miércoles, 30 de octubre de 2019

Un juzgado de Bilbao ha condenado a la empresa de seguridad Garda



Condena por correr el bulo de que un escolta tenía relaciones con una protegida

Un juzgado de Bilbao ha condenado a la empresa de seguridad Garda, la mercantil contratada por el Gobierno Vasco para prestar el servicio de protección a mujeres maltratadas en Bizkaia, por el acoso laboral al que sometió a uno de sus escoltas durante casi tres años. El magistrado, que ha fijado una indemnización de 25.000 euros por daños morales, considera probado que los responsables de la compañía en Bilbao llevaron a cabo una labor de «hostigamiento constante» contra su persona para «aislarle» y «desacreditarle frente a terceros».

El fallo, notificado el pasado 23 de septiembre, destaca incluso que una mujer protegida tuvo que «desmentir el rumor que corría por los mandos de que el actor mantenía relaciones sentimentales con ella». Un bulo que, unido a la situación que venía soportando, le generó «un grave» daño psicológico, así como una clínica «ansioso-depresiva» durante un largo periodo de tiempo. «Aún estoy sufriendo un calvario», asegura el guardaespaldas a este medio.




Vigilantes de seguridad detienen al asesino de Alcorcon


Un trabajador trata de asfixiar a una paciente ingresada del hospital de Alcorcón


Cuando los agentes de la Policía Nacional llegaron a la puerta del hospital el agresor ya se encontraba detenido por los vigilantes de seguridad.

Un trabajador del hospital de Alcorcón ha sido detenido cuando trataba de asfixiar con una almohada a una paciente de 82 años. Hace 22 años ya mató a dos personas con el mismo procedimiento. La detención se produjo el pasado sábado, según publica el diario el Mundo. La mujer estaba ingresada en la Unidad de Traumatología del centro sanitario. J.J.F.G., de 49 años, trató de asfixiar a la paciente con una almohada.

Al parecer, el sábado J.J. caminaba por los pasillos con su uniforme del hospital y blandiendo un cúter entre sus manos. Hacia las 07.00 horas, las enfermeras de la planta 2 se sobresaltaron al escuchar los gritos procedentes de la habitación 19 de la Unidad de Traumatología. Cuando las auxiliares acudieron a la habitación vieron al hombre de pie junto a la cama de la paciente. En ese momento, el hombre estaba echado sobre la cabeza de la anciana. Las enfermeras le inquirieron, a gritos, que estaba haciendo, y el hombre salió huyendo. Las enfermeras avisaron de inmediato al servicio de Seguridad y a la Policía. Cuando los agentes de la Policía Nacional llegaron a la puerta del hospital el agresor ya se encontraba retenido por los vigilantes de seguridad. El hombre se había lesionado con un cutter en el brazo y tras reconocer los hechos, pasó a ser valorado por la Unidad de Psiquiatría ya que tenía diagnosticada una esquizofrenia. El hombre es un empleado de la empresa Ilunion que se encarga del servicio de lavandería del hospital de Alcorcón, donde llevaba trabajando cinco años.

Padece esquizofrenia El trabajador padece esquizofrenia y, al parecer , ya mató a dos personas hace 22 años de la misma forma. En diciembre de 1997, acabó con la vida de Valeriana de la Fuente, de 82 años, cuando dormía en la habitación 4.601 del Hospital Clínico. El asesino fue detenido en ese momento. Dos días después mató a un recluso que dormía en la enfermería de la prisión de Carabanchel, donde ambos estaban presos. Tres años después fue absuelto por eximente total por trastorno mental y el tribunal ordenó su ingreso en el centro psiquiátrico penitenciario de Alicante por un tiempo no superior a los 20 años. En 2007 quedó en libertad aunque sometido a un control periódico desde un centro de referencia y medicado

viernes, 25 de octubre de 2019

Agresión en Mercadona: roba y golpea a los empleados cuando la pillan


Agresión en Mercadona: roba y golpea a los empleados cuando la pillan



Un vídeo que circula en las redes ha permitido que usuarios de toda España hayan visto la escandalosa escena en la que se han visto sumidos los empleados del Mercadona de Cerdanyola del Vallès, en Barcelona.



En el vídeo se aprecia cómo los empleados del conocido supermercado piden a una mujer que vacíe el carro de su hijo pequeño, lleno de productos robados. La mujer se muestra reticente y agresiva, sin intención de colaborar. Mientras, su hija mayor pide "por favor" que les dejen salir si lo devuelven todo.

La mujer, desde el primer momento, insulta a una empleada diciéndole "perra" y decide utilizar el carro de su hijo menor de edad (en el que el mismo niño va montado) como arma. Se defiende gritando que había cogido "comida para sus hijos".



A pesar de que la mujer asegura que llevaba cosas "para sus hijos", cuando la joven empieza a vaciar las cosas del carro, este estaba repleto de langostinos, jamón serrano e incluso de botellas de vino, algo que no coincide con lo que reconocemos como productos de primera necesidad.
Golpes, puñetazos e insultos

Mientras la muchacha descarga el carro, uno de los empleados llama a la policía para avisarles de la situación. Cuando la mujer se da cuenta de esto, empieza a mover el carro de su hijo para golpearle, empujando fuertemente al niño, que empieza a llorar.



Pero no acaba ahí: empieza a dar manotazos a diestro y siniestro, agrediendo a más de dos empleados, gritándoles "¡Con mi hijo no!", como si no hubiera sido ella la que hubiera provocado su llanto. La mujer no cesa, llega a coger del cuello a una chica, se descalza y utiliza sus zapatillas para agredir, aunque otros compradores ya le habían avisado de que todo se estaba grabando.

Gracias a miles de empujones y a la resignación de los empleados de Mercadona, la mujer consigue salir con el carro como escudo y su hija al lado. 



El vídeo, que ya se está difundiendo por las redes, ha hecho que los usuarios se planteen algunas preguntas, como por qué han tenido que actuar los empleados en lugar de encargados de seguridad.



sábado, 19 de octubre de 2019

La Policía detiene en Huesca a un falso vigilante de seguridad y al empresario que le facilitó el uniforme y los grilletes


El vigilante arrestado fue detectado cuando trabajaba en el operativo de seguridad de un espectáculo musical en Sallent de Gállego.



