‘Viriato Seguridad’ Un empresario de
seguridad despide a sus empleados por
denunciar que cobran en ‘B’
La Policía asegura que se limitaron a colaborar con la
Justicia, que mantiene imputado al dueño de la mercantil por delitos contra la
Seguridad Social y la Hacienda Pública.
El propietario de la empresa de seguridad Viriato, José
L. M., despidió el pasado 10 de marzo a dos de sus empleados después de que
estos denunciaran ante la Policía Nacional que cobraban en dinero negro las
horas extraordinarias que echaban. En sendas cartas remitidas a los ya
extrabajadores, la mercantil les comunica a ambos el despido disciplinario y
argumenta que se lleva a cabo porque los dos han “transgredido la buena fe
contractual“. Las misivas aseguran que la sociedad toma esta decisión no por
colaborar con la Justicia, sino por “manipular imágenes, documentos y hechos a
sabiendas de que así, y a través de la autoridad policial, inferían un grave
daño de imagen a la empresa”.
El dueño de la mercantil, que se encuentra imputado por el
Juzgado número 1 de Molina de Segura (Murcia) por delito contra la Seguridad
Social y la Hacienda Pública gracias al testimonio de estos ahora exempleados,
acusa a los trabajadores de mentir en sus declaraciones, que apuntaban a que la
compañía les daba “dinero en efectivo en sobres pequeños de color marrón“,
extremo que la Policía considera confirmado en sus informes, basados en las
grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación de autobuses de
Cartagena, que captaron a dos vigilantes recibiendo las mencionadas entregas.
Entre 60 y hasta 500 euros
Las imágenes, concluye la Policía, “corroboran” que el pago
en negro se realiza en este recinto en los citados sobres, que cuentan con una
pegatina blanca donde se reflejan el nombre, los apellidos y la cantidad a
percibir por el vigilante en concepto de horas extra, que fluctuaba según el
mes. En concreto, se situaba entre los 60 euros de las épocas en las que menos
horas extras hacían los empleados hasta los 500 que en ocasiones
recibían en verano, cuando por necesidades del servicio tenían que trabajar más
tiempo.
La Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional deja
la puerta abierta a que Viriato —que opera principalmente en la Comunidad
Valenciana y Murcia— pueda haber incurrido también en un delito contra los derechos
de los trabajadores “por las condiciones infrahumanas de trabajo” a las
que fueron sometidos algunos trabajadores, como J. M. T., quien cobró 97 euros
al mes por 350 horas de trabajo, o J. A. G., a quien la empresa habría forzado
a firmar un documento en el que constaba que él se negaba a realizar un
reconocimiento médico.
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