LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRATA A UNA EMPRESA QUE LE DEBE UN MILLÓN DE EUROS
Mersant que debe 1,2 millones de euros al fisco se encarga de vigilar las dependencias.
Mersant que debe 1,2 millones de euros al fisco se encarga de vigilar las dependencias.
La Tesorería General encomienda los servicios de vigilancia y seguridad de sus edificios y empleados en Cádiz a Mersant, una compañía que aparece en la lista de morosos y adeuda dos nóminas a sus trabajadores.
La Tesorería General de la Seguridad Social en Cádiz confirma esta cuestión, pero se excusa en que cuando la empresa participó en el procedimiento de licitación, a principios del año pasado, «se encontraba al corriente con la AEAT y Seguridad Social». Cuatro meses después de la adjudicación, la lista de morosos señalaba que Mersant debía 1.248.790,33 euros.
En el procedimiento de adjudicación, celebrado a principios de 2021, participaron cinco empresas; Mersant ganó con una oferta de 365.905,59 euros, menos de la mitad del valor estimado del contrato.
La paradójica relación entre la empresa deudora y el organismo gestor de la Seguridad Social es sólo la punta del iceberg. El grueso de los contratos de Mersant en la provincia está en las administraciones públicas. Locales –ayuntamientos de Cádiz y Chiclana–, autonómica –Servicio Andaluz de Salud (SAS)– o estatal, todas ellas tienen alguna relación con la compañía, considerada por los sindicatos como «pirata» por abaratar al máximo los precios e incumplir «con lo estipulado en en el Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad».
CCOO ya anticipo hace un año que estos impagos se sucederían, cuando acusaron al Ayuntamiento de Cádiz de elaborar un pliego que «no cubría los mínimos salariales». Son varias las empresas del sector que trabajaban con administraciones públicas y han acabado en concurso de acreedores adeudando varias nóminas a los trabajadores.
Mersant advierte de que está «atravesando un momento delicado» y espera «encauzar la situación en la mayor brevedad». «los responsables de Mersant Seguridad estén acumulando capital para, posiblemente, cerrar la empresa y entrar en concurso de acreedores. Ya hemos visto esta situación con otras empresas: pegan ‘el cerrojazo’, dejan a los trabajadores tirados, con unas deudas impresionantes, y fuerzan a los clientes a cambiar rápidamente de empresa de seguridad».
Fuentes de la Tesorería General de la Seguridad Social en Cádiz trasladan que el organismo está «realizando un seguimiento y exigencia exhaustivos del cumplimiento de las obligaciones de la empresa contratista con la Seguridad Social y con sus trabajadores». Tanto el Ayuntamiento de Cádiz como la Tesorería han asegurado en los últimos días que valoran posibilidades como retener los pagos pendientes «en caso de que sea necesario». Los contratos de ambas administraciones con la empresa acabarán antes del próximo verano.
El colectivo de vigilantes de seguridad del Ayuntamiento de Cádiz ha remitido esta semana una carta abierta a los presidentes del Gobierno, Junta y Diputación, así como al alcalde de Cádiz, para que las administraciones asuman un «compromiso firme» para que en sus concursos «no se hagan ofertas temerarias a la baja inviables o insostenibles».
«El tiempo nos ha dado la razón y cuando hemos intentado eliminar esos pliegos no nos han hecho caso. Con ello facilitan que este tipo de empresas piratas o low cost se hagan con estos servicios de las administraciones públicas que deberían servir de ejemplo y transparencia; y como consecuencia tranquilidad y estabilidad para todos». «Los ciudadanos estamos ya hartos y pedimos soluciones, no es honrado ni honesto ahorrar contratando a empresas piratas que después no pagan los salarios a sus trabajadores, mientras quienes ocasionan el daño a las familias, disfrutan todos los meses de retribuciones que de tener vergüenza deberían de sonrojarles», concluye la carta.
La Tesorería General de la Seguridad Social en Cádiz confirma esta cuestión, pero se excusa en que cuando la empresa participó en el procedimiento de licitación, a principios del año pasado, «se encontraba al corriente con la AEAT y Seguridad Social». Cuatro meses después de la adjudicación, la lista de morosos señalaba que Mersant debía 1.248.790,33 euros.
En el procedimiento de adjudicación, celebrado a principios de 2021, participaron cinco empresas; Mersant ganó con una oferta de 365.905,59 euros, menos de la mitad del valor estimado del contrato.
La paradójica relación entre la empresa deudora y el organismo gestor de la Seguridad Social es sólo la punta del iceberg. El grueso de los contratos de Mersant en la provincia está en las administraciones públicas. Locales –ayuntamientos de Cádiz y Chiclana–, autonómica –Servicio Andaluz de Salud (SAS)– o estatal, todas ellas tienen alguna relación con la compañía, considerada por los sindicatos como «pirata» por abaratar al máximo los precios e incumplir «con lo estipulado en en el Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad».
CCOO ya anticipo hace un año que estos impagos se sucederían, cuando acusaron al Ayuntamiento de Cádiz de elaborar un pliego que «no cubría los mínimos salariales». Son varias las empresas del sector que trabajaban con administraciones públicas y han acabado en concurso de acreedores adeudando varias nóminas a los trabajadores.
Mersant advierte de que está «atravesando un momento delicado» y espera «encauzar la situación en la mayor brevedad». «los responsables de Mersant Seguridad estén acumulando capital para, posiblemente, cerrar la empresa y entrar en concurso de acreedores. Ya hemos visto esta situación con otras empresas: pegan ‘el cerrojazo’, dejan a los trabajadores tirados, con unas deudas impresionantes, y fuerzan a los clientes a cambiar rápidamente de empresa de seguridad».
Fuentes de la Tesorería General de la Seguridad Social en Cádiz trasladan que el organismo está «realizando un seguimiento y exigencia exhaustivos del cumplimiento de las obligaciones de la empresa contratista con la Seguridad Social y con sus trabajadores». Tanto el Ayuntamiento de Cádiz como la Tesorería han asegurado en los últimos días que valoran posibilidades como retener los pagos pendientes «en caso de que sea necesario». Los contratos de ambas administraciones con la empresa acabarán antes del próximo verano.
El colectivo de vigilantes de seguridad del Ayuntamiento de Cádiz ha remitido esta semana una carta abierta a los presidentes del Gobierno, Junta y Diputación, así como al alcalde de Cádiz, para que las administraciones asuman un «compromiso firme» para que en sus concursos «no se hagan ofertas temerarias a la baja inviables o insostenibles».
«El tiempo nos ha dado la razón y cuando hemos intentado eliminar esos pliegos no nos han hecho caso. Con ello facilitan que este tipo de empresas piratas o low cost se hagan con estos servicios de las administraciones públicas que deberían servir de ejemplo y transparencia; y como consecuencia tranquilidad y estabilidad para todos». «Los ciudadanos estamos ya hartos y pedimos soluciones, no es honrado ni honesto ahorrar contratando a empresas piratas que después no pagan los salarios a sus trabajadores, mientras quienes ocasionan el daño a las familias, disfrutan todos los meses de retribuciones que de tener vergüenza deberían de sonrojarles», concluye la carta.
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