La campaña realizada por la Policía Nacional de Huesca contra el intrusismo en el sector de la seguridad privada, con 60 inspecciones, ha acabado con dos detenidos. Uno de ellos es un joven que se hizo pasar por vigilante durante dos meses, en los que prestó servicio en distintos lugares, pese a carecer de habilitación para ello. Consiguió el distintivo mediante una falsedad documental, utilizando la identificación de otra persona para engañar a la empresa de fabricación de insignias. Está acusado de los delitos de falsedad documental y usurpación de estado civil.

El segundo detenido es un responsable de una compañía de seguridad, quien le suministro el uniforme, la defensa y los grilletes. Se le acusa de apropiación indebida. Su empresa lo ha denunciado por apoderarse de material valorado en 8.600 euros

La Policía Nacional ha aclarado que ejerce la competencia exclusiva en el control de la seguridad privada a través de unidades especiales. Los agentes destinados en la unidad de la Comisaría de Huesca han realizado durante este año 60 inspecciones a empresas y personal que presta estos servicios para detectar el intrusismo en este sector.

En estos controles se detectaron irregularidades en la habilitación de uno de los vigilantes que trabajaba en la seguridad de un espectáculo musical en Sallent de Gállego.

La investigación concluyó que no podía ejercer como vigilante de seguridad y que el distintivo de identificación profesional que portaba en su pecho lo había obtenido mediante falsedad documental.

Según ha informado la comisaría este viernes, este joven, con la excusa de ayudar a un conocido ofreciéndose para entregar su currículum en una empresa de seguridad, utilizó sus datos y se hizo pasar por él ante un empresa de las autorizadas para la fabricación de estas insignias, logrando de esta manera que le proporcionaran una placa con un número de identificación asociado a un vigilante habilitado.

Una vez obtenida la insignia, el responsable de una empresa de seguridad le contrató para prestar servicio y le proporcionó la equipación necesaria, a pesar de tener conocimiento, según la comisaría, "de que el joven no disponía de la habilitación del Ministerio del Interior, ni por tanto de la tarjeta de vigilante de seguridad".

Estuvo ejerciendo como vigilante durante dos meses en diversos eventos organizados en la Comunidad de Aragón y en La Rioja, incluyéndole en dispositivos organizados con ocasión de acontecimientos con gran afluencia de público y asignándole incluso la vigilancia de material pirotécnico durante 18 horas.

Los hechos, además de delictivos, han dado lugar a procedimientos sancionadores al tratarse de intrusismo profesional e infringir la Ley de Seguridad Privada. Los expedientes se han remitido a la Subdelegación del Gobierno en Huesca para que determine la sanción a imponer.

La Policía Nacional ha recordado que existe un Plan Integral de Colaboración entre Policía Nacional y Seguridad Privada, denominado Red Azul, que tiene como finalidad "alcanzar un modelo profesional de colaboración y complementariedad", y ha remarcado que perjudica "no solo al sector sino también a la seguridad ciudadana".

Santander, Zara y Sabadell piden ayuda a Prosegur para proteger sus negocios en Cataluña


Santander, Zara y Sabadell piden ayuda a Prosegur para proteger sus negocios en Cataluña

Vigilantes de seguridad se desplazan de Madrid a Cataluña y son distribuidos para proteger sucursales y establecimientos de empresas importantes


Grandes compañías con negocio en Cataluña como Zara, Banco Santander, Bankia, Sabadell, La Caixa o BBVA refuerzan su seguridad con empleados de Prosegur por los disturbios que se están produciendo como reacción a la sentencia del procés, tal y como ha podido confirmar Vozpópuli con diversas fuentes de total solvencia. Algunas de estas corporaciones han reclamado personal de refuerzo para sus locales; mientras, otras han solicitado efectivos adicionales en reserva, que deberán estar disponibles cuando sean necesarios.


De hecho, Prosegur ha enviado hoy una dotación de vigilantes de seguridad desde Madrid a la ciudad condal. Protegerán especialmente los comercios de Zara, según han podido saber Vozpópuli de fuentes cercanas a la compañía de seguridad, aunque también se emplearán para proteger sucursales bancarias y locales comerciales. Sabadell ya preveía el incremento en la dotación de la seguridad privada desde hace tiempo, pese a que en esta ocasión los bancos no están siendo el blanco de los manifestantes, cosa que sí sucedió en los altercados del 1 de octubre de 2017 (referéndum ilegal), tal y como aseguran otras fuentes.


El despliegue será de centenares de vigilantes de seguridad durante los próximos días. Algunos de estos destacamentos están siendo ya distribuidos tanto por la ciudad condal como por otras regiones de Cataluña Por su parte Banco Santander dispondrá de personal extra de seguridad de Prosegur para la movilización convocada para hoy, en la que los manifestantes pasarán cerca de sucursales de la entidad financiera. Es algo normal cuando suceden este tipo de acontecimientos, según aseguran otras fuentes. Acontecimientos que en los últimos tiempos se suceden a diario, y que está obligando a las compañías a incrementar los efectivos. Mientras, Bankia ha solicitado una reserva de vigilantes de seguridad que será movilizada a petición de la entidad bancaria si llega a necesitarse, pero de momento no ha incrementado los efectivos de seguridad en sus sucursales, tal y como aseguran las mismas fuentes. Este medio se ha puesto en contacto con Prosegur para confirmar esta información, pero la compañía, sin confirmar ni negar la misma, ha declinado dar detalle alguno al respecto por razones de confidencialidad.


Despliegue de seguridad en Cataluña El despliegue será de centenares de vigilantes de seguridad durante los próximos días. Algunos de estos destacamentos están siendo ya distribuidos tanto por la ciudad condal como por otras regiones de Cataluña. La sospecha de que los incidentes a manos de radicales independentistas se alarguen en el tiempo ha provocado este movimiento de ficha entre las grandes empresas con negocio en Cataluña. Tiendas de Zara y bancos ya han sufrido a lo largo de esta semana varios ataques en sus locales y sucursales de Barcelona aunque, como hemos comentado, en este último caso con menos virulencia que durante el 1-O.


