UN APLAUSO - UN CONVENIO
Seguridad Privada: A igual riesgo, iguales derechos para todos los sectores que están en primera línea de contacto
En el actual momento de pandemia mundial existen profesiones que se merecen un reconocimiento por parte de toda la sociedad, unos por salvarnos la vida o por cuidarnos y otros por conseguir que el virus no campe libremente efectuando para ello labores de desinfección y limpieza, o recogiendo los residuos para su posterior tratamiento. Pero hay colectivos que siendo igual de importantes, y habiendo sido declarados servicios esenciales en el contexto de esta crisis, pasan desapercibidos y hasta algunas veces son denostados. Nos referimos al sector de la Seguridad Privada
Las labores de seguridad que realizan, su colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el alto grado de riesgo de contagio que sufren, por su presencia en primera línea de contacto, son tan importantes que hacen que debamos tener un claro reconocimiento por los y las profesionales del sector.
En el sector de la Seguridad Privada trabajan en torno a 134.000 trabajadores y trabajadoras.
Actualmente debido al Estado de Alarma dicho colectivo está a disposición del Ministerio del Interior, llevando a cabo labores de vigilancia y control de centros sanitarios y hospitales, centros comerciales, residencias de ancianos, empresas, así como de las diferentes instituciones públicas.
Pese a la importante labor que deben desempeñar la realizan en condiciones precarias, al no poder garantizarse su salud debido a la escasez de medios de protección individuales.
CCOO de Construcción y Servicios solicitó hace semanas que “se les dotara inmediatamente de los recursos adecuados y de todos los medios disponibles para seguir desarrollando sus funciones, para garantizar tanto su seguridad como la de los colectivos con los que se interrelacionan. No cabe duda de que, de esta manera, se evitarían episodios de falta de control y medios como los que se están produciendo en lugares donde la atención a los ciudadanos es directa”.
CCOO de Construcción y Servicios solicita una mayor dotación de protección para los vigilantes de seguridad.
Por ello en esta edición especial sobre el personal de Seguridad Privada queremos denunciar determinadas acciones de sindicatos corporativos que, en su línea continuista de atacar a los sindicatos de clase, realizan declaraciones que faltan a la verdad en las que declaran que no consideramos a este sector como colectivo de riesgo a la hora de exponerse y contraer el COVID-19 y los dejamos desamparados a la hora de solicitar los EPIs adecuados. Con esta reprobable actitud por parte de dichos sindicatos, lo único que vienen a constatar es que para ellos todo vale de cara a obtener probables réditos, sin importarles en realidad la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras del sector, ni la del conjunto de la población en general.
Se trata además de un sector que durante mucho tiempo ha padecido el intrusismo de empresas más preocupadas por el beneficio que por la salud y condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras, de lo cual han sido cómplices las diferentes administraciones adjudicatarias que después de las advertencias y posteriores denuncias de CCOO de Construcción y Servicios, siguieron adjudicando los contratos a dichas empresas “piratas”
Afortunadamente la nueva Ley de Contratos del Sector Público vino a paliar este hecho, exponiendo en su Anexo IV que, en los contratos de Seguridad Privada, a la hora de aplicar los criterios de adjudicación, la calidad ha de representar más del 51% mientras que el precio como máximo debe suponer el 49%. Desde CCOO de Construcción y Servicios sumamos fuerzas para poder trasladar, entre otros temas, dicha aportación a todos los concursos públicos y también a los numerosos clientes privados usuarios del servicio de Seguridad Privada.
No obstante, verificamos que a día de hoy el criterio del precio todavía sigue siendo relevante, tal y como constatamos desde el Observatorio Sectorial de la Contratación Pública, herramienta de análisis utilizada por esta federación para hacer el seguimiento de las licitaciones públicas ofertadas y el comportamiento final en la adjudicación.
En los últimos datos recogidos en dicho observatorio, se cifra el total de contratos públicos de Seguridad Privada adjudicados en los dos últimos meses en 56. El global de esa cifra ha supuesto, hasta finales de febrero, la gestión de un importe de licitación total cercano a los 28 millones de euros. Durante el proceso de adjudicación aplicado por las distintas administraciones públicas, este importe se ha rebajado en un 7%, siendo el importe de adjudicación de 25,8 millones de euros, lo que ha supuesto dejar de gastar por parte de las administraciones, casi 2 millones de euros (1.953.178,50 €).
En una comparativa entre las diferentes administraciones licitadoras de estos servicios se observan grandes diferencias: la administración central es la que aplica las mayores rebajas (un 10%) pese a ser la que ha gestionado durante este periodo contratos de menor importe donde las rebajas son más acusadas. Las entidades locales, por su parte, han intervenido en menor proporción y han aplicado unas minoraciones inferiores, un 3,2%. Las autonómicas son las que han adjudicado los contratos de mayor importe con una rebaja media del 8,6%.
CCOO de Construcción y Servicios viene reclamando de forma persistente medidas laborales y sociales para los trabajadores y trabajadoras del sector de la Seguridad Privada, como:
- Establecimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación o medidas equivalentes a la segunda actividad policial, habida cuenta de las características y requerimientos físicos del servicio de vigilancia.
- Mejora de condiciones laborales y salariales por vía de la negociación colectiva.
- Incorporación de la formación reglada del Título de Formación Profesional de Seguridad.
- Adopción de medidas efectivas que posibiliten la conciliación de la vida familiar y laboral.
- Dotar a los trabajadores y las trabajadoras de los EPIs necesarios.
- Tomar medidas para frenar las agresiones que está sufriendo el colectivo.
- Equiparación en garantías jurídicas en su actuación profesional a las que tienen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
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