Posicionamiento en materias estratégicas del Observatorio
Sectorial de la Seguridad Privada
El OBSERVATORIO SECTORIAL DE LA SEGURIDAD
PRIVADA, compuesto por las Organizaciones Sindicales FeSMC–UGT, CCOO del Hábitat y FTSP –
USO, y las Organizaciones Empresariales APROSER y ASECOPS, presenta
este conjunto de propuestas estratégicas para garantizar la calidad,
sostenibilidad y modernización del sector de la seguridad privada en España.
Estas reflexiones buscan sensibilizar a los responsables
públicos y stakeholders sobre la relevancia del sector y la necesidad de un
marco normativo actualizado, una gestión moderna y colaborativa y un compromiso
compartido con la seguridad ciudadana.
El sector de la seguridad privada es un pilar esencial del
modelo de seguridad pública español, basado en la colaboración y
complementariedad. Su volumen de empleo, su capilaridad territorial y su papel
en infraestructuras críticas lo convierten en un elemento estratégico de la
política de seguridad. El OBSERVATORIO SECTORIAL DE LA SEGURIDAD
PRIVADA considera imprescindible que las autoridades públicas y las
fuerzas políticas se impliquen activamente en un diálogo estructurado para
mejorar el marco normativo, las condiciones de trabajo, la viabilidad
empresarial y la calidad del servicio.
Reconocimiento del valor estratégico del sector
El modelo español de seguridad privada se fundamenta en la
Ley 5/2014, que establece su carácter complementario y subordinado a
la seguridad pública.
Propuesta:
- Reconocimiento
formal de la esencialidad y carácter estratégico del
sector.
- Fortalecimiento
de la colaboración público-privada, especialmente en
infraestructuras críticas y entornos urbanos sensibles.
- Reconocimiento
específico en normativas y planes estratégicos de su papel integrado en
la seguridad pública.
Durante la pandemia y en situaciones de crisis, los
profesionales de la seguridad privada demostraron su valor social, pero sin
reconocimiento formal suficiente. El sector reclama que se reconozca explícitamente
su carácter esencial y su rol estratégico para la seguridad ciudadana. Esto
permitiría fortalecer la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, garantizar la coordinación en emergencias y consolidar un marco
normativo y financiero que permita al sector evolucionar en línea con los retos
sociales y tecnológicos actuales.
Actualización normativa y desarrollo reglamentario
Aunque la Ley 5/2014 supuso un avance normativo importante,
su desarrollo reglamentario sigue anclado en el Real Decreto 2364/1994.
Propuesta:
- Elaboración
de un nuevo reglamento consensuado con sindicatos y
patronales.
- Garantizar protección
jurídica a los profesionales.
- Incorporar nuevos
servicios y riesgos emergentes.
El desfase entre la Ley y su reglamento genera inseguridad
jurídica, dificulta la modernización de los servicios y limita la capacidad de
respuesta del sector ante amenazas actuales como la ciberseguridad, el uso de
drones o la protección de infraestructuras críticas. El OBSERVATORIO
SECTORIAL DE LA SEGURIDAD PRIVADA propone abordar de forma inmediata
este retraso histórico para disponer de un reglamento adaptado a los retos del
siglo XXI, que garantice estándares de calidad y seguridad homogéneos en todo
el territorio y que impulse la profesionalización y dignificación del sector.
Medidas para asegurar personal altamente confiable
El sector enfrenta dificultades de atracción y retención de
talento debido, entre otros factores, a la lentitud burocrática, la competencia
de otros sectores y la transformación del mercado laboral tras la pandemia.
Propuesta:
- Dotar
de recursos humanos y técnicos a las unidades policiales
para agilizar la habilitación.
- Implantar autorizaciones
provisionales para el ejercicio temporal.
- Impulsar
la formación profesional de grado medio.
- Fomentar
la inclusión de personas con discapacidad en funciones
adecuadas y de personas de otras nacionalidades que puedan habilitarse.