Telefónica no pide refuerzos Las infraestructuras críticas del operador de telecomunicaciones español en Cataluña no tendrán dotación extra. La compañía dirigida por José María Álvarez-Pallete considera que los efectivos en sus instalaciones y locales de la región son suficientes para garantizar la seguridad y el servicio. Desde la compañía de telecomunicaciones aseguran que su negocio evoluciona con total normalidad en Cataluña.

martes, 15 de octubre de 2019

NUEVO CANAL DE SOLICITUD DE CITA PREVIA PARA LA EXPEDICIÓN DE LAS TARJETAS DE IDENTIDAD PROFESIONAL DE VIGILANTES DE SEGURIDAD Y ESCOLTAS PRIVADOS.

NUEVO CANAL DE SOLICITUD DE CITA PREVIA PARA LA EXPEDICIÓN DE LAS TARJETAS DE IDENTIDAD PROFESIONAL DE VIGILANTES DE SEGURIDAD Y ESCOLTAS PRIVADOS. 
 



La Policía Nacional, en su labor de proporcionar un servicio de calidad al ciudadano, ha establecido un nuevo canal de comunicación con la Unidad Central de Seguridad Privada para las personas que pretendan obtener y renovar su Tarjeta de Identidad Profesional (T.I.P) para las habilitaciones de:

 Vigilante de seguridad y su especialidad de vigilante de explosivos.

 Escolta privado.


Los interesados en obtener la necesaria cita previa para la expedición de la T.I.P. podrán enviar correo electrónico a la dirección infrascrita, debiendo consignar su nombre, apellidos y teléfono de contacto.

Personal de la Unidad Central de Seguridad Privada se pondrá en contacto telefónico con el interesado, informándole del día y la hora asignado para la realización del trámite. Asimismo, se mantiene la línea telefónica habitualmente utilizada para la solicitud de cita previa.


Mas información : AQUÍ


















Correo electrónico: citas.seguridadprivada@policia.es

Teléfono: 91 322 39 09


LA POLICÍA NACIONAL DETIENE AL GRAFITERO QUE APUÑALÓ A UN VIGILANTE DEL METRO EN CUATRO VIENTOS (MADRID)





LA POLICÍA NACIONAL DETIENE AL GRAFITERO QUE APUÑALÓ A UN VIGILANTE DEL METRO EN CUATRO VIENTOS (MADRID) 


La Policía Nacional ha detenido a un grafitero, que agredió con una navaja a un vigilante del Metro, por los presuntos delitos de lesiones, amenazas y daños.

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de septiembre cuando los vigilantes del Metro del depósito de vagones de Cuatro Vientos en Madrid detectaron a través de las cámaras de seguridad la presencia de tres grafiteros que realizaban pintadas en los trenes.

Cuando uno de los vigilantes acudió al lugar logró retener a uno de los jóvenes, el cual le agredió en el brazo con una navaja provocándole varios cortes. Posteriormente amenazó de muerte al vigilante y huyó del lugar junto con los otros dos jóvenes.

Asimismo los daños provocados en los trenes ascienden a más de 3.400 euros

La chapuza de Notre Dame: un empleado novato doblando turno no supo guiar al vigilante cuando saltó la alarma


La chapuza de Notre Dame: un empleado novato doblando turno no supo guiar al vigilante cuando saltó la alarma


La causa del incendio de la catedral aún no está clara, sin embargo, hay certeza sobre la lentísima y errática respuesta al fuego


Seis meses después, las causas que provocaron el incendio de Notre-Dame aún no se conocen. Pero la cronología de los hechos está cronometrada con precisión por, entre otros, por Le Monde y The New York Times, que dejan patente que la respuesta inicial fue desastrosa. La catedral parisina era la única en Francia con un puesto de control de seguridad. Estaba en el presbiterio, una casita junto a la catedral en el lado del Sena. Era la vivienda del guarda. En 2014, la empresa Elytis instaló allí su sistema de seguridad de incendio. Dos empleados deberían compartir turno: el jefe vigila el panel; el otro hace rondas y se persona en el lugar señalado por las alarmas en menos de cinco minutos. Pero los recortes han dejado el servicio en un empleado por turno.

Lunes 15 de Abril. Un empleado identificado M.D. ha entrado a trabajar a las 7.30 y debe terminar a las 15:30. Pero el relevo no se presenta y empalma el segundo turno que dura hasta las 23. A las 18:18 horas se ilumina el piloto rojo de fuego en el panel de control. En la pantalla se lee «desván nave/sacristía» y un código: ZDA-110-3-15-1. Avisa al vigilante de guardia, Jean Paul B, un expolicía que lleva cinco años en la catedral. En un minuto comprueba que en la sacristía, un edificio adyacente a la catedral, todo está en orden. A las 18:23, como se desconoce qué desató la alerta, los altavoces difunden la orden de desalojo. Unas 800 personas salen en orden del templo. En su mayoría son turistas pero también hay fieles. El oficiante, Jean Pierre Caveau, se queda junto al altar. El guarda de la catedral, Joachim, que fue antes sacristán, se une a Jean Paul en un registro exhaustivo de la sacristía. Antes, al pasar por el puesto de control, le ha dicho al novato que llame a su jefe, Emmanuel P., para saber qué quiere decir el código.

