes se desplazaron hasta una nave industrial del polígono Espaldillas donde detectaron la presencia de un varón que se identificó como el vigilante de la nave que custodiaba.



Cuando los investigadores le solicitaron su identificación, éste les informó que no estaba habilitado como vigilante, a la vez que trataba de distraer la atención de los policías, mientras su esposa guardaba a toda prisa en una bolsa varios efectos, que al darse cuenta los agentes, descubrieron que lo que había ocultado en la bolsa era una escopeta de cañones recortados, un llavero pistola, así como doce cartuchos de caza y siete balas del calibre 6,35 para municionar el llavero, que fueron intervenidas. Por ello, la Unidad de Seguridad Privada de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Sevilla inició los trámites solicitando a estos dos detenidos, la incoación de un procedimiento sancionador en el ámbito de la vigilancia y protección de bienes.



lunes, 25 de marzo de 2019

La Policía investiga a funcionarios de la Comunidad de Madrid por acoso a vigilantes




La Policía investiga a funcionarios de la Comunidad de Madrid por acoso a vigilantes
Varios trabajadores denuncian que altos cargos adscritos a Presidencia dan órdenes que no les corresponden, presionan y hasta se hacen dar masajes




Un vigilante de seguridad de la Comunidad de Madrid da un masaje a uno de los funcionarios investigados por la Policía. EL INDEPENDIENTE


La Policía está investigando la actitud de varios funcionarios de la Comunidad de Madrid con la empresa de seguridad adscrita a la dirección de Presidencia, que depende directamente del presidente regional Ángel Garrido. En concreto, la Unidad Central de Seguridad Ciudadana, dependiente del Cuerpo Nacional de Policía, indaga casos de acoso y negligencia entre estos cargos y la empresa Sasegur, perteneciente al Grupo Control. Sasegur es la firma contratada desde hace al menos cinco años para labores de vigilancia en la sede de Presidencia, situada en la Puerta del Sol.

Según la documentación obtenida por este medio, dicha unidad lleva desde finales de 2018 interrogando a testigos e investigando el papel de estos funcionarios. Tres de ellos son el técnico especialista y responsable de Seguridad de la Comunidad Pablo Aledo el técnico de Seguridad Pedro Meroño y el supervisor Carlos Correcher. Hay testimonios asegurando que estos cargos autonómicos violan la Ley de Seguridad Privada y se personan en lugares que no deben y dar órdenes que no les corresponde; grabaciones acosando y amenazando con despedir a vigilantes; fotos en las que se ve a empleados de seguridad privada dándoles masajes en horarios de trabajo, y otras actuaciones de carácter negligente.


Una delegada sindical y jefa de equipo fue presionada por su actividad en el comité

En las grabaciones -este medio posee varias- se escucha a alguno de los tres funcionarios extralimitándose con los empleados: en Presidencia de la Comunidad trabajan como vigilantes aproximadamente medio centenar. En uno de los audios que ha obtenido este medio, una delegada sindical y a la vez jefe de equipo es presionada por su actividad en el comité de empresa. En otros audios se amenaza a otros compañeros con represalias como el despido. También hay fotos de vigilantes dando masajes a los altos cargos regionales.

En los testimonios recabados por la Brigada Central de Inspección e Investigación de la Unidad Central de Seguridad los testigos afirman que “las órdenes de puesto las transmiten estos señores a los propios vigilantes de seguridad, a los que en ocasiones directamente les recriminan su forma y manera de realizar su trabajo”. Según la Ley de Seguridad Privada, está prohibido que los vigilantes reciban órdenes de funcionarios. “Los técnicos de Seguridad de la Comunidad de Madrid antes citados le tienen prohibido a R.R. [encargado de Organización, Dirección e Inspección de Sasegur] el acceso a las instalaciones, facilitándole solamente el acceso hasta el cuarto de cámaras”.


Las órdenes las transmiten estos señores a los propios vigilantes de seguridad”

Otra acta de declaración policial recoge que “estos señores hacen un control férreo y severo sobre la mayoría de los vigilantes, sobre todo los que no son de su confianza”. “Por parte de técnicos de la Comunidad de Madrid” el testigo “quiere hacer constar que reciben órdenes para realizar funciones que cree que no corresponden al servicio de seguridad, tales como recepción y custodia de paquetes para altos cargos, haciéndoles responsables de la custodia de dichos envíos”.
Otro lío en el ayuntamiento

Alguno de los funcionarios investigado ha protagonizado antaño otras polémicas. Correcher fue señalado como conseguidor en un escándalo ocurrido en junio de 2016 en una empresa dependiente del Ayuntamiento de Madrid: el Grupo Ilunión (antigua ONCE) perdió un contrato de seguridad valorado en cinco millones de euros en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del ayuntamiento por no presentar la documentación tras ganar el concurso, tal y como publicó El Independiente en septiembre pasado. Las fuentes consultadas en ese momento apuntaron a Correcher como la persona que estaría detrás de la jugada. La adjudicación final se la llevó Castellana de Seguridad (Casesa).


Correcher, uno de los investigados, fue condenado en 2005 por acoso laboral

No es la primera vez que el nombre de Correcher aparece en alguna trama. Surgió en el escándalo de los espías de la Comunidad de Madrid, que actualmente está siendo juzgado. Y en 2005 fue condenado por acosar laboralmente a otro vigilante, al que insultaba sistemáticamente. La Comunidad de Madrid tuvo que abonar al denunciante 40.000 euros en concepto de indemnización y a distribuir una nota de disculpa entre los compañeros de la víctima.

Este medio se ha puesto en contacto con el gabinete de Presidencia de la Comunidad de Madrid el viernes para poder hablar con alguno de los investigados. Ninguno ha querido hacer declaraciones.