- Negociar convenios
internacionales necesarios para permitir el acceso de
profesionales de otros países.
El proceso de habilitación puede tardar entre 4 y 5 meses,
lo que desincentiva a los aspirantes y dificulta la cobertura de vacantes. El
retraso burocrático genera un cuello de botella que impide cubrir servicios
esenciales, incluso cuando hay demanda y personas interesadas. Esta situación
limita la capacidad de las empresas para atender nuevos contratos o reforzar
servicios existentes, afectando la seguridad pública y la competitividad del
sector. Además, desincentiva a los candidatos, que abandonan el proceso al no
poder acceder rápidamente a un puesto de trabajo. Reducir los plazos y
habilitar fórmulas provisionales permitiría dar respuesta ágil a necesidades
urgentes sin comprometer los estándares de seguridad y formación.
Esta situación es especialmente grave en un contexto de
creciente demanda de servicios por parte tanto de Administraciones Públicas y
empresas privadas. El OBSERVATORIO SECTORIAL DE LA SEGURIDAD PRIVADA propone
un enfoque integral que combine la agilización burocrática, la formación
cualificada y la apertura a nuevos colectivos de profesionales, para garantizar
un acceso suficiente y confiable de personal altamente preparado, comprometido
con la seguridad ciudadana y los valores democráticos.
Digitalización de las relaciones con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad
Actualmente, la relación administrativa con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado se basa en muchos supuestos en registros
en papel, lo que supone ineficiencia, cargas innecesarias y menor control.
Propuesta:
- Crear
una plataforma digital centralizada para:
- Gestionar
comunicaciones de forma bidireccional.
- Mejorar
la trazabilidad y seguridad de la información.
- Reducir
costes y desplazamientos.
- Aumentar
la eficiencia del control administrativo.
La digitalización es un paso imprescindible para modernizar
la gestión del sector, garantizar la coordinación efectiva con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y facilitar el trabajo de empresas y profesionales. Una
plataforma digital centralizada permitirá consolidar datos, mejorar la
supervisión, reducir fraudes y errores y optimizar recursos públicos y
privados. Además, contribuirá a la transición digital de la Administración, en
línea con los compromisos adquiridos en los planes nacionales y europeos.
Modulación de la normativa de desindexación y
contratación pública
La actual Ley 2/2015 de Desindexación impide la revisión de
precios en los contratos públicos, aunque se produzcan incrementos
extraordinarios e imprevisibles de costes laborales.
Propuesta:
- Incorporar
mecanismos automáticos o excepcionales de revisión de precios por:
- Incremento
del Salario Mínimo Interprofesional.
- Cambios
en convenios colectivos.
- Regulares
cláusulas para la resolución o renegociación de prórrogas
en caso de desequilibrio económico manifiesto.
- Inspirarse
en modelos europeos como la legislación italiana y
portuguesa.
El sector de la seguridad privada es intensivo en gestión de
personas y está sujeto a contratos, especialmente los públicos, a varios años
vista, que fijan precios sin prever aumentos salariales imprevisibles. La falta
de mecanismos de ajuste genera desequilibrios que impactan especialmente a
PYMES, reduce la competencia en licitaciones y puede interrumpir servicios
esenciales. Otros países europeos ya han regulado cláusulas de revisión de
precios ante cambios imprevisibles. Incorporar estas medidas en la legislación
española es imprescindible para garantizar la continuidad del servicio público
y la sostenibilidad del tejido empresarial.
Responsabilidad por incumplimientos laborales y de
seguridad social
La jurisprudencia derivada de la doctrina Somoza (TS
2018) obliga a las empresas adjudicatarias de contratos públicos a asumir deudas
laborales y de Seguridad Social de la saliente en caso de sucesión de plantillas.
Propuesta:
- Modificar
el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores para
permitir excepciones pactadas en convenio colectivo.
- Reforzar
la retención de pagos en la contratación pública para
garantizar el abono de salarios pendientes.
- Establecer certificados
de deudas liberatorios y publicar listados de empresas
deudoras.