A las 18:43 llega la respuesta. El código corresponde a uno de los 160 detectores de humo del complejo sistema de alarma, ubicado en el ático de la catedral, no en la sacristía. A las 18:45 cuando suena la alarma por segunda vez. Los fieles que habían vuelto al templo (no así los turistas) son desalojados. Tres puertas y 300 peldaños separan al vigilante y al rector (que esperaba el final de la misa para un ensayo de un concierto) del bosque de vigas que sostienen el techo. Cada una procede de un árbol diferente. Cubren un espacio de más de 100 metros de largo por 13 de ancho en la nave (40 en el transepto) y 10 de alto. Al abrir la última puerta, las llamas son impresionantes. A las 18:48 el agente de seguridad llama a los bomberos. Ha pasado media hora desde la primera señal de alarma. «Creo que arde Notre Dame» se lee en Twitter a las 18:52. Las primeras imágenes del interior de Notre Dame tras la tragedia Sobre las 19:00 los primeros camiones de bomberos llegan a la explanada. Notre Dame es ya una tea atizada por el viento que llega desde el este. El general Jean Claude Gallet, jefe de la brigada de París, llegará a tener a sus órdenes a 600 soldados del fuego (en Francia, los bomberos son un cuerpo militar). Es quien toma la decisión de dejar arder el techo y concentrarse en salvar las torres, empezado por la norte. 21:30. Macron llega y se se dirige a la nación por televisión desde delante de la catedral. Dos barcos bombean agua del Sena a los camiones que la lanzan a 4.000 litros por minuto con la ayuda de 13 brazos elevadores. La estrategia de los bomberos funciona. El incendio se da por controlado a las 23:00. Pero se necesitarán siete horas para extinguirlo del todo.


jueves, 10 de octubre de 2019

El vigilante perfecto no es 'Rambo'


El vigilante perfecto no es 'Rambo'


Las mujeres vigilantes de seguridad son un plus en un sector masculinizado


Los hombres hacen 10 dominadas fácilmente. Yo también podía hacerlas. ¿Pero sabes lo que nunca pude hacer? Levantar pesas de más de 100 kilos”. Si Martina Navratilova se hubiera decantado por ser Vigilante de Seguridad Privada en España, su tribunal le habría ahorrado, o impedido hacer, según se mire, entre 2 y 4 dominadas.

“No lo entiendo. Yo puedo hacer las mismas dominadas que un hombre. ¿Por qué no realizamos la misma prueba?”, se pregunta Carmen Gámez, Coordinadora de Vigilantes de Clece Seguridad en Sevilla. La sustitución de las flexiones por el lanzamiento del balón medicinal es, para esta profesional, ese poquito de discriminación que queda en el sector de la seguridad privada. “En los 400 metros no podemos hacer la misma marca porque los hombres tienen más músculo, las piernas más largas, respiran más rápido, y por lo tanto, corren más. Aunque hay excepciones en ambos sexos”, señala.

El criterio profesional formado por Carmen es proporcional a su experiencia. Además de sus dotes de mando para ordenar una plantilla mixta de 30 vigilantes destinados en el Centro Cívico del Ayuntamiento de Sevilla, dispone de licencia C del Reglamento de Armas y ha trabajado en servicios armados con perros detectores de explosivos.

La creencia de que un vigilante de seguridad privada debe ser alguien muy fuerte para enfrentarse a muchos peligros, se ampara en el desconocimiento de cómo debe actuar un buen profesional. Lo afirma sin ambages Juan Carlos Carracedo, Director de Seguridad de Campofrío: “Nunca, ni antes ni ahora. Cuando necesito contratar vigilantes, jamás pido que sean chicos o chicas. ¿Por qué habría de hacerlo? Para mí, la mujer en vigilancia es muy buena. En nuestros servicios funcionan al 100% y, en muchos casos, mejor que los chicos. No es que lo diga yo, lo afirman los responsables de las fábricas y el departamento de RR. HH. de la compañía. A mí, la plantilla mixta me supone una ventaja”, asegura.

Un caso de éxito en los hospitales públicos de Cádiz

Un hospital es un foco de incertidumbre, tensión y angustia que puede derivar en conflictos y situaciones de amenaza para sanitarios y pacientes. Justamente por eso, el responsable de la seguridad privada en los hospitales del Servicio Andaluz de Salud en Cádiz, Jorge Juan Ramos Padilla, decidió otorgar el protagonismo a las mujeres vigilantes de su equipo, como parte de la estrategia para rebajar la tensión previa a un posible conflicto y para mediar en caso de conflicto declarado.

“En una actividad tan masculinizada, las mujeres aportan un plus al servicio. Su figura en una actividad tan complicada y expuesta, destaca en la mayoría de las situaciones de conflictividad que requieren de gran mediación con el usuario. Negocian muy bien y no son percibidas como una amenaza violenta, así que reconducen mejor un conflicto. Aportan soluciones diferentes y tienen magníficas habilidades sociales”, revela.


La presencia de mujeres en el sector de la seguridad privada ya está normalizada, 11.000 mujeres representan el 13% del total de los vigilantes en España.

Son conclusiones que obtuvo a través de la observación y los resultados, y que puso en juego en el momento preciso: “Tuvimos que trabajarnos la iniciativa de que hubiera mujeres vigilantes en todos los hospitales, y lo logramos. Pero no nos quedamos ahí: ahora estamos aplicándonos para conseguir que haya, como mínimo, una vigilante en todos y cada uno de los turnos de estos centros tan sensibles y expuestos al día a día del Servicio Andaluz de Salud”, afirma Ramos Padilla, el Jefe de Clece Seguridad en la provincia de Cádiz, que vela por la Vigilancia y Seguridad de 6 hospitales y 150 centros sanitarios dependientes del Servicio Andaluz de Salud, a través de unas 185 personas vigilantes de seguridad, 18 de ellas, mujeres, a las que está ofreciendo puestos de responsabilidad en estos centros sanitarios. 

La armonía de los 4 «mixtos» del CETI

En el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla conviven entre 1300 y 1400 personas de 30 nacionalidades, múltiples lenguas, distintas culturas, religiones, creencias, ritos y costumbres. Entre los 40 profesionales que velan por la seguridad de los residentes hay 4 mujeres.

“Aquí, a veces hay problemas, la verdad”, admite Ana López Vargas, Vigilante de Clece Seguridad en el CETI. “Roces, conflictos por la convivencia, como en cualquier comunidad. Recuerdo una vez que sí ocurrió algo peor. Fue un altercado en la calle que, desgraciadamente, terminó con dos víctimas. El resto de residentes se alborotaron, se pusieron fuera de tono. Ese día sentí miedo, pero solo por unos momentos”, reconoce.

