Cospedal desoye al Parlamento y al Supremo al prorrogar los contratos con la empresa Marsegur

El Ministerio de Defensa ha vuelto a prorrogar, hasta abril de 2018, los contratos para la seguridad de sus instalaciones a la empresa ‘low cost’ Marsegur, ahora denominada Novo Segur. Lo hizo el pasado 22 de diciembre renovando los servicios para el Ejército de Tierra y tres días después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia de la Audiencia Nacional en la que declara nulo el convenio aplicado por esta empresa a sus trabajadores.

Dos meses antes, en septiembre, y a iniciativa de Unidos Podemos, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley (con el voto en contra del PP) instando al Ministerio a rescindir los contratos con dicha empresa. El gabinete de Cospedal se comprometió a aplicar este mandato parlamentario, pero precisó que la rescisión del contrato tardaría meses porque no es un procedimiento inmediato.

El caso es que mientras el Ministerio cumple con su palabra, los trabajadores contratados por esta empresa siguen sufriendo la vulneración de derechos laborales. A día 12 de enero, cientos de vigilantes de seguridad no habían cobrado aún sus nóminas. Estos retrasos que se han venido prolongando casi un año se suman a prácticas tan esclavistas como pagar 10 céntimos de euro la hora festiva trabajada.

Marsegur sigue aplicando a sus vigilantes un contrato fuera de convenio que ha sido declarado nulo por el Supremo y que por ello mismo prohíbe a la empresa (según la propia Ley de Contratos del Estado) mantener las mismas condiciones laborales. De entrada, supuso un recorte salarial de entre 400/500 euros al mes, es decir, de 1087 euros de sueldo base, pasaron a percibir poco más de 700 por el mismo trabajo que venían realizando hasta la fecha. Esta situación ha provocado que muchos trabajadores, sometidos a la presión y problemas derivados de todo ello, hayan causado baja por diferentes cuadros médicos, la mayor parte por cuestiones psicológicas, según denuncian los trabajadores. La falta de personal ha provocado que en algunos centros militares no se puedan cubrir algunos de los turnos de vigilancia.

Por todo ello, los trabajadores califican de “fraude de ley” la actuación del Ministerio de Defensa “puesto que una empresa que por sentencia firme tiene un convenio, o se acoge a un convenio ilegal que aplica de forma unilateral a sus trabajadores, no puede ser contratada o prorrogada en dicho contrato por una administración pública”, recuerdan y se preguntan “¿qué hay tras todas estas adjudicaciones, contrataciones y prorrogas al margen de la ley?” en alusión al empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de Seguridad Integral Canaria, grupo del que se cree que Marsegur es una de sus marcas blancas y vinculado al PP tal y como ha salido reflejado en prensa.

FUENTE : http://www.nuevatribuna.es/articulo