CCOO Prosegur la rioja

Defensa contrata a una firma vinculada al polémico 'capo' de la seguridad privada     

Marsegur recibe la adjudicación provisional del Gobierno para vigilar las sedes de las Fuerzas Armadas por 15 millones de euros. Esta empresa está asociada, vía Acosepri, a Seguridad Integral Canaria, compañía del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. 

El contrato partía de un presupuesto base de licitación de 18.960.000 euros (impuestos incluidos) para un periodo de ejecución de un año. Ha sido otorgado de manera provisional (será formalizado antes del 9 de febrero) por un importe de 15 millones, según fuentes conocedoras del proceso de concesión.

Esta adjudicación provisional tiene fecha de 15 de diciembre, según acuerdo de la Junta de Contratación, por lo que se firmó con la estancia ya de María Dolores de Cospedal al frente del Ministerio de Defensa. A este procedimiento abierto, de tramitación ordinaria, se presentaron siete ofertas, siendo finalmente elegida Marsegur por ser la "más ventajosa económicamente". 

Desde la adjudicataria señalan que Miguel Ángel Ramírez "no guarda ni ha dispuesto de participación accionarial en Marsegur Seguridad Privada SA, ni ostenta ni ha ostentando cargo representativo en la misma". También subrayan que dicha empresa "no es ni ha sido en ningún momento una filial encubierta de la mercantil Seguridad Integral Canaria SA".

Sin embargo, sí que hay conexión entre Ramírez, indultado en 2013 por el Gobierno del PP de un delito medioambiental que le condenaba a tres años y un día de cárcel, y la firma Marsegur Seguridad Privada SA. Esta entidad y la compañía Seguridad Integral Canaria SA, de la que Ramírez es propietario, constituyen, junto a Power Sic SL y Sinergias de Vigilancia y Seguridad SA, la asociación empresarial denominada "Asociación de Compañías de Seguridad Privada", en siglas Acosepri. La Dirección General de Empleo, dependiente del Ministerio de Empleo, admitió el depósito de sus estatutos mediante resolución de 11 de septiembre de 2014, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Exigiremos que el Ministerio de Defensa, como parte actuante en el concurso, y Marsegur, como adjudicataria, apliquen el Convenio Colectivo de Seguridad Privada a la totalidad de vigilantes afectados.

Ramírez también está siendo investigado en la comisión de un presunto fraude fiscal de 13,78 millones de euros entre 2008 y 2013 por pagar sistemáticamente las horas extras como dietas (no tributan) a empleados de Seguridad Integral Canaria SA. En la causa del indulto, el Tribunal Supremo revocó la medida de gracia en junio de 2015.

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