Ana forma parte de uno de los cuatro equipos mixtos. “Aunque mi condición es femenina, aquí vamos todos a una. A pesar de que solo hay una mujer por turno, todos somos iguales, no hay distinción. Si hay un problema con una mujer, primero acudimos nosotras, pero eso forma parte de nuestro cometido. En los 16 años que llevo de vigilante en el CETI, nadie me ha tratado de otra manera por ser mujer. Jamás he sentido que me discriminen, menosprecien o excluyan. Somos cuatro mujeres en el servicio y creo que ninguna de ellas diría otra cosa. Me gustaría que hubiera más en mi grupo ¡pero no porque tenga queja de mis compañeros! En los cuatro equipos hay total armonía, lo puedo asegurar”, exclama. https://www.elindependiente.com

El vigilante ideal

Su vigilante ideal tendría habilidades de comunicación, empatía y conciliación, sería capaz de trabajar de forma organizada y en equipo, aceptaría bien las órdenes sin perder iniciativa, tendría mucho arrojo, valentía y una sobresaliente forma física. Un patrón difícil de encontrar en su totalidad. “El vigilante ideal no existe. Tú no me vales de nada si eres como «Rambo», pero no sabes trabajar en equipo, careces de compañerismo o no asumes la cadena de mando, porque los problemas que vas a generar provocan la inoperancia del servicio”, sentencia Carmen Gámez.

“Si las mujeres sobresalen por su capacidad de prevención, negociación y control del riesgo, y los hombres son más fuertes y veloces, entonces el vigilante ideal sería mitad hombre, mitad mujer, ¿no?”, concluye entre risas.


COMUNICADO CONJUNTO DEL OBSERVATORIO SECTORIAL DE LA SEGURIDAD PRIVADA SOBRE LAS PRINCIPALES PRIORIDADES LEGISLATIVAS Y REGLAMENTARIAS PARA EL SECTOR


COMUNICADO CONJUNTO DEL OBSERVATORIO SECTORIAL DE LA SEGURIDAD PRIVADA SOBRE LAS PRINCIPALES PRIORIDADES LEGISLATIVAS Y REGLAMENTARIAS PARA EL SECTOR

El 10 de noviembre de 2019 tendrá lugar un nuevo proceso electoral en el que los ciudadanos volverán a expresar sus preferencias políticas. 

Una vez constituido el nuevo Congreso de los Diputados en los plazos legalmente previstos, confiamos que pueda constituirse a la mayor brevedad posible un Gobierno estable que permita abordar los retos que afronta nuestro país.

En este nuevo contexto, las principales organizaciones sindicales (FeSMC-UGT, Comisiones Obreras de Construcción y Servicios y FTSP-USO) y empresariales (APROSER) todas ellas integradas en el observatorio sectorial, en su calidad de firmantes del Convenio Colectivo Sectorial, comparten la necesidad de avanzar en el desarrollo de un sector de la seguridad privada socialmente responsable, respetuoso con los derechos de los trabajadores, que permita garantizar un servicio de calidad a los usuarios y que garantice la pervivencia de las empresas respetuosas con la normativa laboral y administrativa aplicable, en condiciones de igualdad.