- Revisar criterios
de solvencia en los pliegos de licitación.
La extensión automática de la responsabilidad por deudas
pasadas genera un riesgo jurídico y económico inasumible para
muchas empresas, especialmente PYMES, reduciendo la competencia y provocando la
desertización de concursos. Además, afecta la continuidad de servicios
esenciales y deja sin empleo a trabajadores. La modificación normativa
permitiría volver a un modelo más previsible y equilibrado, en el que las
responsabilidades se ajusten a lo pactado en la negociación colectiva. Medidas
adicionales como las retenciones y los certificados liberatorios reforzarían la
seguridad jurídica, protegiendo tanto a las empresas como a los trabajadores.
Excelencia en la contratación pública
El sector de la seguridad privada tiene una fuerte
presencia en la contratación pública, pero el marco actual presenta
rigideces y problemas de interpretación que limitan la entrada de empresas
solventes y capacitadas.
Propuesta:
- Permitir revisión
de precios en escenarios inflacionistas o por cambios normativos
relevantes.
- Garantizar
la conformidad entre la administración y la empresa para
prórrogas y rescisiones contractuales.
- Revisar criterios
de solvencia empresarial en los pliegos.
- Priorizar criterios
cualitativos objetivables frente a los meramente económicos
(eliminación de «bolsas de horas»).
La seguridad privada es un servicio esencial y sensible, que
requiere empresas fiables y con capacidad técnica. Sin embargo, los actuales
criterios de adjudicación, centrados en el precio, y la falta de flexibilidad
para actualizar condiciones ante cambios relevantes, pueden favorecer ofertas
temerarias y comprometer la calidad del servicio. Además, interpretaciones
restrictivas han impedido la presencia de empresas de alto valor añadido.
El OBSERVATORIO SECTORIAL DE LA SEGURIDAD PRIVADA propone un
modelo de contratación pública más transparente, que valore la calidad y
solvencia empresarial, permita adaptarse a las circunstancias económicas y
fomente la colaboración a largo plazo.
Coeficientes reductores en la edad de jubilación
- El OBSERVATORIO
SECTORIAL DE LA SEGURIDAD PRIVADA propone abrir el debate sobre
la solicitud de coeficientes reductores en la edad de jubilación para los
vigilantes de seguridad, conforme al RD 402/2005, debido a la naturaleza
especialmente peligrosa de la actividad, así como la exposición a altos
índices de morbilidad o siniestralidad
Conclusiones
El sector de la seguridad privada es un sector estratégico,
intensivo en gestión de personas y esencial para la seguridad ciudadana.
El OBSERVATORIO SECTORIAL DE LA SEGURIDAD PRIVADA pide
a los responsables públicos y a las fuerzas políticas:
- Reconocer
formalmente su carácter esencial y estratégico.
- Modernizar
el marco normativo para garantizar viabilidad y calidad.
- Digitalizar
las relaciones con la administración para mayor eficiencia y
transparencia.
- Adoptar
reformas en la contratación pública que aseguren
servicios de calidad y continuidad.
- Agilizar
los procesos de habilitación de profesionales
vocacionalmente comprometidos con la seguridad ciudadana.
El sector de la seguridad privada no solo protege bienes e
infraestructuras, sino que es un aliado imprescindible de la seguridad
pública. Su dimensión económica y social exige un enfoque de políticas
públicas que combine regulación moderna, colaboración público-privada y visión
estratégica.
El OBSERVATORIO SECTORIAL DE LA SEGURIDAD PRIVADA plantea
estas propuestas desde el compromiso con la seguridad de todos los
ciudadanos, la sostenibilidad de las empresas del sector y
la dignificación de las condiciones laborales de sus
profesionales, destacando especialmente la necesidad de abordar la
cuestión de los coeficientes reductores en la edad de jubilación,
promoviendo el reconocimiento de las condiciones de riesgo de la actividad para
permitir una retirada digna y saludable de los profesionales del sector.
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