Dichos avances sólo pueden conseguirse, previa adopción de diversas medidas legales y reglamentarias con la mayor brevedad posible en función de los procedimientos aplicables:
  1. La actuación de aquellas empresas que no cumplen con sus obligaciones laborales y tributarias no puede solventarse con un mero cambio de proveedor; por el contrario, esta decisión por parte del cliente (y su aceptación por una nueva empresa de seguridad) retrasa, pero agudiza el problema, como consecuencia del régimen de responsabilidad que, por imperativo legal, se aplica a la nueva adjudicataria de un servicio de seguridad. A pesar del importantísimo avance que supuso la incorporación al marco normativo del artículo 130.6 de la Ley de Contratos del Sector Público, el cambio jurisprudencia! operado por el Tribunal Supremo a partir de la Sentencia 873/2018 conlleva un alto nivel de incertidumbre porque incrementa sustancialmente el grado de responsabilidad del futuro adjudicatario de un servicio, en relación con la forzada asunción de las deudas salariales y de seguridad social del anterior contratista que, además, suelen ser de imposible cuantificación en el momento de elaboración de la oferta. Es esencial, por ello, abordar con urgencia una reconsideración de los términos de la regulación del régimen de sucesión de empresa en el Estatuto de los Trabajadores, diferenciando de forma clara la sucesión por adquisición de una empresa de la sucesión en el ámbito de un cambio de contrata y, adicionalmente, estableciendo mecanismos de responsabilidad subsidiaria del cliente que obligue a estos a exigir el respeto del cumplimiento de las obligaciones a las que, de forma general, obligan los contratos de prestación de servicios.
  2. Diversas resoluciones judiciales han demostrado la utilización por no pocas empresas tanto de los mecanismos de inaplicación del Convenio Colectivo como la posibilidad de firma de convenios de empresa que menoscaban condiciones y derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, situando a estas empresas en una posición de competencia desleal, con el consiguiente impacto en los trabajadores del sector, cuestión que sumada a las deudas generadas con los organismos de la seguridad social, conduce a medio plazo a la desaparición de estas propias empresas. La generación de un empleo de calidad implica actualizar el Estatuto de los Trabajadores previendo, que clarifique determinados aspectos en relación con los descuelgues salariales o la prioridad aplicativa de los convenios de empresa. Para los sectores intensivos en mano de obra, es de vital importancia que la normativa impida la utilización de los descuelgues salariales, pues están siendo empleados únicamente como un mero instrumento para ejercer la competencia desleal, y a su vez, que limite por los mismos motivos, la prioridad aplicativa de los convenios de empresa, cuando éstos rebajen los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores.
  3. Una de las principales modificaciones adoptadas en la última legislatura ha sido el incremento del salario mínimo profesional hasta los 900 euros mensuales, cifra que diversas formaciones políticas proponen incrementar en los próximos años. La adopción de estos cambios, que benefician a diversas categorías de trabajadores, no pueden hacerse a costa de un desequilibrio contractual de las empresas, como consecuencia de la imposibilidad de revisar los precios de los contratos públicos firmados con anterioridad a estos incrementos producidos por una decisión normativa. Es preciso abordar una modificación de la previsión normativa de la Ley de Desindexación y de su correspondiente referencia en la Ley de Contratos del Sector Público, a fin de que se permita la modificación de los precios de los contratos como consecuencia tanto de un incremento de los costes laborales imprevisible derivado de una norma legal o reglamentaria, como de un incremento de los costes laborales en la negociación colectiva dentro de unos parámetros razonables.
  4. Entre los diversos desafíos que debe abordar la industria de la seguridad privada en los próximos años, identificados por los estudios llevados a cabo conjuntamente por los agentes sociales europeos, se encuentra la necesidad de tener en cuenta los cambios demográficos y el envejecimiento de la mano de obra. Es preciso para ello abordar la extensión de la aplicación del contrato de relevo operada por el Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre al sector de la seguridad privada y establecer un mecanismo equilibrado de jubilación anticipada para determinadas categorías profesionales en función de la valoración de los riesgos laborales inherentes a las mismas.
  5. Los agentes sociales han puesto de manifiesto su valoración positiva del nuevo marco legal comprendido en la Ley de Contratos del Sector Público, en la medida que posibilita la referencia al Convenio Colectivo Sectorial, prima la calidad sobre el precio en los procesos de contratación público y acentúa las exigencias de la ejecución contractual Es preciso, sin embargo, culminar este proceso de reforma normativa en la Ley de Contratos de Sectores Especiales, llevar a cabo un desarrollo reglamentario que intensifique las exigencias del proceso de clasificación de las empresas para garantizar una adecuada consideración de la solvencia económica de los licitadores e impulsar una campaña que ponga el acento en la utilización de auténticos requisitos cualitativos vinculados a una contratación socialmente responsable y a la prestación de un servicio complementario a la seguridad pública.
  6. Frente a la positiva valoración de la Ley de Seguridad Privada 5/2014, cinco años después de su entrada en vigor sigue sin haberse aprobado el reglamento de desarrollo de dicha norma y el único borrador sometido a información pública, comprende cuestiones inaceptables para el sector, en particular, en lo relativo a la normativa del sector de transporte de fondos. Es esencial que entre las máximas prioridades del nuevo Ministerio del Interior se comprenda un nuevo borrador de desarrollo reglamentario de la Ley de Seguridad Privada y que, tras un adecuado proceso de consulta con los agentes sociales representativos permita desplegar las potencialidades que la seguridad privada puede aportar a los ciudadanos, respetando los derechos de los trabajadores y garantizando la actividad de las empresas responsables.
  7. Una de las principales novedades introducidas por la nueva Ley de Seguridad Privada ha sido la opción de un sistema de Formación Profesional reglada que permita el acceso a la profesión. La ausencia de un desarrollo reglamentario de la Ley de Seguridad Privada no constituye obstáculo alguno para que el Ministerio de Educación, con la directa colaboración de las organizaciones sindicales y empresariales firmantes del Convenio Colectivo, culmine el proceso iniciado e interrumpido en 2017, permitiendo un modelo de formación profesional para que los futuros profesionales del sector puedan contar con las capacidades y habilidades precisas que exigen los nuevos retos que la seguridad privada debe asumir en los próximos años.

    Los miembros del Observatorio Sectorial consideran que estas siete medidas, al margen de otras adicionales, son esenciales para conformar un sector más profesional y de mayor aportación de valor añadido para el conjunto de los ciudadanos. Estas medidas no eximen a los miembros del observatorio sectorial de su propia responsabilidad para avanzar en la modernización del sector y realizar un trabajo de profunda reflexión y anticipación a los cambios en el empleo derivados del desarrollo tecnológico o los retos demográficos, aprovechando al tiempo las oportunidades de nuevos servicios adaptados a las nuevas amenazas y riesgos que asumen las sociedades occidentales.


«Fue una alegría ver que empezaba a respirar»



El vigilante de seguridad del Camino de la Plata-Alcampo Rodrigo Villán Lozano estuvo rápido el lunes cuando acudió con un desfibrilador para que policías locales reanimaran a un infartado en la calle Juan Bravo.

Rodrigo Villán Lozano se hallaba el lunes por la tarde de servicio en el centro comercial Camino de la Plata. A eso de las 18,40 horas un hombre cruzó a todo correr las puertas del establecimiento, se dirigió a él y le pidió que saliera corriendo con un desfibrilador, que a un hombre le había dado un infarto y estaba inconsciente. En una columna situada tras la cafetería de la planta baja se halla uno de los dos dispositivos de que dispone el centro, lo cogió y salió a escape hacia Juan Bravo, donde dos agentes de la Policía Local llevaban a cabo maniobras de reanimación manual sobre la víctima.
Sin duda, la llegada del desfibrilador a tiempo resultó fundamental para que el hombre volviera en sí. «Ver cómo empezaba a respirar fue una alegría, una satisfacción», relataba ayer a este periódico el vigilante de seguridad, de la empresa Vectalia. Posee conocimientos de uso de este aparato, igual que otros 16 trabajadores del centro comercial, pero hasta el lunes admite que nunca había tenido que utilizarlo. Rodrigo se encargó de tomarlo y salir a la carrera con él para entregárselo a los policías municipales, quienes se encargaron de aplicárselo al hombre de 59 años, que se halla ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), en situación estable.
«Cuando llegué no estaba consciente, su cara estaba totalmente amarilla y con los ojos en blanco; me llevé una impresión tremenda», evoca Rodrigo. Una vez pasados esos primeros momentos de zozobra, se puso a colaborar con los agentes, les entregó los guantes de látex y les ayudó a colocar los parches en el cuerpo de la víctima para para poder practicarle las descargas. «Cuando recobró la respiración fue tremendo, fue cogiendo color y todos nos alegramos», comenta.
A los siete minutos llegó la primera ambulancia de Sacyl y poco después una segunda, «con lo que los médicos ya se hicieron cargo de la situación con el hombre reanimado». «Lo conseguimos y estoy muy satisfecho», añade.
Su misión en la calle Juan Bravo, frente a las puertas de los almacenes del centro comercial, también consistió en mantener alejada a la gente que se arracimó en torno a la víctima. «De hecho sus voces dificultaban la escucha de las instrucciones que va dando el desfibrilador», indica. Y es que no fueron pocas las personas que se acercaron, algunas de ellas para «grabar» la escena con sus teléfonos móviles. Rodrigo está acostumbrado a controlar estas situaciones porque suele trabajar «en eventos deportivos y musicales donde se producen grandes aglomeraciones de personas».
En el centro comercial Camino de la Plata cuentan con dos desfibriladores, uno en la planta baja y otro en el primer piso. Desde allí subrayan la importancia de disponer de estos dispositivos, «no solo para casos dentro del establecimiento, sino también en la calle».

jueves, 3 de octubre de 2019

El sector de seguridad privada facturó 4.610 millones


El sector de seguridad privada facturó 4.610 millones de euros en España en 2018, un 6% más.

Se prevé que la actividad reduzca su ritmo de crecimiento este año hasta el 4,4%


Se prevé que la actividad reduzca su ritmo de crecimiento este año hasta el 4,4% MADRID, 3 (EUROPA PRESS) Las compañías de seguridad generaron un volumen de negocio en España de 4.610 millones de euros en 2018, lo que supone un crecimiento del 6%, superior al 5,2% contabilizado el año anterior, según el último Observatorio Sectorial DBK de Informa, compañía filial de Cesce. 

El principal motor de crecimiento del sector fue la actividad de instalación, mantenimiento y conexión a CRA de sistemas electrónicos, que alcanzó una facturación de 1.666 millones de euros, representando el 36,1% de la actividad. 

Por el contrario, los servicios de vigilancia, que conforman la principal área de actividad, generaron una facturación total de 2.600 millones de euros y acusan una continua pérdida de participación en el mercado total, concentrando ahora el 56,4% del total. El mercado de transporte de fondos, por su parte, generó en 2018 unos ingresos de 344 millones de euros, representando el 7,5% del negocio total. 

En general, la tenencia progresivamente alcista experimentada por el sector se debe al repunte de la inversión empresarial, la recuperación del mercado inmobiliario y la mejora de la renta disponible de las familias. 

No obstante, en un contexto de menor fortaleza de la economía española, el informe apunta a que el mercado de seguridad privada va a experimentar una cierta desaceleración en su ritmo de crecimiento, tanto a corto como a medio plazo. 

Así, se estima que el volumen de negocio sectorial cerrará el ejercicio 2019 con una cifra de en torno a 4.815 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,4%, frente al 6% contabilizado en el último ejercicio. 

Mientras tanto, la oferta presenta una "notable y creciente" concentración en el grupo de compañías líderes, puesto que los cinco primeros operadores reunieron en 2018 de forma conjunta el 58% del valor total del mercado.
FUENTE : https://www.lavanguardia.com/

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miércoles, 2 de octubre de 2019

Protección de Datos multa a Eroski con 150.000 euros por la difusión del vídeo de las cremas de Cifuentes


Protección de Datos multa a Eroski con 150.000 euros por la difusión del vídeo de las cremas de Cifuentes
La sanción se desgrana en 100.000 euros por infringir el artículo 9 de la Ley de Protección de Datos y otros 50.000 euros por incumplir el artículo 4.1 de la citada legislación


La Agencia Española de Protección de Datos ha multado con 150.000 euros a la cadena de supermercados Eroski por la difusión del vídeo de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, con dos botes de crema dentro de su bolso en uno de sus centros comerciales en Vallecas.
El escrito de Protección de Datos muestra que el día 25 de abril de 2018 la directora de la agencia "acuerda iniciar" un proceso de investigación por la publicación del vídeo "en diferentes medios de comunicación". Un vídeo que proviene de "las grabaciones registradas por el sistema de videovigilancia instalado en un establecimiento comercial de la cadena de supermercados Eroski" y cuya difusión ha devenido en la citada sanción económica.

La cifra de 150.000 euros de sanción se desglosa en dos conceptos distintos, según la resolución de la Agencia de Protección de Datos: una primera cantidad de 100.000 euros por infringir el artículo 9 de la Ley de Protección de Datos y una segunda de 50.000 euros por incumplir el artículo 4.1 de la citada legislación.

Protección de Datos alega en su escrito que "la mayoría de las fotografías proceden de grabaciones de un sistema de videovigilancia, y se incluyen entre otras, personas sospechosas de hurto" y que la intención con la que se llevó a cabo la "deliberada recopilación" de esas imágenes era que fueran "expuestas para su visionado habitual aunque la denunciada tiene interés en desplegar funciones de seguridad sobre los bienes del recinto del que es titular".

La cadena de supermercados ha anunciado que recurrirá la decisión porque ha cumplido "escrupulosamente" su protocolo de seguridad "conforme al marco legislativo vigente en 2011", a través de un comunicado que recoge Europa Press.

En su escrito, Eroski señala que las cámaras de vídeo con las que se grabó a Cifuentes estaban subcontratadas a un tercero "con acceso autorizado a las grabaciones, en virtud del contrato de prestación de servicios que regulaba la relación como encargado de tratamiento de los datos".

El vídeo, que se dio a conocer el 25 de abril de 2018 y que se remite al mes de mayo de 2011, mostraba a la entonces presidente junto a un vigilante en un cuarto tras supuestamente haber sustraído los productos y fue el desencadenante último de la dimisión de Cristina Cifuentes después de conocerse las irregularidades en su máster en la Universidad Rey Juan Carlos.




martes, 1 de octubre de 2019

Los numerosos incidentes polémicos de la empresa de vigilancia Prosegur en los supermercados de la cadena Mercadona



LA DENUNCIA DE LA FUTBOLISTA LUDMILA DA SILVA NO ES LA ÚNICA, SINO QUE NUMEROSOS CLIENTES DENUNCIAN SENTIRSE PERSEGUIDOS EN LOS CENTROS DE JUAN ROIG


El episodio que denunció la jugadora del Atlético de Madrid Ludmila Da Silva en un supermercado de la cadena Mercadona no es el único.Muchos clientes del gigante alimentario se quejan en redes y en foros de la excesiva vigilancia de los empleados de seguridad en estos establecimientos, que habitualmente pertenecen a la empresa de seguridad Prosegur. Esta entidad ya ha tenido más episodios polémicos y recientemente ha sido condenada por pactar con los sindicatos neutralizar la subida del SMI.
El último incidente ocurrido en las instalaciones de un supermercado de la cadena Mercadona saca a relucir un problema que muchos de sus clientes denuncian, el sentirse incómodos cuando van a comprar por la excesiva observación de algunos vigilantes de seguridad de la empresa Prosegur, una situación bastante común entre los usuarios del gigante alimentario.


Ludmila Da Silva, jugadora del Atlético de Madrid Femenino y de la selección brasileña denunció esta situación a través de una storie en su cuenta de Instagram, tal y como informamos en elcierredigital.com. La futbolista decía sentirse perseguida por el trabajador de Prosegur que hacía su turno de vigilancia en ese momento, insinuando que se debía a un problema de racismo.

“Cuando tengáis uno de seguridad detrás de vosotros todas las veces que entráis a un supermercado me decís. Es siempre así. Todas las veces que entro en un supermercado siempre tengo un guardia de seguridad en exclusiva para mí. No es una broma, y para que veáis que estas cosas no sólo pasan en Brasil”, aseguraba la delantera atlética
Pero no es el único caso, sino que existen numerosas quejas de clientes de Mercadona que critican en redes y foros la forma de vigilar de algunos profesionales de la seguridad, que a algunos les llega a parecer incluso “inquisitoria”.
De esta manera, podemos comprobar algunos de los comentarios que hacen los consumidores que se sienten acosados cuando entran a comprar a un establecimiento de Mercadona, denunciando que las razones tienen que ver con su forma de vestir o por prejuicios racistas.
Vigilantes difunden imágenes de sospechosos
Los trabajadores de Prosegur en Mercadona han protagonizado más casos polémicos. A principios de 2018 salió a la luz que en uno de los establecimientos de la cadena de Juan Roig los vigilantes de seguridad compartían en WhatsApp fotografías de personas sospechosas de cometer hurtos dentro del supermercado, según informó la web merca2.
Esta práctica la denunció un antiguo trabajador de Mercadona, quien aseguraba que “cuando existe la sospecha por parte de Mercadona de que alguien está robando o simplemente es sospechoso de robo, la compañía pide las imágenes a la empresa de seguridad privada –en este caso, Prosegur–”. Posteriormente, cuando el jefe de la tienda tiene las imágenes, las difunde entre los grupos de WhatsApp de los empleados.
Difundir las imágenes de videovigilancia vulnera la protección de datos, que establece que deben borrarse pasado un determinado período de tiempo. Al compartirse a través de esta aplicación de mensajería instantánea se almacenan en los teléfonos móviles de los empleados y podrían acabar en manos de otras personas.

Golpe al falso despido improcedente: Hacienda cobrará IRPF de la indemnización


Golpe al falso despido improcedente: Hacienda cobrará IRPF de la indemnización

Aunque no existe una estimación del fraude, la Administración Tributaria tiene claro que los falsos despidos improcedentes son un potencial coladero


Hacienda está de enhorabuena. Una reciente sentencia acaba de poner patas arriba uno de los agujeros más flagrantes que existen en el marco de relaciones laborales entre empresarios y empleados. El pasado mes de julio, la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo) ratificó las argumentaciones de varios pronunciamientos del Tribunal Económico-Administrativo Central que resolvían a favor de la Administración Tributaria en su causa contra la liquidación fraudulenta del IRPF por despido improcedente.

En este sentido, la nueva doctrina que se abre paso con estos fallos viene a atajar un agujero identificado por la Tesorería de la Seguridad Social por el cual empresas y empleados ocultan bajo despido improcedente un acuerdo para el cese de la relación laboral. Esta práctica permite incluir la exención del IRPF correspondiente al subsidio de desempleo como una parte más de la indemnización a satisfacer entre las partes para extinguir la relación laboral que las unía, pero a costa de burlar a Hacienda.


El argumento defendido por la Inspección es que no aplica la exención en las indemnizaciones satisfechas por despido improcedente cuando en realidad obedece a un acuerdo previo entre las partes, pese a que las partes formalicen por el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) la cuantía de la indemnización. Esta situación hace extraordinario el nuevo contexto jurídico, pues permite cuestionar la improcedencia de la exención surgida como parte de la indemnización laboral suscrita.

Un argumento usado ante la AN para recurrir los pronunciamientos del TEAC era su incompetencia jurídica para modificar acuerdos del SMAC. Sin embargo, según la sentencia, "la conciliación ante el SMAC no significa ni que este organismo avalase la corrección del acuerdo, como tampoco puede deducirse que las indemnizaciones pactadas no obedecieran a un plan preconcebido para crear la impresión de la cesación de que la actividad laboral por parte de cada trabajador era forzosa y no pactada previamente con la empresa".

Según datos oficiales del primer semestre de 2019, de los 14.500 trabajadores afectados por despidos colectivos, solo un 12% fue sin un acuerdo

Este tipo de prácticas suelen llevarse a cabo en diferentes casos. En el litigio en cuestión, la indemnización a cada trabajador no se correspondía a los años de servicio en la empresa (criterio legal de determinación), sino a los años que restaban para alcanzar la jubilación y aprovechar la exención de la indemnización por despido (hasta el máximo legal), en lugar de un acuerdo extintivo que, por lo general, o permite al trabajador enlazar con la prestación de jubilación de modo directo o cobrar el desempleo hasta jubilarse.

Aunque no existe una estimación del fraude, la Administración Tributaria tiene claro que los falsos despidos improcedentes son un potencial coladero, aunque no son la práctica más empleada en el mundo laboral. Según datos oficiales del primer semestre de 2019, de los 14.500 trabajadores afectados por despidos colectivos, solo un 12% fue sin un acuerdo entre empresa y representación legal de los trabajadores, siendo los años 2012-14 los que tuvieron un mayor porcentaje de esta tipología (más del 20%).